La nueva Ley de la Ciencia establece la obligatoriedad de planes de igualdad

La reforma de Ley de la Ciencia ha sido aprobada el viernes 18 de febrero por el Consejo de Ministros y, entre otras medidas, establece la obligatoriedad de planes de igualdad y mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección, así como protocolos frente al acoso sexual.

El proyecto incluye también un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos y garantiza una financiación de la I+D+i pública estable y creciente para converger con Europa. El objetivo es “reparar los fallos del sistema de ciencia e innovación agravados durante décadas de recortes, que provocaron la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de plantillas, fuga de talento y un tapón para toda una generación”, aseveró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Aumento de la inversión en I+D+i

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dió luz verde al proyecto de ley, dijo que es “un texto transformador” que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública.

“Por primera vez incorporamos por ley el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030“, recalcó Morant, quien agregó que con el apoyo del sector privado permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la UE.

Esta estabilidad en la financiación pública “no sometida a los vaivenes políticos” es “una gran reivindicación histórica de la ciencia” y supone “blindar por ley que el sistema público disponga de los recursos para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos”.

Fin a “la precariedad endémica”

Uno de los principales objetivos de la norma es poner fin a “la precariedad endémica” del sistema para lo que, entre otras medidas, incluye un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos asociado a líneas de investigación.

Está alineado con la reforma laboral, no está sujeto a oferta pública de empleo ni tasa de reposición y no necesita autorización previa si dispone de financiación externa o procedente de convocatorias en concurrencia competitiva.

El texto contempla un nuevo itinerario científico posdoctoral encaminado a la estabilidad que redefine la vigencia del contrato de acceso, con una duración de entre 3 y 6 años y con una evaluación a partir del segundo año que servirá para promocionar o mejorar el salario pero no para ser despedido.

Otra novedad es que se reconoce el derecho a la indemnización por finalización de contrato para posdoctorales y predoctorales, un derecho que se extiende a los contratos vigentes a la entrada en vigor de la ley.

Estimular la atracción del talento

El texto, que en audiencia pública recibió más de 4.000 aportaciones de asociaciones e investigadores a título particular, recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad del talento.

Por ejemplo, los quinquenios -que conllevan complementos específicos- del personal de investigación de los organismos públicos de investigación (OPI) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta ahora, solo reconocían la experiencia en los OPI de nuestro país.

Morant afirmó que esta medida se suma al plan de atracción de talento que se está diseñando para “hacer de España un país para la ciencia con condiciones y salarios atractivos, donde los que se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se quieran incorporar”.

La ley aborda “la asignatura pendiente” de la transferencia de conocimiento, que reconoce como derecho, obligación y mérito. Entre otras medidas, incorpora el sexenio de transferencia, por el que se podrá evaluar a efectos retributivos y de promoción la actividad de los investigadores enfocada a la transferencia de resultados.

Igualdad de género

En cuanto a la igualdad de género, le da seguridad jurídica en el sistema de la I+D+i, con medidas como la obligatoriedad de planes de igualdad en todos los centros, protocolos frente al acoso sexual y el establecimiento de mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación.

Asimismo, garantiza que en las evaluaciones por méritos no penalicen los permisos de excedencia por maternidad, paternidad o cuidados familiares, que obliga a poner en pausa la carrera científica, y refuerza la perspectiva de género en el contenido de la investigación.

Este proyecto, que modifica la ley de 2011, agrupa medidas concretas para reducir la burocracia y recoge la creación de la agencia espacial española, con un componente dedicado a la seguridad nacional, que se concretará en un año.

Tanto la reforma laboral como la nueva ley de la ciencia terminan con los contratos por obra y servicio. Los sindicatos denunciaron que hasta la aprobación de la segunda, 30.000 investigadores podrían ver interrumpida su continuidad.

Preguntada al respecto, la ministra dijo que como medida transitoria, y así se lo comunicó ya Hacienda a los centros afectados, estos se pueden acoger a una disposición adicional de la ley de 2011 para evitar el bloqueo de los contratos. Una vez en vigor la nueva norma, estos pasarán a ser contratos bajo el amparo de la ley de la ciencia.

“Esperamos que el texto se enriquezca con las aportaciones de los grupos en la tramitación parlamentaria porque es la ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde”, subrayó Morant, para quien la nueva norma es una forma más sostenible e inteligente de construir el futuro.