La violencia machista aumenta en Perú, advierte Amnistía Internacional

En materia de derechos humanos, en 2021 Perú ha sufrido más retrocesos que avances. Así lo advierte Amnistía Internacional (AI) en su último informe en el que asegura que, pese a los avances en célebres procesos penales, la violencia de género sigue agudizándose, el uso excesivo de la fuerza mantiene su impunidad y a los pueblos indígenas se les niega el derecho a la salud.

El informe, en el que se detalla la situación de los derechos humanos en el mundo, analiza el impacto de la pandemia de la covid-19 y el proceso electoral que polarizó a la sociedad peruana y sembró una campaña lastrada por “la discriminación y el racismo contra el electorado de las comunidades rurales y los pueblos indígenas”.

Aumento violencia machista

En concreto, el estudio subraya el deterioro en la violencia contra niñas y mujeres en el país, donde cada día cuatro menores de 15 años dieron a luz el año pasado. Además, 146 mujeres fueron víctimas de feminicidio, diez más de las asesinadas por misoginia en 2020.

También ha escalado de 11.828 a 12.984 el número de mujeres desaparecidas, quienes representan el 64 % del total de casos de desaparición registrados en Perú, cuyo Gobierno sigue sin reconocer esta situación como forma de violencia de género.

Aún en este plano, AI ha resaltado que la fuerte recuperación económica del país en 2021 (13,3 %) favoreció más a los hombres que a las mujeres y el empleo remunerado masculino aumentó un 15 % frente al 8 % del femenino.

Impunidad y uso de la fuerza

El informe también advierte que en 2021 persistió “la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en Perú.

Por un lado, se mantuvo vigente la ley de protección policial de 2020, que es “contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, y por otro el gobierno militarizó las fronteras para limitar la llegada de personas solicitantes de asilo y migrantes.

Sobre los derechos de las personas refugiadas, AI ha criticado “los obstáculos burocráticos, los costos inasequibles y la prohibición arbitraria” que limitan su regularización en el país, así como la disposición de tener suspendida por la pandemia la tramitación de solicitudes de asilo desde febrero hasta fines de año.

Además, el informe lamenta el lento avance de las investigaciones fiscales sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes que murieron a manos de la policía durante las masivas marchas ciudadanas en noviembre de 2020.

“Pese a que el Gobierno concedió a las familias ayuda económica y en materia de salud y educación, el derecho de éstas a la verdad y justicia no se había realizado al concluir el año”, ha destacado la organización.

Epicentro de la pandemia

Asimismo, el documento resalta que Perú siguió siendo en 2021 uno de los epicentros mundiales de la pandemia al registrar el mayor número de muertes por covid-19 por millón de habitantes.

Según AI, la falta de oxígeno y la insuficiente capacidad hospitalaria fueron las principales barreras a una respuesta eficiente de los servicios médicos del país, que en cambio sí lanzó una exitosa campaña de vacunación con la que logró cerrar el año con más del 80 % de su población mayor de 12 años protegida frente al virus.

Esto, “pese a los escándalos iniciales sobre corrupción y el incumplimiento por las autoridades gubernamentales del orden de prioridad”, recuerda el texto, en alusión al “Vacunagate”, el escándalo de vacunaciones secretas de más de cien altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado.

Medioambiente y justicia

En el informe, AI también menciona la inacción de las autoridades peruanas ante la crisis de salud que sufren los pueblos indígenas a causa de la contaminación medioambiental por sustancias tóxicas, así como las deudas aún pendientes en la protección de los defensores de derechos humanos.

En ese sentido, AI ha señalado que tres defensores fueron asesinados en 2021, cuando Perú se convirtió en el tercer país más letal de América del Sur para quienes defendían los derechos humanos, según la ONG Global Witness.

Por otra parte, la organización ha subrayado avances en el derecho a la verdad y justicia de las víctimas y familiares de casos emblemáticos que seguían abiertos en Perú, como el de Manta y Vilca, que se reanudó en septiembre pasado, y el de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Sobre este último, el informe saluda que, tras más de 25 años, finalmente la Justicia peruana ordenó en diciembre el inicio de una investigación judicial contra Fujimori y sus exministros de Salud por este caso.

“Sin embargo, y pese a que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas recogía más de 7.000 casos documentados, el Ejecutivo siguió sin concederles reparaciones“, ha indicado.

En la misma línea, AI ha lamentado que, de las más de 21.000 personas que figuraban en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), en 2021 solo se había recuperado el 20 % de los cadáveres.