violencia vicaria

El jurado encargado de enjuiciar en la Audiencia de Zaragoza a un hombre (en la imagen) como responsable de la muerte de su hija de 3 años a la que asestó dos cuchilladas mientras dormía en el domicilio familiar en la capital aragonesa le ha declarado culpable, por unanimidad, de un delito de asesinato intencionado. EFE/Javier Cebollada

2021, el año en el que España visibilizó la crueldad de la violencia vicaria

Macarena Soto | Madrid - 10 diciembre, 2021

Olivia y Anna tenían seis y un año; Nerea y Martina, seis y dos, los mismos que Ruth y José, y Aramis tenía dieciocho meses de vida, fueron asesinados por sus respectivos padres con la intención que causar el peor de los maltratos a sus madres.

La violencia vicaria, como así ya se la conoce, es una forma de violencia machista que será incluida como tal en la legislación española a partir de 2022.

Desde 2013, fecha en que se empezó a registrar las muertes por violencia vicaria, 40 niños y niñas han sido asesinados por sus padres y cuatro por las parejas de sus madres en España, una trágica cifra que ha impulsado la introducción de este tipo de violencia en la actual normativa española para defender a los menores y revisar los regímenes de visita de padres maltratadores.

Según varias expertas consultadas por EFE, esta medida es un paso adelante en la protección de los menores, pero aún así denuncian que el sistema judicial desacredita a las madres cuando toman la difícil decisión de denunciar a sus parejas o exparejas y que el Estado ejerce una violencia institucional que las desampara.

En los últimos veinte años varios casos han sentado precedente en España, pero quizá el más reciente, el asesinato de las hermanas Olivia y Anna, ahogadas en el océano Atlántico frente las costas de la isla canaria de Tenerife, el pasado abril, fue relevante para que la violencia vicaria captara la atención de la sociedad española.

El primer precedente

El caso de Ángela González se convirtió en un precedente en España al demandar al Estado como responsable de la muerte de su hija por permitir una visita sin vigilancia durante la que su padre la mató, y en 2014 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) le dio la razón.

«Fue muy importante para Ángela porque llevaba diez años esperando a que le dijeran que la culpa no había sido suya, ella había confiado en las instituciones y le habían fallado», explica a EFE Gema Fernández, abogada de Women’s Link Worldwide, quien llevó su caso internacionalmente.

Pese al dictamen, el Estado español tampoco puso las cosas fáciles para aplicarlo, según reclama la letrada, quien explica que además de una indemnización se exigía una investigación y cambios estructurales en el sistema judicial.

Fernández alude al «Síndrome de Alienación Parental» (SAP), un argumento sin base científica que refiere a una posible manipulación del menor por parte de la madre y que el sistema judicial español ha pedido no aceptar en los juicios, pero pese a ello algunos magistrados «siguen usándolo sin nombrarlo» en sus sentencias, critica.

La trabajadora social Celia Garrido asiste a supervivientes de violencia de género y señala también al Estado y al sistema «patriarcal» por ejercer lo que define como «violencia institucional» contra estas mujeres y sus hijos.

«La violencia que resulta totalmente inconcebible e inaceptable es la institucional, las instituciones multiplican el daño porque no reconocen la violencia que mujeres y niños reciben y les exponen a otras violencias», subraya.

La denuncia no es exigible a la víctima

Garrido considera que «nunca» se puede «forzar» a las víctimas a denunciar y critica que una vez se atreven a hacerlo corren el riesgo de que el proceso se les vuelva en contra.

El caso de Juana Rivas, condenada en 2017 a prisión por sustracción de menores porque no quería dejarles con su padre, condenado por maltrato de género es «un aviso a navegantes».

El presidente de SOS desaparecidos y portavoz de Beatriz Zimmerman, a madre de Anna y Olivia mientras buscaban a sus hijas, Joaquín Amills, insiste en que el peso de la denuncia no puede recaer en la madre.

«Pretendemos que la víctima abra los ojos y es la última que va a hacerlo, tenemos que convencer a todo su entorno de que cuando detecten esas luces rojas cobijen y animen y auxilien para que dé el paso», pide Amills.

«Tenemos más de 3.000 niños sustraídos por uno de sus progenitores, no podemos permitirlo, que se los lleven a otros países donde es dificilísimo recuperarlos, pasan los años y los niños prácticamente ni se acuerdan de su progenitor, nos olvidamos que no hablamos de derechos de padres y madres sino de los niños de tener una vida digna», asegura.