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Ingenieras exigen incorporar la perspectiva de género en el sector energético

Casi cuarenta expertas del ámbito energético, convocadas por Ingeniería sin Fronteras, han exigido a empresas y entidades públicas la incorporación inmediata de la perspectiva de género en este sector, al considerar que su ausencia contribuye al mayor empobrecimiento de las mujeres y que es necesario situar el medioambiente y el interés social en el centro de la estrategia.

Se trata de profesionales de Ecologistas en Acción, Universitat de Girona, Universidad Politécnica de Madrid, Friends of the Earth Europe, Juventud por el Clima (Fridays for future España), Alianza contra la Pobreza Energética, Aiguasol, Federación de consumidores y usuarios, Fundació València Clima i Energia o Plataforma por un Nuevo Modelo Energético firman el documento, respaldadas por la organización europea Empowering Underrepresneted Women int he Energy Sector.

Desde Ingeniería Sin Fronteras, la ingeniera de caminos Irene González ha explicado a EFE que más allá de pedir paridad en las empresas energéticas, demandan un viraje a una mentalidad "ecofeminista" que reconozca la feminización de la pobreza energética y que desarrolle un nuevo modelo que, más allá de la mercantilización, "ponga a las personas y al Planeta en el centro".

Las mujeres, las más perjudicadas por las decisiones energéticas

A las empresas, les reclaman reconocer que las mujeres son las más perjudicadas y excluidas por las decisiones que se tomen en materia energética, como las mujeres con bajos ingresos, desempleadas, con trabajos precarios, mayores, familias con hijos a cargo, personas con diversidad funcional, inmigrantes o madres solteras.

En este sentido, llaman a adaptar sus operaciones de forma adecuada a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales de las mujeres, por ejemplo, integrando la perspectiva de género en los procesos de evaluación de la demanda energética o configurando las tecnologías energéticas más adecuadas teniendo en cuenta las necesidades y prioridades específicas del 52 % de la población.

Asimismo, exigen a los representantes políticos medidas legislativas como la prohibición de los cortes, la condonación de la deuda o la creación de una tarifa social real.

La urgencia de una visión ecofeminista en la energía

Igualmente, piden incluir la formación de género, ecofeminista y energética al personal técnico de la administración que trabaja con cuestiones relacionadas con la energía: servicios sociales, oficinas energéticas, de rehabilitación o cambio climático o atención a la ciudadanía.

Así como introducir criterios de género o de principios ecofeministas en las contrataciones públicas como base para los requisitos incluidos en los pliegos para contratación pública de las administraciones, ayuntamientos o entes locales.

Por ejemplo, explica González, si quieres poner una instalación de renovables en un municipio rural la oferta más barata llevará allí a unos cuentos empleados subcontratados que luego se marcharán. Mientras que igual se podría dar más puntos a otra opción más cara pero que tenga un plan para revitalizar el pueblo a medio plazo.

"La perspectiva ecofeminista es reconocer que la energía tiene una función social y que forma parte de un sistema social, ambiental y político y no solo mercantilista", cuenta la ingeniera.

Feminización de la pobreza energética

La también autora principal del estudio "Desigualdad de género y pobreza energética: Un factor de riesgo olvidado" destaca que en la ciudad de Barcelona, el 70 % de los que piden ayudas vinculadas al pago de facturas energéticas son mujeres.

Paradójicamente, cuenta, son mujeres la mayoría de las "encargadas del hogar" que necesitan la energía para mantener la casa en funcionamiento.

"Bañar, lavar, cocinar, todo gasta luz. Si la cortan, son las primeras damnificadas", lamenta.

Además destaca, aunque pueda haber otras personas en las casas, son también ellas las que acuden mayoritariamente a los servicios de suministros, cuyas gestiones "están altamente feminizadas".

González recuerda que la Unión Europea obliga a realizar impactos de género en presupuestos y acciones de política pública y privada y, sin embargo, "de todo eso en el sector energético se hace muy poco".

"Al final se trata de darse cuenta de a quién afecta más la política energética y ambiental y reconocer esa circunstancia para hacer normas que ponderen estos elementos", añade.