España quiere ser el primer país de Europa con bajas por menstruación dolorosa

El Gobierno español concederá la baja laboral por menstruaciones dolorosas cuando estas impidan a las mujeres asistir al centro de trabajo. Una propuesta sin precedentes en Europa que consta en el anteproyecto de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros este 17 de mayo.

“Esta es una ley que amplía derechos. Por una parte, acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y además reconoce nuevos derechos sexuales, menstruales y reproductivos para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país”, ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Este proyecto de ley, impulsado por Igualdad, prevé la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales para los casos de aborto y también para los de menstruaciones dolorosas que impidan la asistencia al centro de trabajo por los días que necesite la mujer. En el caso de la regla, no se exigirá mínimo cotizado como con otras incapacidades temporales.

Montero ha cifrado en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).

Desde hace días se han ido conociendo algunas de las medidas incluidas en esta ley, que según Montero, garantiza el derecho de la mujer “a decidir sobre su propio cuerpo” y que es “la puerta de entrada” a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

Dolor menstrual incapacitante

El dolor menstrual incapacitante afecta al menos a entre el 25 y el 60 % de mujeres en edad fértil, según algunas investigaciones. Este problema médico puede aparecer por distintos problemas, como los quistes, los miomas o la endometriosis, esta última una enfermedad que, se estima, afecta al menos a dos millones de mujeres en España.

La propuesta del ministerio que dirige Irene Montero ha generado controversia dentro y fuera del Gobierno. Por un lado, están quienes piensan que puede suponer un obstáculo para la empleabilidad de las mujeres, ya que las “estigmatiza”. Por otro, están quienes lo consideran positivo, que protege y que la igualdad también pasa por reconocer estas diferencias.

Lo cierto es que esta medida ya tiene precedentes tanto a nivel local, en empresas y Ayuntamientos de España, como en el ámbito internacional, sobre todo en el continente asiático. Desde 1947, Japón permite a las mujeres no trabajar mientras menstrúan si se ven incapacitadas para llevar a cabo su labor.

En Corea del Sur, Indonesia y Taiwán también se pueden pedir días de baja bajo distintas condiciones.

En España, algunos consistorios, entre ellos el de Girona y el de Sabadell, ya han puesto en marcha permisos no retribuidos que permiten ausentarse durante ocho horas al mes, a compensar más adelante.

Blindar la ley del aborto

El proyecto de la ley del aborto también quiere blindar el derecho de la mujer a abortar en los hospitales públicos, que deberán garantizar profesionales que los practiquen. También elimina el periodo de reflexión obligatorio de tres días y permite a las chicas de entre 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.

La reforma elimina el consentimiento paterno que introdujo el Gobierno del PP para las menores de 16 y 17 años, ya que “del mismo modo que estas son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, según ha declarado Montero en el Congreso.

La ley contempla también la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y la promoción de estos fármacos para los hombres.

Igualdad apuesta además por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar “la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales” ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.

El objetivo principal de la reforma, que será tramitada de urgencia, es acabar con los “obstáculos” a los que en la práctica se enfrentan muchas mujeres que quieren interrumpir su embarazo, y, por tanto, quiere garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en igualdad de condiciones y sin necesidad de que la mujer se desplace cientos de kilómetros del lugar de residencia.

Y es que el 87,25 % de los abortos en 2020 se realizó en entornos extra hospitalarios, de los que el 78,04 % fueron en centros privados.