esterilización forzada indígena Panamá

Recursos de la entrevista realizada a la activista Lucy Córdoba vía Zoom.

Un caso de esterilización forzada rompe la cultura indígena de silencio en Panamá

Giovanna Ferullo M. | Ciudad de Panamá - 28 marzo, 2022

Una mujer indígena de Panamá ha tenido el «coraje» de denunciar una supuesta esterilización forzada de la que fue víctima y ha roto «la cultura de silencio» que arropa a esta y otras formas de violencia en las comarcas, como las violaciones y el incesto, según ha asegurado a Efe la activista Lucy Córdoba, quien acompañó al Ministerio Público a esta «sobreviviente».

Solo ella, una mujer que cuya identidad se mantiene en reserva para «no revictimizarla», se ha apersonado ante la Fiscalía para dar su testimonio. Pero, según Córdoba, no es la única víctima de presunta esterilización sin consentimiento.

«Algunas» de las residentes de Charco La Pava, una empobrecida comunidad indígena situada en la provincia occidental de Bocas del Toro, «fueron forzadas a esterilizarse, algunas fueron esterilizadas, otras tuvieron un poquito más de fuerza y pudieron impedirlo», ha aseverado Córdoba, quien tiene 15 años en el activismo a favor de las personas que viven en las zonas más pobres y olvidadas del país.

Los primeros relatos de estos casos de presunta violencia obstétrica los recibió Córdoba el pasado septiembre, durante una visita a Charco La Pava para investigar un brote de Leishmaniasis. Una comisión parlamentaria también acudió a esa comunidad.

«Quiero justicia», dijo la presunta víctima a Córdoba a finales de febrero pasado, días después de que la diputada independiente Walkiria Chandler desvelara los casos de supuesta esterilización en una polémica interpelación parlamentaria que lanzó a la palestra pública el tema.

«No sabíamos que lo iban a sacar a la luz pública (tan pronto) queríamos recopilar más testimonios» de las presuntas víctimas, ha admitido Córdoba.

Una investigación complicada

El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, declaró recientemente que la investigación de las supuestas esterilizaciones forzadas «va avanzando» pese a «tropiezos», como que «por un tema cultural los originarios han bloqueado de alguna manera» que los fiscales que se han trasladado a Charco La Pava «hagan entrevistas para ahondar más en ese hecho».

Es un asunto muy íntimo, ha recalcado Córdoba, que precisó que la única víctima que ha atestiguado en el Ministerio Público pidió que la atendiera una fiscal, no un hombre.

«Dentro de la cultura ngäbe, para una mujer la maternidad, el embarazo, es algo sagrado, es algo para ellos muy valioso. Desde este punto, ellas cuando se acercaron a mi persona para darme sus testimonios, solamente me lo dijeron a mí porque soy mujer. Ni siquiera sus esposos, ni siquiera la comunidad lo sabe», ha asegurado.

Las supuestas esterilizaciones sin consentimiento se habrían realizado en el hospital Raúl Dávila de la Caja del Seguros Social (CSS) en Changuinola, ha afirmado Córdoba. Efe ha intentado sin éxito obtener un comentario del ente sanitario.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha recalcado que «hay solo una supuesta víctima» de un procedimiento que no habría sido realizado «ni por el Ministerio de Salud ni por la CSS».

«En caso de que haya sido así, en una sola persona (practicar una esterilización forzada) es atroz, pero no es una conducta del país o de los galenos el país», ha aseverado Leblanc.

La cultura del silencio

«Creo que se ha abierto una puerta. El que una superviviente haya tenido el coraje de denunciar es heroico, por la cultura de silencio que hay en las áreas indígenas. Estamos ahora abriendo un compás. No sabemos a qué cantidad de mujeres llegaremos que se atrevan a denunciar», ha dicho la activista.

Esa forma de afrontar las situaciones, diciendo «me pasó, quedarse en silencio y que nadie se dé cuenta», ha servido para ocultar graves violaciones: «No solo estamos hablando de esterilizaciones forzadas. También de violaciones, de incesto».

Córdoba ha citado el caso destapado semanas atrás de la niña indígena embarazada a los 8 años por un violador que era una persona cercana a ella, y quien fue sometida a una cesárea para consternación de muchos en Panamá.

También los casos registrados en la provincia occidental de Chiriquí de una niña de 12 años violada y embarazada por su abuelo y el de otra pequeña también violada pero por su padre, de quien tuvo un hijo. Y no son los únicos, hay muchos más.

En el caso de la niña violada por su abuelo «los familiares trataron de tenerla secuestrada, cuando la fuimos a rescatar tenía 7 meses» de gestación, ha relatado la activista, que denunció que se está ante «una cultura patriarcal que a la gente no le gusta escucharla».

Otras formas de violencia obstétrica

Las mujeres originarias también son víctimas de supuestas negligencias en atención médica: «Tengo el caso de una hermana indígena que perdió un embarazo de 4 meses y la enviaron a su casa para 15 días después hacer un curetaje», ha dicho Córdoba.

Y está el caso de «Eneida, que fue atendida en el hospital de Almirante del seguro social y regresada a su casa con dolores, le dieron unos medicamentos. Muere en brazos de su madre Ana Castillo».

Córdoba, que ha informado que esta misma semana presentó ante la Fiscalía un testimonio en vídeo de una indígena víctima de supuesta violencia obstétrica, aseguró que muchas de ellas «prefieren atenderse con parteras por el temor a las negligencias y los tratos discriminatorios que reciben en el hospital».

«Estas mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica, de esterilizaciones forzadas y de otro tipo de violencias a veces son amenazas, intimidadas por los mismos hombres de sus comunidades», ha afirmado Córdoba.