Las mujeres migrantes enfrentan “múltiples barreras” en la protección de la violencia machista

Las mujeres migrantes víctimas de violencia de género denuncian más que las españolas pero tienen menos órdenes de protección y menor acceso a los recursos, según han advertido una treintena de asociaciones, que denuncian el “racismo institucional” que se ejerce en España contra estas migrantes y sus hijos.

La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y la Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI) han denunciado las “múltiples barreras” con las que se topan estas mujeres y han presentado una serie de propuestas para mejorar las políticas públicas de atención y protección de las migrantes víctimas de violencia machista.

Desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse las víctimas mortales de la violencia de género en las estadísticas oficiales, el 67 % de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas eran españolas, frente al 33 % de extranjeras, que suponen casi el 6 % de la población, según ha dicho una Tatiana Retamoso, una de las portavoces.

Menos protección y acceso a recursos

“Es palpable la sobrerrepresentación de las mujeres migrantes en las cifras de feminicidios“, ha subrayado Retamoso, que ha asegurado que los datos oficiales demuestran que las mujeres migrantes denuncian más pero tienen menos órdenes protección y acceso a recursos.

“El estatus migratorio condiciona ese acceso”, ha aseverado.

Pese a reconocer los avances en la lucha contra las diferentes formas de violencia de género, las organizaciones entienden que las políticas públicas responden a un estereotipo de víctima, “a una suerte de víctima ideal para acceder a la protección” que no llega a las mujeres racializadas”, según ha indicado Lucy Polo, de la organización Por Ti Mujer y RED Latinas.

Desprotección por ser migrantes

Plantean reformas a las leyes para que el estatus migratorio no condicione el acceso a la justicia y abogan por modificar la Ley de Extranjería para que el permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales no dependa de una orden de protección, un informe fiscal o una sentencia condenatoria.

“No tendríamos que estar forzadas a denunciar para obtener protección”, ha remarcado Polo, que ha reclamado también que se regularice de inmediato a los hijos menores de edad de las víctimas que se encuentren en situación irregular.

Lamentan que la ley del solo sí es sí “deje fuera” a las mujeres migrantes sin papeles que no tienen “el mismo soporte” que otras víctimas y proponen también que sea de aplicación a las que hayan sufrido violencia sexual en sus países de origen o de tránsito, ya que excluye a la mayoría de las supervivientes de mutilación genital femenina o de matrimonios forzados.

“Hay racismo”

“Les guste o no los gobernantes, hay racismo, y hay racismo todos los días”, ha denunciado Hodan Sulaman, activista del grupo de Mujeres Africanas, que ha considerado que a las mujeres africanas se las mide “con parámetros distintos”, por ejemplo, a las ucranianas que han llegado desplazadas por la guerra.

El documento, que quieren trasladar a los Ministerios de Igualdad, Justicia, Interior y Migraciones, así como a las administraciones autonómicas y locales, hace hincapié en la necesidad de impulsar una formación obligatoria “para sensibilizar” a jueces y fiscales sobre perspectiva de género, violencias machistas y antirracismo.

Además, las organizaciones han lanzado la campaña #MurosInvisibles para evidenciar todas las barreras que enfrentan las migrantes para acceder a la justicia e invitan a derribarlas con políticas públicas para la prevención, protección y atención para las mujeres migrantes víctimas de violencia machista.