Aborto El Salvador

Una mujer coloca unas flores junto a un cartel conmemorativo en honor a "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013, en San Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura

La prohibición total del aborto en El Salvador llega a la CorteIDH

Cristina Bazán - EFE | Washington - 12 enero, 2022

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de Beatriz, una mujer de El Salvador a la que se le negó el acceso al aborto pese a que el embarazo ponía en riesgo su vida.

La CIDH ha explicado que esta causa se refiere a «la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos de Beatriz y su familia debido a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo».

El organismo ha detallado que esa prohibición se produjo ante una situación de riesgo grave a la vida, la salud e integridad personal, y de inviabilidad del feto fuera del útero.

El caso de Beatriz contra El Salvador

En 2013 Beatriz, una joven que vivía en situación de extrema pobreza, descubrió que estaba embarazada de once semanas y su condición fue declarada de alto riesgo dado que padecía una enfermedad grave, según los datos de que dispone la CIDH.

Posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, es decir incompatible con la vida extrauterina, y que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna.

Ante esta situación la joven salvadoreña recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país, que le denegó el aborto. Posteriormente tuvo que ser hospitalizada en San Salvador desde abril de 2013 y dio a luz a una niña mediante una operación cesárea el 3 de junio de ese mismo año.

Sin embargo, la bebé murió horas después porque no tenía cerebro, una de las causas por las que su madre había pedido interrumpir el embarazo, además de sus propias enfermedades (padecía lupus).

El 28 de mayo de 2013, la Sala de lo Constitucional de la CSJ le denegó a la mujer su petición de abortar, presentada el 11 de abril de 2013, y el 29 de mayo la CorteIDH dictó medidas provisionales a su favor, pero tampoco logró su objetivo.

La joven falleció en octubre de 2017 a consecuencia de las complicaciones de su estado de salud tras sufrir un accidente de moto en el momento en que era llevada a una consulta médica.

La penalización total del aborto, a análisis en la CorteIDH

Las organizaciones feministas que han acompañado legalmente a los familiares de Beatriz aseguran sentirse satisfechas por llegar a esta etapa.

«Beatriz enfrentó la persistente e histórica indiferencia de los gobiernos que han existido en nuestro país para proteger, resguardar y garantizar los derechos de la mujer, en especial los derechos relacionados con su salud reproductiva y su derecho a vivir libres de violencia», ha dicho la representante de la Colectiva feminista para el desarrollo local de El Salvador, Morena Herrera, durante una rueda de prensa en San Salvador.

Y ha agregado que Beatriz enfrentó «una realidad que persiste» en el país centroamericano. «La historia de Beatriz puso en evidencia que en este país no hay otra alternativa para garantizar la salud y los derechos a la salud reproductiva de las mujeres que cambiar esta ley que penaliza de forma absoluta el aborto, al menos en aquellos casos en los que está en riesgo la salud, la vida de las mujeres», ha mencionado Herrera.

Por su parte, la directora de IPAS para Centroamérica y México, María Antonieta Alcalde, ha recordado que El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que penaliza completamente el aborto. «Beatriz sufrió y falleció innecesariamente por la negligencia de un Estado indolente que hasta el momento no ha traído justicia ni a la familia de Beatriz ni ha implementado los cambios necesarios para asegurar que este caso no se vuelva a repetir», ha afirmado.

«La prohibición total del aborto en El Salvador hoy sigue cobrando vidas y poniendo injustamente a las mujeres en la cárcel. Entonces celebramos que la CIDH haya decidido enviar este caso a la Corte y esperamos una resolución que sea favorable a los derechos humanos y específicamente a los derechos de las mujeres», ha acotado.

Según la directora jurídica de CEJIL, Gisela de León, la audiencia de fondo en la CorteIDH podría realizarse entre finales de 2022 e inicios de 2023 y la sentencia podría emitirse entre mediados y finales del mismo año.

«Hemos llegado hasta aquí por el amor a Beatriz»

La madre de Beatriz, Delmy Rodríguez, ha pedido al Estado que cumpla con su deber para que el caso de su hija no se vuelva a repetir. «Sé que hemos llegado hasta este momento por el amor hacia Beatriz. Ella solo quería vivir, pero como el Estado le falló nuevamente solo su memoria vive en nuestros corazones».

Su hermano, por su parte, ha agradecido a las colectivas que los están apoyando y ha dicho que ese debería ser un trabajo del Estado. «El Estado debería de garantizar el derecho de las mujeres y no lo está haciendo. Y esto no solo ha pasado con Beatriz, sino que ha habido muchos más casos en los que las familias no han tenido la valentía de decirlo y gritarlo».

En noviembre pasado, la CorteIDH ya condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue encarcelada por abortar, al declararlo responsable internacionalmente de violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida.

Hasta el momento, hay 11 mujeres condenadas y encarceladas por abortar en El Salvador y dos más que están en proceso de condena y otras 3 que están en proceso judicial, pero con medidas sustitutivas. Otras 62 mujeres han sido liberadas en los últimos años, según datos de la Colectiva feminista.