Mujeres Ecuador

Rocío Rosero, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. EFE/José Jácome/Archivo

Coalición de Mujeres de Ecuador: La deuda del Estado con las víctimas de violencias es grande

Cristina Bazán | Guayaquil - 8 diciembre, 2021

El camino que tiene que recorrer Ecuador hacia la erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres es muy largo aún, afirma Rocío Rosero, lideresa de la Coalición Nacional de Mujeres del país.

Ella lo sabe bien, pues ha elaborado, junto a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, el último informe sombra que entregaron al Comité que supervisa la implementación de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas para el análisis de la situación de los derechos de las niñas y mujeres en Ecuador. El documento se entregó previo al examen que realizó el Comité al país el pasado 28 y 29 de octubre.

«La deuda que tiene el Estado ecuatoriano» con las víctimas de violencias y con las mujeres en general «es grande», asegura en una entrevista con Efeminista al ser preguntada por los resultados del informe que hace un diagnóstico de las obligaciones incumplidas por el país latinoamericano en el que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida.

«Se necesita una política de igualdad afianzada en una decisión política que lleve adelante todo un trabajo a nivel cultural. Estamos en una emergencia social que nos dice que cada 41 horas se comete un femicidio. Esto tiene que parar», sostiene.

Pregunta: Ustedes han presentado un nuevo informe sombra ante el Comité de la CEDAW, ¿Cuáles son las deudas de Ecuador con las niñas y mujeres?

Respuesta: Nosotras hemos presentado nueve informes y hemos señalado un conjunto de prioridades. La deuda que tiene el Estado ecuatoriano con las víctimas, con las mujeres es grande. Primero porque tenemos una institucionalidad que se debilitó durante los últimos 14 años. Se debilitó por una decisión política, por una decisión de sucesivos gobiernos y ahora no ha variado, lamentablemente.

El presidente Guillermo Lasso se comprometió para conseguir el voto de las mujeres y la secretaria de Derechos Humanos revisó nuestros informes, pero ya una vez en el Gobierno no estamos viendo realmente una concreción de las demandas de las agendas de las mujeres.

La falta de institucionalidad no permite contar con políticas públicas de carácter sistemático que estén orientadas a cerrar las brechas de desigualdad y las violencias.

Las deudas con las mujeres

P: ¿Y cuáles son las brechas que tiene que cerrar Ecuador?

P: Ahí hay varios elementos fundamentales. Lo primero es prevenir y erradicar todas las discriminaciones y violencias contra las niñas y mujeres. Para eso se debe empezar por tener un organismo al más alto nivel del Estado, que tenga presupuesto, que tenga el apoyo político para tener un plan de igualdad que permita ir cerrando esas brechas. 

Además, decimos que no habrá posibilidad de recuperación económica sin la participación de las mujeres, por lo que hay que cerrar las brechas en el empleo, en los ingresos. El empobrecimiento de las mujeres ha empeorado con la pandemia, el 49 % de ellas trabajan en el sector informal.

Es necesario crear un piso de protección social básico, que comprende la creación de un sistema nacional de cuidados como un elemento esencial de la igualdad de oportunidades. Una mujer que quiere acceder a la educación, al empleo, al trabajo, a un crédito para un emprendimiento y surgir se le hace difícil hacerlo sin los cuidados humanos otorgados desde los servicios del Estado.

Otros temas fundamentales son la renta básica de las mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad que, según Unicef, son más de 425.000, la política de prevención de la violencia y alcanzar la autonomía sobre nuestros propios cuerpos para decidir, para construir una vida digna y favorable para el ejercicio de nuestros derechos.

Un femicidio cada 41 horas en Ecuador

P: Es un camino largo…

R: Sí, es un camino largo que tiene que recorrer el Estado. Las autoridades tienen que despojarse de esta miopía que no permite priorizar la política fiscal. Esta sociedad no puede ser construida sobre la base del sacrificio de la mitad de su población. Esto tiene que parar, estamos en una emergencia social.

Cada 41 horas se comete un femicidio en Ecuador. Hasta diciembre pasado eran cada 72 horas. Hoy la violencia feminicida nos quita a más mujeres. Ser niña, adolescente, joven o mujer es el riesgo más grande en este país. La mayoría de víctimas de femicidio no tiene más de 35, 39 años, desde niñas. Entonces estamos hablando de una situación en la que el Estado tiene que dar una respuesta.

No queremos más promesas sino acciones concretas de política pública.

«Todo parte de una decisión política»

P: En los últimos años se ha dicho que Ecuador tiene buenas leyes relacionadas a la prevención de la violencia, pero que el problema es la falta de implementación. ¿Usted cree lo mismo?

R: Claro, pero la implementación requiere decisión política. Por ejemplo, para otorgar los recursos para la aplicación de la ley de violencia, o para la aplicación del Código de la Democracia en la sección de democracia paritaria. Todo eso es decisión política que tiene que traducirse en presupuestos y en medidas institucionales concretas. 

Y nosotras se lo hemos dicho al presidente, le hemos exigido un ministerio de la mujer porque queremos que haya una institución fuerte a nivel nacional, que esté en el gabinete, tomando decisiones, transversalizando el género, poniendo el tema de la vigilancia, incluso fiscal, para lograr que todo esto se haga efectivo.

Pero como no hay voluntad política, no hay presupuesto, no hay posibilidad de implementación. ¿Cómo se corta este círculo vicioso? Con decisión política y recursos que alimenten una institucionalidad fuerte, seria, comprometida con la igualdad como un elemento esencial de la democracia y del desarrollo sostenible. No va a haber recuperación económica de otra manera.

La prostitución en menores de edad

P: Durante la 80 sesión del Comité, expertas cuestionaron a Ecuador por el crecimiento de la prostitución en niñas y adolescentes. ¿Por qué no se ha podido hacer frente a este problema?

R: Esto es tratado como un tema tabú en el Gobierno porque exige una decisión política radical sobre los temas de igualdad. Y esa política radical no existe ni ha existido.

El Estado ha dejado esto sin regulación. No somos un país regulacionista ni abolicionista de la prostitución. Y en estas medias tintas el espacio es de los proxenetas, del crimen organizado, del extractivismo y de todo lo que funciona alrededor de la industria del sexo. 

Se requiere de una visión integral para resolver este conjunto de problemas. Esta es una situación de extrema violencia contra niñas y mujeres, ejercida incluso por el Estado. Los policías siguen siendo permisivos con las bandas de tratantes, de traficantes y con el funcionamiento de prostíbulos y de lugares de entretenimiento que tienen como objetivo el comercio sexual.

Y esto se ha agudizado con la pandemia. Cuando hicimos el informe sombra las organizaciones que trabajan con grupos en situación de movilidad de Venezuela y de Colombia hicieron varias denuncias sobre las formas de enganche de niñas, adolescentes y mujeres, incluso con modalidades como sexo por comida. Hemos llegado a unas formas de explotación extremas.

«Hace falta una respuesta integral al tema del aborto»

P: En esa misma sesión, cuando preguntaron si Ecuador tenía pensado despenalizar el aborto por más causales, la jefa de la delegación dijo que eso está en manos de la Asamblea y que el Gobierno está trabajando en la prevención de embarazos no deseados. ¿Eso es suficiente?

R: Esto no es un tema únicamente sobre prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Claro que la educación sexual es fundamental, pero un elemento concomitante es contar con servicios de salud sexual y reproductiva integrales. Servicios amigables que permitan que no se siga criminalizando a las niñas y adolescentes que llegan con abortos en curso por situaciones que tienen que ver con la naturaleza misma del cuerpo, ya que no están preparadas para estas situaciones forzadas.

A nosotras nos parece que ya hace falta una respuesta más integral al tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora ya es ley en casos de violación y los funcionarios tienen que aplicar la norma. Los policías y los servidores de la salud ya no pueden ir a denunciar a una niña, mujer o adolescente que decide abortar.

También necesitamos un cambio en los funcionarios del sistema judicial que tendrán que atender a las víctimas en los casos de violación, pues ahora están exculpando a los agresores sexuales.

Durante tantos años ha habido una actitud esquiva del Estado. No asume su responsabilidad y no pone la integridad de las niñas y mujeres ecuatorianas como tema esencial, ya lo hemos visto con el caso de Paola Guzmán que tanto nos duele.

Sin metas específicas sobre igualdad

P: ¿Cuál debería ser la prioridad del Gobierno? ¿Por dónde debe empezar a trabajar para cambiar este panorama?

R: Ahora estamos trabajando con el Consejo Nacional de Igualdad de Género. Ya hemos tenido conversaciones y estamos en la ruta de establecer una mesa de diálogo que permita poner en blanco y negro las deudas del Estado ecuatoriano con las mujeres: La agenda de igualdad y de prevención de violencias estructurales contra las mujeres y las niñas.

Nosotras no hemos dejado el diálogo político, le hemos planteado a la propia Secretaría de Derechos Humanos que se junte a la iniciativa ya asumida por el Consejo de Igualdad. Ojalá durante las próximas semanas esto se vaya concretando, porque nuestra preocupación es que los temas no están en el Plan Nacional de Desarrollo. No existen metas específicas sobre la igualdad y erradicación de la violencia. «Femicidio cero» es un eslogan publicitario, pero no es una meta o un conjunto de metas en materia de prevención, de atención o de reparación a las víctimas.

Necesitamos también un registro único de víctimas de violencia, un observatorio de violencia. Necesitamos que se costee el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Por ahí es el camino. Nosotras tenemos algunas discrepancias con las autoridades y ellas lo saben. El diálogo es franco y frontal. Eso es algo que lo vamos a seguir haciendo y esperamos contar con el apoyo de las instituciones.