Aborto América Latina

Manifestantes celebran tras la decisión del Senado de aprobar, en diciembre de 2020, la ley del aborto en Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/ Archivo

La «marea verde» del aborto toma impulso en América Latina

Cristina Bazán | Guayaquil - 28 septiembre, 2021

Con la reciente despenalización del aborto en México por parte de la Suprema Corte, este país se sube a la ola de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que ha empezado a tomar un fuerte impulso en América Latina desde finales de 2020, cuando en Argentina se aprobó la Ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La fuerza de la «marea verde» argentina tuvo sus primeras influencias en Ecuador, país en el que la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación dos años después de que el Congreso se negase a reformar el Código Penal. Chile también llevó la discusión al Legislativo y Colombia se prepara para recibir, tentativamente en noviembre, una respuesta de la Corte Constitucional al pedido de eliminar el delito de aborto.

Sin embargo, junto a esos avances históricos en un año y medio especialmente violento para las mujeres y niñas de la región debido al confinamiento también ha habido retrocesos. El Salvador y Honduras han ratificado la prohibición total del aborto y las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden enfrentar penas de entre 3 y 30 años de cárcel, incluso tras sufrir emergencias obstétricas.

«Hay que mantener la vigilancia. Hemos visto avances increíbles en América Latina en justicia de género y la garantía de los derechos reproductivos. Sin embargo, aún no podemos decir que lo avanzado es lo suficiente. Es un comienzo y no es un camino en línea recta«, asegura la directora regional para América Latina de Planned Parenthood Global, Dee Redwine, en una entrevista con Efeminista en el marco del Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.

La lucha por el aborto legal en América Latina

Para Redwine, lo que ha sucedido en Argentina, Ecuador y México no es un trabajo de un año sino que es el resultado de décadas de incidencia por parte del movimiento feminista y de organizaciones de la sociedad civil.

«Es una ola que ha estado creciendo por años y años y la verdad es que si alguien está sorprendido por los avances en el tema del aborto en América Latina es porque no estaba prestando suficiente atención«, asegura la directora regional.

En Argentina, por ejemplo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ha trabajado sin descanso desde hace quince años para comunicar, acompañar y detectar obstáculos que puedan tener las mujeres y personas gestantes en el acceso a métodos anticonceptivos o de aborto seguro. La Campaña se transformó en un símbolo de lucha desde su lanzamiento y ha sacado a las calles a miles de personas para protestar contra las violaciones de los derechos de las mujeres.

Tras la aprobación de la ley, Argentina se unió a Uruguay, Cuba y Guyana como uno de los cuatro únicos países en legalizar el aborto en todos los casos. En Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Paraguay se permite solo en algunas causales, como cuando hay riesgo de vida para la madre.

La «marea verde» se expande

«La tendencia es hacia un mayor reconocimiento de los derechos gracias a los movimientos feministas en la región», enfatiza Dee Redwine.

Esos mismos movimientos son los que, afirma la directora regional de PPG, han posicionado en la opinión pública, con campañas como «Niñas no madres», la necesidad de despenalizar el aborto en una región en la que los embarazos adolescentes y la violencia sexual no dejan de crecer.

Además, han demostrado con estadísticas y casos que la penalización no frena el aborto sino que lleva a las mujeres a hacerlo de manera clandestina. Según datos del Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa), el número anual de abortos inseguros en América Latina entre las adolescentes de 15 a 19 años alcanza los 670 mil.

«La campaña ‘Niñas no madres’ fue una bandera en el movimiento en Ecuador. Sin duda incidió para que la Corte ampliara la definición del aborto legal para incluir los casos de violación«, recuerda la experta. El Congreso de Ecuador debate ahora un proyecto de ley para normar el acceso al aborto para víctimas de violencia sexual.

México y sus sentencias «históricas»

En México, por su parte, además de declarar inconstitucional la criminalización del aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en un solo mes sobre la objeción de conciencia y el reconocimiento de la vida desde la concepción. Sentencias consideradas como «históricas» y que marcan el camino en toda América Latina.

«Estos casos no son resueltos en abstracto, sino que se han resuelto otros con anterioridad. Por ejemplo, de aborto por violación, de aborto por causal salud, en donde las y los ministros han dicho que es un derecho. Desde GIRE se han litigado y ganado por lo menos 5 casos sobre aborto ante la Suprema Corte y también desde organizaciones aliadas. Las decisiones de este septiembre son la punta del iceberg«, explica la coordinadora de litigio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Melissa Ayala.

La abogada explica que en el caso de la despenalización del aborto, el Supremo se ha pronunciado en específico sobre la criminalización en el estado de Coahuila, cuyo Código Penal sancionaba el aborto con hasta cinco años de prisión a la mujer que abortara y también para los que la ayudasen a abortar.

Sin embargo, ya que la decisión fue unánime se vuelve vinculante y obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales.

“Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”, sentenció en ese entonces el ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto.

Hay mujeres condenadas por otros delitos

Tras esa sentencia, el Gobierno mexicano ha pedido revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año, pero hay muchos casos que han quedado en el limbo porque la criminalización se ha realizado por delitos relacionados.

«Esa es nuestra principal preocupación. Hay que empezar a señalar que a ellas se las está juzgando por aborto, no por, por ejemplo, homicidio por relación de parentesco», dice Ayala. Para evitar esta criminalización, explica, mujeres de los 27 estados donde aún no se ha despenalizado van a abortar a la capital.

En el caso de la objeción de conciencia, la vocera de GIRE aclara que la Corte ha dicho que es un derecho del personal médico y de enfermería, pero que está tan mal regulado en la Ley de Salud «que puede provocar la afectación de los derechos a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar». Es decir que ni un hospital ni mucho menos un estado entero se puede declarar objetor de conciencia.

«Pauline Capdevielle, una investigadora del Colegio de Bioética en México, dice que el 80 % de los ginecobstétricos son objetores», alerta Ayala.

Una situación similar a la que se vive en España, donde, según cifras de la titular de Igualdad, Irene Montero, «8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades donde ni siquiera se realizan». La ministra ha dicho que cree que es necesario reformar la ley del aborto para «blindar por ley» el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

Colombia va por la «Causa Justa»

La sentencia de México aumenta la esperanza del movimiento «Causa Justa» de Colombia, formado por más de 90 organizaciones y 134 personas entre activistas y defensores de los derechos humanos que buscan, por medio de un fallo de la Corte Constitucional, que se elimine el delito de aborto.

«¿Eso qué quiere decir? Que se usen otras formas distintas al derecho penal, a la amenaza de cárcel, para regular el aborto, como las leyes sanitarias o las regulaciones de salud, como se está haciendo en otros países. Porque como lo dijo y ratificó la Corte Suprema de Justicia de México es ineficaz y es dañino para las mujeres vulnerables», explica la abogada de Women’s Link Worldwide, Mariana Ardila.

En 2006, la Corte ya se pronunció sobre el aborto y despenalizó el delito en tres causales a raíz de un litigio liderado por Women’s Link Worldwide, cuenta Ardila. La criminalización se excluye cuando existe riesgo para la vida y salud de la mujer, en casos de violación y por malformaciones incompatibles con la vida extra uterina.

Sin embargo, desde ese mismo año la persecución y las condenas por el delito de aborto han ido en aumento. Según un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes, desde 2008 hay alrededor de 400 casos al año, un 320% más que en el 2005.

Respecto a las condenas, 346 personas han sido sentenciadas en 335 casos distintos, y la estadística ha subido de 12 a 26 entre 2006 y 2008 y así se ha mantenido hasta ahora.

«La principal barrera es la persistencia del delito»

«Hemos acompañado a más de 1.400 mujeres que han enfrentado barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde el 2006 hasta la fecha», señala la coordinadora de la Mesa, Laura Castro.

Ese trabajo ha permitido a la Mesa sistematizar los obstáculos para producir «conocimiento técnico y basado en evidencia» que les permita generar incidencia ante el sector salud, justicia y de protección.

Mariana Ardila dice que uno de las principales dificultades es que en Colombia «todo está muy centralizado». «En muchos lugares no del país no hay cómo acceder a un aborto legal y seguro. Las mujeres tienen que recorrer grandes distancias e incurrir en costos adicionales que muchas no están en capacidad de hacer. Hay demoras que hacen que los abortos sean más tardíos».

Laura Castro, por su parte, sostiene que la principal barrera es la persistencia del delito, pues «sigue siendo muy ambiguo» que la interrupción voluntaria del embarazo también haya sido reconocida como un derecho fundamental.

«Es muy difícil tanto para las mujeres como para los profesionales que prestan servicios de salud sexual y reproductiva distinguir en qué momento se está violando el derecho penal y en que momento se está ejerciendo un derecho fundamental por parte de las mujeres», recalca. Y ese es uno de los argumentos que han llevado ante la Corte colombiana.

Las amenazas que surgen en la región

En paralelo a los avances, organismos que defienden los derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por los retrocesos registrados en El Salvador y Honduras. Estos países han ratificado su unión a la lista de naciones que prohíben totalmente el aborto como Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Haití y Surinam.

Según la organización IPAS, en Honduras y El Salvador hay 64 mujeres encarceladas por el delito de aborto. Dos casos de El Salvador han sido llevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El que más avanzado está es el de Manuela, una mujer de bajos recursos socio económicos que murió de cáncer a los 33 años mientras pagaba una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras haber sufrido una emergencia obstétrica. La Corte Interamericana está por emitir un fallo sobre este proceso que podría marcar un precedente en la región.

«Estamos hablando de países donde la democracia está bajo ataque, donde hay tendencias hacia la extrema derecha. Los derechos sexuales y reproductivos también están bajo un ataque», señala Dee Redwine, de Planned Parenthood Global.

Pese al panorama, las expertas consultadas por Efeminista son optimistas sobre el futuro del aborto en América Latina. «Siento que América Latina está en una tendencia hacia abandonar el uso del derecho penal para regular el aborto o a reducirlo significativamente. Sin duda lo de Texas en Estados Unidos y lo de Centroamérica es muy grave, pero creo que vamos a poder darle la vuelta a esos retrocesos y a enderezar ese camino», zanja Mariana Ardila, de Women’s Link Worldwide.