La relatora de la ONU advierte que la violencia vicaria es un "problema global"

La relatora especial de la ONU sobre la Violencia Contra la Mujer, Reem Alsalem, ha advertido que la violencia vicaria -aquella que ejercen los maltratadores sobre las madres a través de sus hijos y que en algunos casos llega hasta el asesinato- se ha convertido en un "problema global" y no ha descartado la posibilidad de elaborar un informe mundial para 2023.

Mujeres Libres, Mujeres en Paz, la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista y Mamá está Castigada han sido las encargadas de organizar el I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, celebrado el pasado 20 de mayo, en Mérida. Al encuentro han asistido 800 personas de forma presencial y virtual y cuenta con una veintena de ponentes.

Informe mundial

Esta cita ha reunido por primera vez en España a representantes de asociaciones de mujeres y de instituciones del Estado a todos los niveles, además profesionales y víctimas.

En declaraciones a los medios, Alsalem ha explicado que ha trabajado casos de custodias y de alineación parental de España, pero también los hay en otros muchos países como Italia, Brasil, EEUU e Israel.

En vez de abordar casos individuales, pretende elaborar un informe para el Consejo de Derechos Humanos con el fin de reflejar que hay un problema global, hacer recomendaciones a lo estados y unir esfuerzos.

Se ha mostrado "feliz" de estar en este congreso, con el fin de "entender mejor el contexto", mostrar su solidaridad a las víctimas y buscar soluciones.

Alsalem fue una de las firmantes de un carta que exponía que los menores en España "están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos".

Violencia de género institucional

La relatora ha dicho que el Gobierno de España no les ha contestado, aunque tiene derecho a no hacerlo, pero ha considerado "un avance" que en este encuentro participen varios organismos del Estado.

La presidenta de Mujeres Libres. Mujeres en Paz, Ana María González Lupión, ha explicado que han organizado este congreso porque se dieron cuenta que solo con la unión de todas las partes implicadas se puede erradicar este problema.

González Lupión ha dicho que la violencia de género institucional lleva a castigar a prisión a muchas mujeres.

Este es el caso de Sara, uno de los 30 casos de violencia vicaria constatados que hay en Extremadura, que a su juicio es "un aviso a navegantes" para muchas mujeres, que no se van a atrever a denunciar.

Ha subrayado que cuando algún día salgan los datos a nivel nacional, como ha hecho Francia, se "va a tener una concepción diferente sobre este asunto".

"Resetear" el sistema

Francisca Granados, directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena (Granada) y abogada de Juana Rivas, ha resaltado que hay una "disonancia" entre los avances que van dando en el marco regulador y en la práctica.

Ha considerado que el caso de Juana Rivas ha sido una advertencia, ya que a su despacho han llegado mujeres diciendo que su abogado o en los juzgados le han comentado que si quiere ser "una ser una nueva Juana Rivas".

A su juicio, hay que "resetear" el sistema en su conjunto, pero eso no se conseguirá mientras no cambie "la mentalidad de los operadores del sistema judicial".

Granados ha señalado que de este encuentro pretender salir una propuesta de hoja de ruta con la idea de que se cumpla la ley.

"El problemas de Juana Rivas no fue de normas", ha aclarado, sino de que no se aplicaron.

"Falta de diligencia"

La fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha asegurado que no tiene la sensación de que exista esa disonancia entre la ley y su ejecución, ya que la nueva regulación limita el régimen de visitas cuando un de los progenitores está investigado por doméstica o de género.

De 1.600 resoluciones emitidas entre octubre y diciembre de 2021, el 70 % fueron suspensiones, lo que supone un incremento muy importante respecto a otros años, ha recalcado.

Paramato, que ha destacado el trabajo de la Fiscalía para unificar criterios, ha considerado que en algunos casos se podría hablar de "falta de diligencia", pero no de violencia de género institucional.

En su opinión, el objetivo único debe ser proteger a mujeres y niños, ya que si no se protege a ellas no se protege a sus hijos y viceversa.

Ha asegurado que hay muchas herramientas para proteger a los niños si son capaces de detectar esas situaciones de riesgo.

La consejera extremeña de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que España está a la vanguardia del mundo en la lucha contra la violencia machista, pero la ley, aunque es buena, no contiene todas las soluciones y hay especificidades que requieren de una revisión continua.