Familias femicidio Ecuador

Una mujer participa de una manifestación en contra de la violencia machista en Quito, Ecuador. EFE/ José Jácome

Familias de víctimas de femicidio en Ecuador piden reparaciones integrales

Cristina Bazán | Guayaquil - 16 diciembre, 2022

«Tenemos una reparación psicológica, médica y económica, ¿cuál de las tres se cumple? Ninguna. En la parte psicológica y médica a veces hacen una o dos visitas y de ahí no más», así resume la realidad que viven las familias de las víctimas de femicidio en Ecuador Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio Salamea, quien fue asesinada en 2017 por un compañero de trabajo en una ciudad de la sierra de Ecuador.

Junto a otros parientes de mujeres asesinadas, Salamea ha formado la Red de Familias de Víctimas de Femicidio, quienes tras varios años de lucha para conseguir justicia y reparación piden al Gobierno del presidente Guillermo Lasso que impulse la aprobación de una legislación específica y que promulgue una política pública que contemple la reparación integral y multidimensional para hijos, hijas y demás familiares de víctimas de femicidio, y otras muertes violentas de niñas y mujeres.

Estas medidas, aseguran las organizaciones, deben incluir a madres y padres adultos mayores, y a personas con discapacidad que estaban a cargo de la víctima, quienes no reciben ayuda del Estado tras el asesinato machista de sus hijas.

Aunque la reparación integral a las víctimas directas e indirectas de delitos consta en la Constitución, en el Código Penal y en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ecuador, las familias aseguran que esto no se cumple y que exigirlo las lleva por un engorroso camino judicial que, generalmente, terminan abandonando por falta de recursos.

Hasta el 17 de noviembre, Ecuador registra 1.639 asesinatos violentos de mujeres desde 2014, año en que empezaron a contabilizarse oficialmente. De esa cifra, solo 589 casos están tipificados como femicidio, según datos de la Fiscalía y la Judicatura.

El caminar de familiares

Por el acompañamiento que Salamea ha hecho a otras familias de mujeres asesinadas, asegura que lo que falta es que el Estado garantice la educación y salud de los hijos y que vele por el correcto cumplimiento de las sentencias, especialmente en lo relacionado con las indemnizaciones.

«Para conseguir una reparación económica se necesita un nuevo juicio. Una vez que se termina el juicio del femicidio hay que comenzar otro, pero que parte de la misma víctima, el Estado no se hace cargo. Que se haga responsable evitaría la revictimización», explica.

«Imagine que una familia que ya pasó toda una etapa de juicio desgastante económicamente, psicológicamente y de salud, tiene que iniciar otro para pedir una reparación que muchas veces no tiene parámetros. A un hombre que ha sido un estibador le exigen 100 salarios mínimos, ¿podrá reparar? No. El Estado tiene que ver cómo se repara, cómo pone parámetros para ese tipo de reparaciones», relata.

Desde 2019, solo los hijos menores de edad de víctimas de femicidio reciben un bono del 29,49 % del salario básico (425 dólares), alrededor de 125 dólares, cantidad que puede subir hasta un 54,23 % si la mujer deja tres o más hijos en la orfandad. Hasta 2021, solo 121 niños, niñas y adolescentes habían recibido el bono y el Gobierno de Lasso esperaba ampliar ese beneficio a 563 huérfanos más después de incluir este año a los hijos de mujeres que fallecieron por los delitos de asesinato, homicidio y violación con muerte. En total, 795 niños y niñas se han quedado sin sus madres desde 2014.

Para Walleska Pareja, representante de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, acceder a este bono ha representado también muchas dificultades para las familias y considera que la cantidad otorgada es «ínfima».

«Por otra parte, entre los familiares de las víctimas de femicidio no solo hay niños, niñas y adolescentes. Sin duda ellos tienen que ser vistos como un grupo de atención prioritaria, pero también hay madres y padres adultos mayores que dependían de la víctima. Hay personas con discapacidad que también estaban a cargo de la víctima y que quedan completamente en la indefensión», explica.

Informe sobre Ecuador ante las Naciones Unidas

En marzo de 2022, la Red de Familias de Víctimas de Femicidio de Ecuador y la Coalición Nacional de Mujeres llevó esta solicitud por medio de un informe hasta el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cuestione al Estado ecuatoriano por este tema.

Sin embargo, asegura Pareja, Ecuador «quedó debiendo» información sobre esta propuesta urgente durante el Examen Periódico Universal (EPU) que se realizó en Ginebra el pasado 7 de noviembre.

En esa sesión, países como Eslovenia, España y Rumanía recomendaron al Estado que «adopte y aplique medidas legislativas y políticas destinadas a fomentar una cultura de igualdad de género, garantizando la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas y el fin del feminicidio».

Mientras que Suiza recomendó «establecer y fortalecer los mecanismos y la legislación con el fin de garantizar el enjuiciamiento de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, de feminicidios y crear una política pública de reparación integral para las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres y niñas».

Ecuador, por su parte, respondió que se encuentra realizando acciones para aplicar la política vigente con la finalidad de salvar las vidas de las mujeres. Mientras que en el país, varios ministros han asegurado en comparecencias en la Asamblea Nacional (Parlamento) que sí se hace acompañamiento a las familias. Aunque han admitido que es necesario tener una mejor coordinación entre ministerios y registros de víctimas claros para dar mayor atención.

«Vemos que nuestro informe sigue vigente, que todavía se necesita la reparación, que no se ha podido combatir este mal, que la reparación sigue siendo un gran desafío para el Estado», replica Pareja.

«Creemos que vale la pena hacer un llamado al Estado ecuatoriano, pero también al resto de personas que trabajamos en estos temas para que podamos ver lo que el Estado está mencionando en la esfera política internacional y que hagamos seguimiento para que se cumpla lo que ellos ofrecen en Naciones Unidas», agrega la representante de la Coalición de Mujeres.

Walleska Pareja, de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, y Sonia Salamea, representante de la Red de Familias de Víctimas de Femicidio en Ginebra, Suiza.

Proyecto de ley en camino

Debido al pedido de las familias, la asambleísta Dallyana Passailaigue ha presentado un proyecto de ley que busca dar acompañamiento institucional, económico y emocional a hijas e hijos de mujeres que han sido víctimas de femicidas y a sus madres, padres y demás familiares.

El documento, que ha sido construido durante dos años junto a la academia, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de femicidio, nace del «clamor» de las familias «que se quedan desamparadas» tras el asesinato de una mujer, asegura Passailaigue a Efeminista.

«La realidad es que no existe una verdadera reparación aún cuando se cuenta con una sentencia», confirma la asambleísta y agrega que no es que el Estado no tenga dinero para expandir el bono que ya se da hacia más familiares, sino que no ejecuta el presupuesto y «ni siquiera tiene un registro de los hijos y las hijas que han quedado en situación de orfandad». «No les interesa. Hay un desinterés grande y grave porque hay un decreto. Debería darse el bono y no se da».

Con esta propuesta, afirma, se eleva ese decreto presidencial a una ley para que se garantice su entrega. Pero además, de aprobarse, esta normativa obligaría al Estado a que entregue o facilite una guía de procedimientos a seguir; proporcione información oficial y disponga la urgente asignación de un defensor público para la asesoría y patrocinio legal gratuito inmediato a las familias tras el asesinato de una mujer.

También que preste servicios de salud de manera preferente y prioritaria, sobre todo en atención sicológica y psiquiátrica, desde el momento de la noticia del delito; que entregue becas estudiantiles y dé acceso prioritario a planes de vivienda y a empleo para hijas, hijos y demás familiares que quedan a cargo de los menores.

Pero, sobre todo, obligaría al Estado a establecer un listado con directrices de medidas de reparación, rehabilitación, satisfacción y de no repetición para juezas y jueces. Y ordenaría el debido seguimiento del cumplimiento de esas medidas.

«Esta ley es para que las familias no sigan viviendo un calvario adicional de parte del Estado que no pudo proteger a sus hijas y que encima abandona a sus familiares», dice Passailaigue.

La asambleísta espera que este proyecto ley, que ya está revisándose en una comisión, se apruebe lo más rápido posible y con el apoyo de todos los parlamentarios, incluidos los oficialistas. «Creo que absolutamente nadie con una pizca de humanidad, de sensatez y de responsabilidad hacia su labor legislativa podría oponerse a algo que solamente pretende aliviar el dolor de las familias que han perdido a un ser querido de la manera más atroz y cruel que pueda existir».

Lo mismo esperan desde la Coalición de Mujeres, quienes piden a la Asamblea que haga el esfuerzo de «sacar la mejor ley posible», pero también hacen un llamado al Gobierno para que, de aprobarse, no quede en papel. «Tiene el deber de operativizarla y de hacerla realidad», zanja Pareja.