Colombia investigará crímenes sexuales cometidos durante el conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha anunciado que próximamente abrirá un macrocaso que tratará sobre “la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas en el marco y con motivo del conflicto armado”.

El anuncio lo ha hecho el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, durante la rueda de prensa en la que se habló sobre la apertura del macrocaso 10, que investigará un abanico de graves crímenes cometidos por la extinta guerrilla de las FARC durante el conflicto armado en Colombia.

Este caso es una petición que han hecho las organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo y que, a pesar de que la JEP ya estudia violencia sexual en otros casos, no había un único para este tema por lo cual las denunciantes consideran que hay una “impunidad histórica” en los delitos de género.

Según han dicho los magistrados, este y otros dos macrocasos “continúan en etapa de concentración por la gran cantidad de informes” que aún se analizan.

Crímenes sexuales en el conflicto armado de Colombia

La magistrada Julieta Lemaitre ha explicado que si bien la JEP “sigue pensando que la violencia sexual es parte de muchos patrones”, también han prestado mucha atención a los informes que han recibido de la sociedad civil “en los que hay crímenes sexuales, homicidios o trabajos forzados cometidos por una motivación distinta, por razones de orientación sexual, principalmente, pero también por razones de sexo”.

“Un ejemplo es cuando los actores armados violan a mujeres jóvenes porque las encuentran solas, y ahí el motivo que parecen tener para cometer la violación es porque es una mujer sola. También encontramos diversos crímenes contra personas que visiblemente tienen una orientación sexual diversa. Entonces esos son los crímenes que empezaremos a estudiar”, ha sostenido.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha celebrado la apertura de este caso que considera “un paso transcendental para el reconocimiento de sus derechos y la lucha contra la impunidad”.

También han mostrado su agradecimiento organizaciones feministas como Sisma Mujer o Women’s Link y LGTBI como Colombia Diversa que entregaron informes documentando estos crímenes a la JEP. En un comunicado conjunto, las organizaciones consideraron “una respuesta adecuada para la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBT” que han sufrido violencia.

En una entrevista con Efeminista, la periodista colombiana Jineth Bedoya aseguró que, en conjunto con varias organizaciones, se han documentado “más de 40.000 casos”.

“Quienes hemos estudiado el conflicto armado en Colombia sabemos que una de las políticas tanto del paramilitarismo, la guerrilla de las FARC y algunos agentes del Estado era castigar a través de la violencia sexual para hacerle daño a su contrario”, explicó.

La JEP, que trabaja de la mano con las víctimas, emite imputaciones a actores grupales y máximos responsables de delitos colectivos que si aportan verdad y reconocen los crímenes se someten a sanciones propias que no incluyen la privación de libertad, pero que si no los reconocen se enfrentan a un proceso judicial que incluye penas de hasta 20 años de prisión.