La CIDH pide a los Estados americanos garantizar los derechos reproductivos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado a los Estados americanos a “abstenerse de retroceder en el reconocimiento y protección” de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, y les ha urgido “a garantizar su ejercicio libre de toda forma de violencia y discriminación de género”.

“Los derechos reproductivos, que abarcan un conjunto de derechos humanos, han sido históricamente limitados, restringidos o anulados con base en estereotipos y roles de género que priorizan la función reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes por encima de sus derechos humanos”, ha dicho la Comisión en un comunicado.

“Esta discriminación histórica y estructural se refleja en la violencia propiciada por leyes que criminalizan de forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo, limitando las opciones legales, seguras y oportunas para hacerlo”, ha agregado.

La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH y los derechos reproductivos

El organismo recuerda que el sistema interamericano ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica “constituye un ámbito de la vida privada que se relaciona con otros derechos, como son el derecho a fundar una familia, el derecho a la integridad física y mental, y específicamente los derechos reproductivos”.

Y esos derechos, dice la Comisión, conllevan de parte del Estado una serie de obligaciones como son la regulación y fiscalización debida de los servicios de salud, el acceso a la información y tecnologías; la obligación de que el personal médico obtenga un consentimiento informado sobre cualquier tipo de tratamiento a practicar; y la prohibición de restricciones desproporcionadas para ejercer las decisiones reproductivas.

“Al respecto, la Comisión recuerda que, conforme ya ha dicho por la Corte Interamericana, la protección de la vida desde la concepción no es absoluta, sino gradual e incremental, según su desarrollo, de tal manera que posibilite un adecuado balance con otros derechos que puedan entrar en conflicto”, señala.

Y destaca que, si bien la criminalización absoluta del aborto expone a las mujeres “a prácticas peligrosas e incluso mortales que ponen en riesgo su salud y vida, principalmente de quienes están en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad, teniendo un efecto desproporcionado en sus derechos”, la afectación es mayor para niñas y adolescentes, “quienes por su condición de género y edad no solo están mayormente expuestas a la violencia sexual, sino que el embarazo representa un alto riesgo para su salud, según ha identificado la OPS”.

“Además, obligarlas a llevar a término el embarazo les genera angustia física y mental, lo que constituye violencia de género y podría equivaler a tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según ha indicado el Comité CEDAW”, puntualiza.

Avances y retrocesos en la región

En su comunicado, la Comisión hace un repaso de los avances y retrocesos que se han registrado en la región durante 2022.

Valora de manera positiva “la adopción de medidas dirigidas a garantizar que los derechos de las mujeres no se afecten a través de la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Y pone de ejemplo la despenalización del aborto que se registró en varios estados de México y en Colombia, cuya Corte Constitucional puso al país a la vanguardia en la protección de estos derechos.

“Estos avances se alinean con los estándares interamericanos sobre el acceso al aborto en casos de peligro a la vida o salud de la persona gestante, de inviabilidad del feto, o cuando el embarazo es resultado de violación o incesto”, afirma al tiempo que destaca las medidas de protección impuestas en los estados de California, Michigan y Vermont, en Estados Unidos, tras la anulación de Roe vs. Wade.

Por otro lado, la Comisión observa medidas “tanto materiales como formales que retroceden en la garantía de los derechos reproductivos libre de toda forma de violencia y discriminación”.

Entre ellas, “impedimentos para acceder a servicios de salud para la interrupción del embarazo a pesar de estar permitido por ley – especialmente en casos de niñas y adolescentes embarazadas como resultado de violación sexual -, así como amenazas de persecución legal contra personal médico, jurídico y demás personas que acompañan a quienes procuran abortos legales, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Panamá”.

También rechaza la persistente criminalización hacia las mujeres y niñas que sufren emergencias obstétricas en El Salvador y la decisión del Supremo de Estados Unidos de anular la protección constitucional al aborto.