La lucha local feminista, germen de la despenalización del aborto en México

Cristina Bazán - EFE | Ciudad de México - Quintana Roo - 29 octubre, 2021

Las organizaciones feministas en México han trabajado durante años para impulsar la despenalización del aborto en los congresos locales y que el acceso al servicio sea igualitario en todo el país. Una lucha que, una década después de la victoria en Ciudad de México, se ha cristalizado en Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y recientemente en Baja California y Coahuila.

Con el caso de este último estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y al personal médico que las ayude con el consentimiento de ellas, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país.

«Este no es un mérito de la Suprema Corte, este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas y jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos», resaltó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, un día después del trascendental dictamen.

Una decisión que, además, alimenta la esperanza de grupos feministas de otros estados como Quintana Roo o Yucatán, donde ya se preparan amparos y otros recursos con el objetivo de que los congresos adecúen la normativa local a los criterios de la Corte.

«Esto permite que cada estado, poco a poco, vaya despenalizando el aborto en sus códigos penales. Es un precedente que va a cambiar completamente el contexto. Aunque veamos ese cambio durante los próximos años, el panorama ahora está a favor de los derechos reproductivos de todas las personas, lo que es súper emocionante», asegura la gerente de programas de Planned Parenthood Global para México, Tania Socarrás.

El acceso al aborto en México

A diferencia de otros países de América Latina, en México el acceso al aborto depende de la legislación de cada uno de los 32 estados que conforman el país, por lo que el panorama es desigual.

«El aborto es un delito en casi todo el país, con penas de diferente tipo, incluyendo la prisión, y hay escaso o nulo acceso a los servicios», aclara a Efeminista la subdirectora del Grupo de información en reproducción elegida (GIRE), Isabel Fulda.

En 2007, la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 12 y durante más de 10 años fue el único lugar donde se permitía y se reconocía el acceso al aborto, mientras que en el resto del país aún había leyes que criminalizaban a las mujeres. Oaxaca hizo frente a las presiones de la ultraderecha y lo despenalizó en 2019, y en este 2021 se sumaron a la lista Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California.

«En términos generales, la sentencia de la Corte sobre Coahuila no elimina el aborto de los códigos penales salvo en ese estado, pero obliga a las y los jueces de todo el país a atender esta resolución lo cual implica no sentenciar a las personas por este delito», explica la representante de GIRE. Esta obligatoriedad se produce porque el fallo fue aprobado con más de ocho votos.

En el resto del país, las mujeres y personas con capacidad de gestar solo pueden abortar bajo determinadas causales como las de violación, peligro de muerte o riesgo para la salud de la mujer, que el feto presente alteraciones congénitas o genéticas graves, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida o que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.

Sin embargo, bajo estas condiciones el acceso sigue siendo muy limitado, incluso si la persona que lo solicita cumple con los requisitos previstos en las leyes.

«Sabemos desde GIRE que hay muchos obstáculos al acceso. En términos de aborto por violación tenemos un marco bastante protector, no solo en los códigos penales sino también en la Ley General de Víctimas, la NOM 046. En teoría tendría que haber acceso, pero lo que vemos es que las personas se enfrentan a obstáculos», relata Fulda.

La subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Isabel Fulda, posa durante una entrevista para Efe el 18 de octubre de 2021, en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Las principales barreras en México

El estigma social y el desconocimiento de las normativas son las principales barreras que las organizaciones que hacen acompañamiento de aborto han encontrado a lo largo de estos años.

Cristina Montejo, de la colectiva Ajal Yaakun lo sabe bien. En el último año, esta psicóloga y máster en Salud Pública ha acompañado a 35 mujeres en sus procesos de aborto con medicamentos y asegura que muchas llegan a la organización con mucho miedo.

«Preguntan si van a morir, si se van a desangrar o cosas así. Con la idea de que el aborto que acompañamos es quirúrgico. En general hay mucha desinformación y muchas llegan con la idea de que las vamos a juzgar o que tienen que justificar el porqué quieren abortar cuando no es así», cuenta a Efeminista.

«Si el estigma está muy presente en zonas urbanas, es peor en las rurales y en las indígenas. Mucho tiene que ver con cuestiones religiosas, con estos imaginarios del aborto como algo catastrófico, relacionado al pecado. Hay un gran nivel de penalización social, de cuestionar el valor de las mujeres a partir de la decisión», agrega.

Las críticas también se encuentra en los servicios de salud, que es de donde más salen las denuncias por aborto. «Lo primero que sacan es la objeción de conciencia como estandarte y no se quieren actualizar o no tienen información sobre eso. El Colegio de Médicos de Quintana Roo dio una exposición lamentable de su ignorancia respecto al tema y la mayor parte de estos médicos son los que están en los servicios públicos de salud», sostiene la especialista.

Además, en muchos estados, las mujeres creen que deben poner una denuncia por la causal violación cuando esto no es un requisito para acceder a un aborto, según la NOM 046, aprobada en 2009.

Este desconocimiento aleja a las mujeres del procedimiento legal. «Muchas dicen: ‘bueno, voy a aceptar que esta es mi realidad’ y ¡no! Aceptan de alguna manera que tendrán que ser madres y eso es una forma de maltrato y de crueldad hacia ellas, especialmente hacia las que han sido víctimas de violencia sexual», agrega Tania Socarrás, de Planned Parenthood Global.

Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), coincide con Montejo y con Socarras y añade que en algunos estados existe «desinformación deliberada».

«Aquí en Yucatán apoyamos una campaña de difusión que hizo la Secretaría de Salud para que las mujeres sepan que en caso de una violación pueden acceder al aborto. Y desde los altos mandos del Gobierno del estado no sacaron la campaña y una de las cosas que dijeron fue: «mientras menos sepan, mejor. Así nadie viene a pedir», recuerda.

Además, lamenta que el servicio legal solo se brinde en la capital, Mérida, pues las que viven en municipios alejados tienen problemas para trasladarse. «Si tuviesen un hospital más cercano para ellas no habría tanto problema y sería mucho más accesible».

La lucha local para alcanzar la despenalización

Debido a estos obstáculos, los grupos feministas locales han empezado a poner al aborto en la mesa de discusión de los congresos, pero el camino no ha sido fácil.

Yunitzilim Rodríguez, de Marea Verde Quintana Roo, cuenta que la lucha del grupo al que pertenece empezó en agosto 2018, contagiado por la «marea verde» de Argentina.

«Yo soy profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo y algunas alumnas y exalumnas me contactaron cuando fue la votación en Argentina y me preguntaron si podíamos hacer algo. Quedamos para el 28 de septiembre y empezamos a organizar todo», rememora.

Como abogada pensó que también era oportuno hacer cabildeo legislativo y junto a sus alumnas impulsaron un proyecto que fue firmado por 120 personas.

«Hicimos una rueda de prensa y fue como ¿Qué onda con estas mujeres? ¿Cómo se atreven? La criminalización y el estigma fueron muy grandes. Nos dijeron asesinas, recibimos amenazas, empezaron a publicar nuestras fotos y a decir quiénes éramos», lamenta. 

Pese a las agresiones que sufrieron, la convocatoria por el día del aborto seguro fue un éxito. «Fue una marcha muy emotiva, muy emocionante porque se sentía esa fuerza«. 

Después de esa marcha empezaron a impulsar con fuerza el proyecto hasta que llegó al pleno del Congreso. Tras dos años de protestas, incidencia, talleres y presión política, el Legislativo de Quintana Roo rechazó la propuesta de despenalización en marzo de 2021, pero las colectivas lograron posicionar el tema en todo el territorio.

«El camino ha sido largo»

«Ha sido largo porque hubo que empezar a hablar del tema, que ya no sea tabú, y también había que ir sensibilizando a los tomadores de decisiones en todos los niveles. No solamente al Legislativo sino al sector salud, de atención a violencia, a las propias escuelas para el tema de educación integral», cuenta la representante de Gobernanza MX, Silvia Chuc.

La docente y activista menciona que ellas también hacen incidencia política desde 2017 y que han trabajado directamente en la argumentación de dos proyectos anteriores para despenalizar el aborto y han colaborado con una nueva iniciativa que se ha lanzado hace poco.

«Yo creo que Quintana Roo podría ser el quinto estado en despenalizar. Por ahí dicen que no hay quinto malo, justo porque a raíz del dictamen de la Suprema Corte hay un panorama totalmente distinto», señala.

Sin embargo, Chuc sostiene que de la mano de la aprobación de esta propuesta se debe crear una política contra la violencia sexual.

De enero a septiembre de este año, Quintana Roo se ha ubicado en el tercer lugar nacional en tasa de llamadas de alerta por abuso sexual por cada 100.000 habitantes, con 13,00 casos. Esta cifra ha superado la media nacional (3,62) y solo va por detrás de Sonora y Chihuahua, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

«Es fundamental que se aterrice una estrategia clara en torno a la prevención y atención de violencia sexual, no solo para que las mujeres que la viven tengan acceso a la justicia y a servicios de reparación, sino para la prevención«, apunta.

La especialista admite que el trabajo «más difícil» ha sido cambiar el tono de la discusión. «Al principio era toparte con todos estos mitos y además con discursos de odio y discriminatorios hacia las mujeres», explica.

«Hubo que llevar el diálogo hacia un tono de derechos humanos, de salud pública, de sensibilización. Ha sido complejo, pero finalmente se está comenzando a lograr. No lo hemos hecho solas, cada acción cuenta y también importa el contexto internacional y nacional», valora.

Las integrantes de Gobernanza MX María Rosa Ochoa (i) y Silvia Chuc (d) posan durante una entrevista con Efe el 18 de octubre de 2021, en el balneario de Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

El acompañamiento de las organizaciones

La criminalización del aborto y el acceso restringido a la interrupción legal afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente a las que están en mayores condiciones de marginalidad.

«Esto es algo que se ha visibilizado desde el movimiento feminista desde hace muchos muchos años y es parte del argumento de por qué el aborto no es solo un tema de derechos humanos sino también de justicia social«, asegura la subdirectora de GIRE, Isabel Fulda.

Las mujeres en situación de pobreza, las indígenas, las niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual son las más afectadas, precisa.

Es por esto que organizaciones como GIRE, Marea Verde, Ajal Yaakun y Unasse dan servicios de acompañamiento de aborto seguro con medicamentos o también a quienes quieren hacerlo por la vía legal.

«Sabemos, y así apunta toda la evidencia, que las personas que necesitan recurrir a un aborto lo van a hacer, solo que lo harán fuera de la ley lo cual podría ser inseguro. Aunque esto es cada vez menos gracias al acompañamiento de colectivas, al acceso de aborto por medicamentos», precisa Fulda.

Evitar las estafas

Unasse acompaña abortos de manera segura en ambas vías desde 2012, pero Amelia Ojeda señala que las mujeres que acuden a obtener el servicio prefieren hacerlo con medicamentos, para evitar la exposición. «Lo que no quieren es acudir a la autoridad, aunque les decimos que sí se les va a dar el servicio y que estaremos apoyándolas en caso de que se lo nieguen, dicen que no porque de todos modos las ven feo».

El trabajo y la movilización de estas organizaciones locales también se ha vuelto fundamental para evitar que las mujeres y personas con capacidad de gestar no sean estafadas. Cristina Montejo, de Ajal Yaakun, cuenta que conoce casos en los que dentro del sistema de salud les han dado medicamentos equivocados a las pacientes y que algunas veces les cobran por ellos.

«Les piden 1.500 pesos (74 dólares), 3.000 pesos (148 dólares) o cosas así. Y en el caso de Yucatán, hay organizaciones que cobran 20.000 pesos (casi 1.000 dólares) por un aborto en versión fácil y 2.000 pesos (100 dólares) en versión difícil y la versión difícil es acompañamiento con medicamentos, en el que ni siquiera las acompañan, solo les dan las pastillas. No hay manejo del dolor, no hay acompañamiento emocional, no hay nada», relata.

En los casos de violación, las pastillas ni siquiera se presentan en el servicio público como una opción. Estas organizaciones, en cambio, consiguen el medicamento y asesoran en todo momento a quien lo necesita.

Colectivos de mujeres se manifestaron a favor del aborto legal y seguro en el balneario de Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

El panorama que abre la sentencia de la Corte

Tras la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, las colectivas de Yucatán y Quintana Roo ya preparan estrategias jurídicas y políticas para que se empiece a discutir la despenalización del aborto en sus estados.

«Desde la sociedad civil están trabajando fuertemente para sensibilizar a servidores públicos, están creando el terreno para que en el momento en que la Legislatura cambie los códigos penal, la mujer pueda acceder de manera fácil a su aborto seguro y legal», asegura la gerente de programas de Planned Parenthood Global para México, Tania Socarrás.

Marea Verde, por ejemplo, está elaborando contenidos para socializar la decisión de la Corte y ya tiene un acuerdo con legisladoras de Quintana Roo para que el nuevo proyecto pase a las comisiones. 

Unasse, por su parte, quiere que las carpetas de investigación por el delito de aborto que pueda haber en Yucatán se cierren, aunque el verdadero problema, asegura su coordinadora jurídica, está en los casos de mujeres que han sido procesadas por delitos como homicidio en razón de parentesco. «Estamos preparando argumentos para que se demuestren que son abortos y que, por lo tanto, no se las persiga», señala.

Además, están a la espera de que una diputada presente una iniciativa de despenalización del aborto y trabajan a la par en una estrategia de amparos para presionar al Congreso para que legisle.

Las colectivas creen que el tema del aborto avanzará mucho más rápido de lo esperado porque lo están tomando con sus propias manos. «Y si el Estado lo legaliza o lo despenaliza, pues estará bien, pero nosotras seguimos en este proceso de acompañamiento y en ese sentido creo que eso marca una diferencia a otros problemas. Lo que nosotras hacemos es mucho más efectivo y nuestra labor como acompañantes no va a desaparecer«, dice la representante de Ajal Yaakun.