Organizaciones denuncian ante la CEDAW que España no protege a las víctimas de violencia machista migrantes

España no protege lo suficiente a las mujeres víctimas de violencia machista cuando son migrantes, especialmente cuando se encuentran en situación administrativa irregular ya que "se prioriza el estatus migratorio a su protección", revela un informe sombra presentado por tres organizaciones españolas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas este 15 de mayo.

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y la Fundación para la Convivencia ASPACIA, responsables del documento, han denunciado que las políticas públicas no están respondiendo a las diferentes realidades que experimentan las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, dejándolas desprotegidas.

"La legislación vigente en materia de violencia de género, sexual y extranjería condiciona la obtención de la autorización de residencia y trabajo a que denuncien y obtengan una condena favorable, lo que en la practica se traduce en desprotección y discriminación hacia las mujeres migrantes", ha aseverado la representante de Red Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Lucy Polo Castillo, durante la sesión 85 de la Cedaw, que se celebra en Ginebra entre el 8 al 26 de mayo.

En los casos en los que denuncian "se enfrentan a revictimización, estereotipos y prejuicios, y a violencia institucional", lo que genera un gran impacto en "su salud y vida", ha añadido Polo Castillo.

Se trata de la primera vez en esta conferencia que se presenta un informe sombra, es decir, que vigila el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, centrado en la violencia de género que sufren las mujeres migrantes en España.

El estatus migratorio por encima de la protección

Uno de los temas más preocupantes que el texto resalta es la dependencia del estatus migratorio de las víctimas, lo cual condiciona su decisión de denunciar. Según el informe, la protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género se limita a presentar una denuncia y obtener una sentencia condenatoria. Esto significa que si la solicitud de una orden de protección no tiene éxito o si el proceso penal no culmina con una sentencia condenatoria, las mujeres corren el riesgo de expulsión del país.

Además, el documento destaca aspectos relevantes como la falta de inclusión de las mujeres migrantes en los datos recopilados en la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer en España, la representación estereotipada de las mujeres migrantes en las campañas de prevención o los obstáculos migratorios y los estereotipos racistas que enfrentan al intentar denunciar las violencias sexuales.

"Sigue existiendo una falta de perspectiva de género e interseccional entre funcionarios, operadores judiciales y profesionales de la intervención, que se traduce en una grave desprotección hacia las mujeres víctimas", ha asegurado la Coordinadora del Programa Derecho de las Mujeres en AIETI e integrante de Asociación AMALGAMA, Tatiana Retamozo, en un comunicado.

"La justicia sigue siendo lenta, las diversas formas de violencia sobre la mujer no son lo suficientemente reconocidas, como la violencia económica, la sexual o la reproductiva o la violencia institucional", ha añadido.

Un cambio de legislación

Ante esta preocupante situación, las tres organizaciones han hecho un llamado a modificar la legislación para garantizar la protección de todas las mujeres victimas de violencias machistas.

"Pedimos al comité Cedaw que inste al Estado español a modificar la Ley de Protección contra la violencia de género Ley Orgánica 1/2004 , Ley de Extranjería 4/2000 y Ley de Garantía de Libertad Sexual 10/2022, para que no se condicione la autorización de residencia y trabajo provisional a una orden de protección", ha reclamado durante su intervención Lucy Polo, también es integrante de la Comisión contra la Violencia y presidenta de la Asociación Por TI Mujer. 

A ello se han sumado otras recomendaciones, como la inclusión de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular en futuras encuestas sobre violencia contra la mujer, la realización de estudios e investigaciones específicas sobre las mujeres migrantes y la violencia de género, así como el desarrollo de campañas que combatan la violencia por razón de género hacia estas mujeres, con la participación activa de supervivientes y expertas migrantes.