Reconocer al aborto como derecho humano, el camino a seguir en América Latina

La conexión entre la protección al acceso legal y seguro al aborto como un derecho humano que se ha reconocido en Colombia, México y Argentina es una de las “lecciones aprendidas” en América Latina que deben extenderse al resto de la región, a Estados Unidos y a países de Europa como Polonia y Hungría.

Y es que en el último año, la lucha feminista por el reconocimiento de estos derechos en la región ha dado resultados muy importantes, en comparación con el retroceso registrado en Estados Unidos, que ha puesto a las niñas, mujeres y otras personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

Así lo evidencia el último informe sobre derechos humanos en el mundo de la organización Human Rights Watch (HRW), que analiza en la sección de las Américas la situación de los derechos de las personas en general y en específico de las mujeres en 15 países.

Esa conexión que han logrado establecer a estos tres países en fallos constitucionales o en leyes, destaca la directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de HRW, Macarena Saez, es la que “precisamente le ha faltado a la respuesta en los Estados Unidos” en su labor de defensa de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto como derecho humano en América Latina

En 2022, varios estados de México legalizaron el aborto después de que la Suprema Corte resolviera un año antes que la criminalización de manera absoluta es inconstitucional. “Al mes de noviembre, eran once los estados que permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de gestación. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual”, recoge el informe de HRW.

En esa misma línea, Colombia se puso a la vanguardia de los países protectores del aborto como un derecho al despenalizar en febrero el procedimiento hasta la semana 24. Además, mantuvo el acceso después de ese período en casos de violación, embarazo no viable, o riesgo para la vida o salud de la persona embarazada. Mientras que Argentina ha estado trabajando en corregir los obstáculos que aún persisten en el acceso, especialmente en los sectores alejados de las grandes ciudades.

Estados Unidos, por su parte, vive “un panorama legal caótico que es perturbador” para el personal de la salud y las pacientes por las prohibiciones casi totales a la interrupción del embarazo en al menos doce estados y batallas legales en otros más, según ha reportado el Instituto Guttmacher esta semana, después de que en junio el Tribunal Supremo revocara la protección al derecho al aborto en todo el país.

La situación de las mujeres en 15 países

En Honduras, El Salvador, Guatemala o Bolivia, HRW destaca el alto índice de violencia machista e impunidad para castigar estos crímenes.

“Un estudio publicado en la revista The Lancet en febrero de 2022 estimó, con datos de 2000 a 2018, que el 42 % de las niñas y mujeres bolivianas de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe”, registra sobre el país andino.

De Honduras señala que tiene “el índice más alto de femicidios de América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. Mientras que de El Salvador y Guatemala destaca la alta criminalización de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y las altas cifras de embarazos en niñas y adolescentes.

“El Observatorio en Salud Reproductiva informó más de 60.000 embarazos de adolescentes y niñas hasta el mes de julio, incluidos 1.323 en niñas de entre 10 y 14 años”, señala la organización sobre Guatemala.

En el caso de Ecuador, Human Rights Watch señala que la Corte Constitucional ha suspendido los artículos que exigían a las niñas víctimas de violación obtener la autorización de un representante legal para abortar, después de que el presidente Guillermo Lasso aprobara una restrictiva ley. Sin embargo, “la estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto”.

Los femicidios, cuyo número es el más alto desde que se tienen registros, también generan preocupación.

Obstáculos y discriminaciones

En Brasil las mujeres han visto sus derechos mermados durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. En septiembre, las autoridades informaron a Human Rights Watch de que, en un país con más de 215 millones de personas, sólo funcionaban 77 albergues para mujeres. El gobierno de Bolsonaro redujo en un 90 % el presupuesto federal destinado a combatir la violencia contra las mujeres en 2022, en comparación con 2020.

Bolsonaro también intentó restringir el acceso al aborto. “En 2020, exigió a los profesionales de la salud que denunciaran a la policía los casos de sobrevivientes de violación que pretendieran poner fin a sus embarazos”.

En Chile, que en septiembre no aprobó una constitución considerada como feminista, los centros de salud “imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto”.

“Alrededor del 50 % de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia y se rehusan a realizar abortos en casos de violación sexual. Las clínicas y los hospitales privados también pueden registrarse como objetores de conciencia”, reporta HRW.

En Perú y Venezuela los intentos de aprobar legislaciones que garanticen derechos siguen estancados, pese a que organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado al Perú a despenalizar totalmente el aborto y a asegurar que haya investigaciones eficaces, procesamientos y penas en los casos de violencia de género.

De Cuba preocupa la violencia y discriminación que sufren las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). “La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en agosto de 2022 que la discriminación estructural afecta de diferentes maneras a las mujeres, a las personas afrocubanas y a las personas LGBT”.

Mientras que en Haití y Nicaragua la “escalada de violencia” contra mujeres y niñas y la prohibición total del aborto pone a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad. “El gobierno (de Nicaragua) no publicó cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra mujeres en 2022”.