La pandemia limita el acceso a servicios de salud sexual a migrantes en Ecuador

El acceso de las mujeres migrantes y refugiadas a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ecuador se ha visto limitado durante la pandemia de la COVID-19, lo que ha provocado embarazos no deseados y abortos clandestinos.

Así lo señala el informe “Acceso de mujeres migrantes, refugiadas y personas en situación de vulnerabilidad a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador durante la pandemia por COVID-19″, que ha presentado el Fondo de población para las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), en conjunto con el Centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer (Cepam) y la Federación internacional de planificación de la paternidad (IPPFRHO).

Marcia Álvarez, de Unfpa, ha indicado que esta investigación “recupera las voces de las mujeres migrantes y refugiadas”, pues son ellas mismas las que cuentan “cómo viven esta realidad”. “Y a nosotros nos permite acercarnos a estas experiencias y también hacer recomendaciones para mejorar la situación que están viviendo”, ha agregado.

Por su parte, Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador, ha recalcado que las personas en mayor situación de vulnerabilidad (como las migrantes y refugiadas) han jugado un papel determinante en los trabajos esenciales que han permitido mantener la mínima funcionalidad económica y social, pero a pesar de esto, “el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos no ha sido garantizado”.

“Esto se evidencia en los embarazos no planeados por falta de acceso a anticonceptivos, en la brecha de acceso a cuidados obstétricos esenciales y al acceso limitado a pruebas de diagnóstico, control y tratamiento de infecciones por transmisión sexual”, ha explicado.

La salud sexual para las migrantes en Ecuador

Susana Medina, de la Federación de planificación de la paternidad, ha mencionado que durante la investigación han podido determinar que ninguna de las mujeres encuestadas quería quedar embarazada. “Y todas dijeron que sus embarazos fueron por falta de acceso a anticonceptivos y barreras de género que les impedían ejercer su autonomía reproductiva”.

Según datos que proporcionaron en la presentación, los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país disminuyeron en un 26 % para planificación familiar y un 19 % para el primer control prenatal durante el 2020.

“Las mujeres migrantes aseguran que todos los factores vinculados a la salud sexual y reproductiva son de muy alto costo, están muy lejos de su acceso“, ha afirmado. Además, para los centros de salud las atenciones que no COVID-19 no eran prioritarias.

Entre las preocupaciones que ha dejado el estudio está el acceso a los cuidados obstétricos esenciales. Las mujeres de este estudio no tuvieron control prenatal regular y algunas de ellas solo acudieron a los servicios de salud por emergencia o por dolores. Muchas manifestaron que eran “insostenibles” los costos por su alimentación, los medicamentos y las vitaminas para el control prenatal.

Estas limitantes provocaron complicaciones en los partos, muertes de los neonatos y muertes maternas. Estas últimas registraron un aumento de 88 casos con respecto al 2019.

La representante de la Federación ha destacado que para muchas migrantes la interrupción del embarazo era “algo común” y muchas lo hicieron por medio de medicamentos, en soledad y en secreto.

La violencia, presente en todos los testimonios

La violencia es uno de los temas transversales del estudio, pues según Medina, está en “todos los testimonios y en todos los contextos”. “Está naturalizada, es un hecho cotidiano en la vida de todas las mujeres”. Además, las mujeres desconocen cómo identificar la violencia y tampoco saben cuáles son las rutas de atención. La violencia sexual es la que más han sufrido.

Lita Martínez, directora ejecutiva de Cepam, ha afirmado que si antes de la pandemia las mujeres sentían temor de denunciar, durante esta el miedo aumentó “significativamente”.

“Las mujeres entrevistadas no dimensionan que vivir una vida libre de violencia es un derecho”.

Muchas de las entrevistadas han asegurado que no denunciaron porque no querían tener problemas migratorios. “Las que lo hicieron se enfrentaron con barreras legales, estigmatización y a otros estereotipos de género que ya existían antes de la pandemia”, ha mencionado Martínez.

Las mujeres también han sido víctimas de chantajes sexuales pues se vieron obligadas a tener relaciones sexuales para evitar los desalojos. “Se hizo más evidente una pandemia estructural como lo es la de la violencia de género”, ha agregado.

Las redes de apoyo y las organizaciones sociales han sido clave en la supervivencia de las mujeres migrantes. Además, se convirtieron en su canal de información y de ayuda principal.