"No ha cambiado nada, ha avanzado el tiempo y siguen sin dar documentación", lamenta Consuelo García del Cid, superviviente del Patronato y una de las principales impulsoras de la lucha por el reconocimiento de las víctimas, que denuncia que las órdenes religiosas continúan sin facilitar los documentos que permitirían a muchas mujeres reconstruir sus años de internamientos.

"No ha habido ninguna reparación. Ni suficiente ni insuficiente. Ninguna", asevera la también superviviente Paca Blanco, que reclama medidas económicas y sanitarias para compensar las secuelas que aquella experiencia dejó en las vidas de las mujeres.

Aunque en los últimos meses el Gobierno ha dado algunos pasos para reconocer a las víctimas y preservar la memoria de esta institución, las supervivientes consideran que estos avances todavía no se han traducido en una reparación efectiva.

¿Qué fue el Patronato de Protección a la Mujer?

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista que, entre 1941 y 1985, privó de libertad a miles de niñas y jóvenes por comportamientos considerados contrarios a la moral del régimen. Las mujeres podían ser internadas sin haber cometido ningún delito, sin pasar por un juicio y sin posibilidad de recurrir su encierro.

Bastaba con no ajustarse al modelo de mujer sumisa, abnegada y dedicada al hogar, mantener relaciones consideradas inapropiadas o mostrar actitudes de disidencia política. La historiadora Carmen Guillén, autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), lo define como "una cárcel moral solo para mujeres".

El ingreso podía producirse tras una denuncia de la policía, las autoridades civiles, las celadoras o incluso de los propios familiares. Las jóvenes pasaban habitualmente por centros de observación y clasificación, donde eran sometidas a exámenes ginecológicos, psicológicos y morales para determinar su destino. Después podían ser trasladadas a centros de internamiento o maternidades para embarazadas fuera del matrimonio.

Aunque dependía económicamente del Ministerio de Justicia, buena parte de sus centros estaban gestionados por congregaciones religiosas, donde las internas sufrían aislamiento, humillaciones, insultos, castigos físicos, sustracciones de los bebés que daban a luz y restricciones para comunicarse entre ellas.

La institución, que formaba parte de un sistema más amplio de represión franquista contra las mujeres, continuó funcionando hasta 1985, diez años después de la muerte de Franco y ya en democracia. Sin embargo, todavía se desconoce el número exacto de víctimas debido a los enormes vacíos documentales y a las dificultades para acceder a los archivos.

Las congregaciones religiosas siguen sin entregar los expedientes

El 9 de junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) organizó un acto público en Madrid para pedir perdón a las supervivientes por los abusos cometidos en los centros gestionados por congregaciones religiosas. Sin embargo, las asistentes consideraron insuficiente aquel reconocimiento y reclamaron medidas concretas de reparación, entre ellas el acceso a sus expedientes.

Casi año y medio después del acto organizado por Confer, García del Cid asegura que las congregaciones religiosas apenas han avanzado en la entrega de documentación. "Tardan un montón en responder a los correos y dicen que no tienen nada", explica. La superviviente denuncia especialmente la falta de respuesta de la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, responsable de la maternidad de Peñagrande, en Madrid, uno de los centros señalados en las denuncias de sustracción de bebés.

"Ni contestan a los correos ni cogen el teléfono", sostiene García del Cid, quien recuerda que representantes de esta orden estuvieron presentes en el acto organizado por Confer, aunque no participaron en la petición de perdón.

Aunque algunas mujeres han logrado recuperar parte de su documentación, la mayoría continúa sin acceder a los expedientes que permitirían reconstruir lo ocurrido durante sus internamientos. En algunos casos, la búsqueda ha terminado pasando a manos de sus familiares porque las supervivientes han fallecido sin obtener respuestas.

Una reparación que para muchas no llega en vida

Encarnación Hernández Clotet tenía apenas 11 años cuando ingresó en un centro de las Hijas de San José, en Lleida, donde permaneció entre 1959 y 1964. Posteriormente fue trasladada a San Fernando de Henares, en Madrid, y no recuperó la libertad hasta los 21 años. Falleció el 14 de enero de 2020, sin haber obtenido el reconocimiento y la reparación por los que había luchado.

Trató de comprender lo sucedido desde que salió del internamiento, pero durante años se encontró con silencios y negativas. En 1999 decidió contar públicamente su historia en el programa televisivo Sabor a ti, presentado aquella jornada por Inés Ballester, para denunciar los abusos que había sufrido.

"Mi madre empezó una ardua lucha en el 99", rememora ahora su hija, Judith, quien continúa intentando reconstruir su historia y recuperar los documentos que acrediten los años de encierro de su madre.

Conserva fotografías, sobres y una carta con el sello de las Hijas de San José que demuestra el paso de su madre por el centro de Lleida. Sin embargo, después de meses de gestiones con instituciones públicas, archivos y órdenes religiosas, continúa sin conseguir su expediente.

En octubre, la congregación le comunicó que había revisado sus archivos, pero que no conservaba registros individuales de las niñas internadas.

La búsqueda de respuestas marcó buena parte de la vida de Encarnación, que sufrió graves secuelas psicológicas como consecuencia del internamiento, según relata su hija. "Ella solo quería saber el porqué. ¿Por qué una niña de 11 años hasta los 21 tuvo que pasar por eso?", se pregunta Judith.

Según explica, recientemente le han confirmado que su solicitud de reconocimiento ha sido aprobada, aunque todavía está pendiente de recibir la notificación oficial por escrito.

"Eso lo tenía que haber recogido mi madre", lamenta Judith.

Para Judit, recuperar los expedientes es una cuestión de justicia con su madre, pero también de memoria y de responsabilidad hacia las siguientes generaciones. "Yo soy madre de dos hijas. Quiero un futuro libre para mis hijas, no silenciado", defiende.

"Que lo entreguen todo", reclama, con la voz rota, a las instituciones y congregaciones religiosas. "Si todo se calla, se vuelve a repetir. Hay que alzar la voz. ¿Cuántas familias hay que están así?", insiste indignada.

Paca Blanco: "No ha habido ninguna reparación"

La falta de documentación es también uno de los principales obstáculos que denuncia Paca Blanco, superviviente del Patronato y presidenta de la Asociación de Supervivientes Las Olvidadas, constituida el pasado junio y que reúne a doce supervivientes y unas cuarenta socias colaboradoras.

Durante años ha intentado recuperar su expediente, pero las respuestas que ha recibido de los distintos centros han sido contradictorias. "En un reformatorio me dijeron que se habían quemado porque hubo un incendio, en otro, que se habían inundado", relata.

En el centro de Collado Villalba, gestionado por religiosas de Ancillae Coeli, asegura que una superiora le comunicó que habían destruido los archivos tras la entrada en vigor de la normativa de protección de datos.

La desaparición o falta de acceso a estos documentos obliga a muchas supervivientes a reconstruir sus historias a partir de recuerdos, fotografías y testimonios de otras mujeres que compartieron internamiento.

"Nos apoyamos unas a otras porque nos hemos conocido en los sitios y sabemos que lo que contamos es cierto", explica Blanco, que asegura que el único documento oficial que posee es el certificado de reconocimiento como víctima del franquismo expedido por el Gobierno.

Pero ese reconocimiento, insiste, no equivale a la reparación que llevan décadas reclamando.

"No ha habido ninguna reparación. Ni suficiente ni insuficiente. Ninguna", afirma.

"Las supervivientes se van muriendo y aquí no ha llegado ninguna reparación, excepto el diploma que nos dieron. Nos han dado un diploma para ponerlo en la pared", lamenta.

Precisamente por eso, la asociación Las Olvidadas reclama que el reconocimiento de las víctimas vaya acompañado de medidas de reparación económica, sanitaria y psicológica que permitan compensar las consecuencias que los internamientos han tenido en sus vidas. Entre ellas, reivindican indemnizaciones y pensiones que tengan en cuenta los años de libertad perdidos, las dificultades que muchas encontraron para acceder al mercado laboral y cotizar, y la precariedad económica que arrastran hasta la vejez.

También exigen atención médica y psicológica especializada para abordar las secuelas físicas y emocionales de los abusos sufridos, así como ayudas para cubrir necesidades básicas y garantizar una vivienda digna.

Blanco, de 77 años, está amenazada por un desahucio y reclama que ninguna superviviente tenga que afrontar sus últimos años en condiciones de precariedad.

"Nos ha dejado marcadas el Patronato. Necesitamos que nos traten hasta las últimas horas de nuestra vida como personas", concluye.

Los avances institucionales, todavía lejos de las reivindicaciones de las víctimas

También el Gobierno ha dado algunos pasos para recuperar la memoria de esta institución. El pasado 20 de marzo reconoció oficialmente a 53 víctimas del Patronato en un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid.

Cinco días después se constituyó la denominada Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que contará con una subcomisión específica para abordar los abusos del Patronato. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho público ningún informe con sus conclusiones sobre esta institución.

Más recientemente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática declaró el Patronato Lugar de Memoria Democrática, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de octubre, que reconoce su papel como instrumento de represión y control de las mujeres durante el franquismo.

Pese a estos avances, las supervivientes insisten en que los reconocimientos simbólicos no pueden sustituir a las medidas de reparación ni al esclarecimiento de lo sucedido en aquellos centros, algo que continúa obstaculizado por la falta de acceso a los expedientes.

Recuperar la memoria

Mientras muchas víctimas siguen esperando respuestas, en los últimos años las investigaciones históricas y los testimonios de las propias supervivientes han contribuido a recuperar la memoria del Patronato y a visibilizar las violencias ejercidas contra las niñas y jóvenes que pasaron por sus centros.

Entre estos trabajos destacan la investigación de Carmen Guillén y el libro Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato, de Esther López Barceló, Marta García Carbonell y Maria Palau, que reconstruye la historia de Inmaculada Valderrama, una adolescente de 14 años que murió en 1983 tras caer desde una ventana del centro en el que estaba internada. También el proyecto multimedia De aquellos polvos, de Helena de Llanos, reúne testimonios de supervivientes, documentos, fotografías y entrevistas con investigadoras en un archivo digital que busca reconstruir aquella historia a través de sus protagonistas.

Coincidiendo con el 85 aniversario de la creación de la institución, RTVE estrena este viernes la serie documental El Patronato, que, a lo largo de tres episodios, reconstruye su funcionamiento y sus consecuencias a través de los testimonios de supervivientes, familiares, especialistas y otras personas que conocieron esta institución.

Son investigaciones y proyectos que contribuyen a reconstruir una historia que durante décadas permaneció silenciada y que, como recuerda Paca Blanco, las propias supervivientes han tenido que impulsar.