El hallazgo del cuerpo de una mujer de 33 años que estaba reportada como desaparecida desde abril eleva a 70 el número de feminicidios registrados en lo que va de año en Bolivia, tal y como ha informado la Fiscalía General del Estado.
Según un cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público, 23 casos de los 70 registrados entre el 1 de enero y 25 de octubre han ocurrido en el departamento de La Paz. Otros 14 feminicidios han sucedido en la región central de Cochabamba y 12 en la oriental Santa Cruz, la más poblada de Bolivia. Estos tres departamentos conforman el llamado eje central del país.
El caso más reciente se ha reportado en Santa Cruz, donde se ha hallado el cuerpo de una mujer en una hacienda en el municipio de Warnes, acorde a la información de la Fiscalía de ese departamento en un comunicado de prensa. El hermano de la víctima había denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) a dos personas, incluida la pareja de la mujer.
Ante la desaparición en abril, sus familiares pensaron que se encontraba en Chile, pero recientemente han conocido que su pareja la asesinó y escondió el cuerpo con ayuda del segundo investigado.
Jimmy López, fiscal departamental de Santa Cruz, ha explicado que los agentes han detenido al hombre, que admite haber "asfixiado a la víctima" y se ha abierto un caso en su contra por el delito de feminicidio. Un informe forense preliminar ha confirmado el deceso por "asfixia mecánica por estrangulación, con una data de muerte aproximada de seis meses", según la Fiscalía.
La violencia contra la mujer en Bolivia
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, el Ministerio Público ha registrado 32.444 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013 y que castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana. De ese total, 23.397 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que la norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos, y alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la ley.
