Indígenas peruanas denuncian las actividades extractivas en su territorio

El impacto de las actividades extractivas en los territorios de los pueblos indígenas causan malestar entre sus habitantes y las lideresas indígenas y amazónicas de Perú han denunciado ante el relator sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, por considerarlo una la vulneración de sus derechos.

A través de un comunicado, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) informó sobre la visita del relator a su sede en Lima, el pasado sábado 26 de febrero, para reunirse con su presidenta, Melania Canales Poma, y la secretaria de Juventud y Niñez de la organización, Karen Huere Cristóbal.

También, con las lideresas de bases Margarita Machacca Quispe, Guadalupe Flores Chacca, de la región sur andina de Puno, y María Luz Canaquiri Murayari, de la región amazónica, de Loreto.

Carencia de una institucionalidad indígena

En el encuentro, las representantes afirmaron que las actividades extractivas “impuestas sin cumplir con la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, envenenan la sangre y los territorios de los pueblos indígenas”.

Además, denunciaron que el Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas, “se niega a someter a consulta y consentimiento el otorgamiento de concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas”.

Las dirigentes enfatizaron también en la “carencia de una institucionalidad indígena en la estructura del Estado”, ya que, según indicaron, el Viceministerio de Interculturalidad “omite su obligación de promover y proteger los derechos colectivos” y también “desarrolla políticas regresivas en este tema”.

La Onamiap añadió que los derrames petroleros “que desde hace más de cincuenta años” sufren los pueblos amazónicos y los relaves mineros en los Andes “dejan miles de personas con metales pesados en la sangre, producen nuevas enfermedades, así como mujeres que no pueden concebir o sufren abortos espontáneos”.

“A eso se suman los ríos contaminados, donde ya no se encuentran peces, ganado que se envenena al beber sus aguas, tierras que ya no producen. En suma, la pérdida de sus actividades de sobrevivencia, la migración de la juventud, y el deterioro de la identidad cultural”, enfatizó la organización.

Garantizar los derechos humanos

De acuerdo con el comunicado, Orellana remarcó que su visita a Perú era académica y no oficial, pero manifestó que la obligación del Estado es garantizar los derechos humanos a los que se ha comprometido mediante tratados internacionales y que el rol de las organizaciones indígenas es exigir esos derechos.

Señaló que si bien la problemática expuesta “afecta a muchas personas y en muchos lugares”, lo hace en mayor medida a los pueblos y las mujeres indígenas que “viven en armonía con el medio ambiente, y este les da no solo sustento material, sino también espiritual y de identidad cultural”.

“Ustedes proporcionan lecciones para superar la emergencia climática”, indicó dirigiéndose a las lideresas indígenas.

Al concluir su visita a Onamiap, Orellana solicitó mantener el contacto y que se le haga llegar información sobre la situación de los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas en Perú.

Orellana también se reunió el viernes 25 de febrero con representantes de comunidades de la selva y de la costa peruana, quienes pidieron la ayuda de la ONU frente a los derrames de petróleo, un problema que las afecta desde hace décadas y está vigente en el país desde que en enero pasado se vertieran 10.400 barriles de crudo en el mar de Lima desde la refinería La Pampilla, que opera Repsol.