La violencia reproductiva, un peligro latente en el conflicto armado colombiano

Anticoncepción, embarazo, maternidad y aborto forzado y censura de información sobre servicios de salud reproductiva son las principales violencias reproductivas que sufrieron mujeres y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Así lo identificó el Centro de Derechos Reproductivos en un informe que presentó ante la Comisión de la Verdad.

“La violencia reproductiva se refiere a las prácticas que violan la capacidad de las personas de decir si quieren tener hijos o no y en qué momento, así como la posibilidad de acceder a información y servicios de salud para hacer efectivas esas decisiones”, señala Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 

“Todos los actores armados ejercieron violencia contra nuestros cuerpos”, recalca Martínez, quien afirma que esa violencia “le arrebató a las mujeres y niñas la capacidad de decidir sobre su presente y futuro en el ámbito de la reproducción y con ello también de la maternidad”.

Los hallazgos del informe

El Centro realizó un análisis de 68 documentos e informes públicos y encontró que se identificaban casos, de manera esencial y acertada, que daban cuenta de violencias sexuales pero también de una caracterización más específica como las reproductivas.

“Estas violencias no han sido inauguradas por los actores armados, más bien, se sustentan en la continua naturalización de las violencias de género ejercidas en la vida cotidiana de niñas, jóvenes y mujeres en todo el país”, señala el informe.

Datos de ONU Mujeres develan que ha habido cerca de 28.000 víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano, de las cuales el 91%  son mujeres y niñas.

Por medio de la investigación, el Centro detectó siete tipos de violencias reproductivas más una forma de violación de los derechos reproductivos que deriva de acciones del Estado: los abortos involuntarios causados por las aspersiones de glifosato.

Además, dentro de la documentación analizada se encontró que el Estado ejerció violencia reproductiva institucional. “Esto sucedió en los casos en los que el personal médico se negaba a atender o interrumpir embarazos producto de una violación en el marco del conflicto armado”, explica el Centro de Derechos Reproductivos.

Visibilizar las violencias reproductivas

El Centro considera que es momento de “dar un paso más” para que el Estado colombiano reconozca las violencias reproductivas como una categoría autónoma. Esto con el objetivo de “ofrecer a las víctimas reparaciones apropiadas y acertadas”.

“Es necesario visibilizar estas vulneraciones reproductivas pues han constituido una de las múltiples formas de las violencias sexuales”, sostiene el organismo. 

Reconocer estas violencias, asegura Catalina Martínez, permite identificar que tienen afectaciones e impactos propios “que deben ser analizados en toda su dimensión, reconocidos y tomados en cuenta para futuras reparaciones de los daños sufridos y medidas generales de no repetición”.

Una lucha que se ha estado llevando también desde ONU Mujeres Colombia. Su directora, Ana Güezmes, dijo a Efeminista el año pasado que aunque Colombia tiene un “amplio marco legislativo” para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, “las cifras revelan la persistente pandemia de violencia debido al género”.

“Los actores ilegales que existen en el territorio siguen cometiendo violencia contra las mujeres. Por eso nuestra llamada es a redoblar la protección y la prevención”, dijo la representante de Naciones Unidas.

En el informe el Centro de Derechos Reproductivos explica cómo los actores armados ejercen control sobre las relaciones afectivas y definen la manera de vestirse, de comportarse y de relacionarse de las mujeres. Además, detalla las formas específicas en que se opera dicho control, es decir, cómo se traduce en violencias reproductivas que han sido ejercidas en el conflicto armado.

Las recomendaciones del Centro

El Centro recomienda a la Comisión de la Verdad reconocer la violencia reproductiva de forma independiente. Además cómo ésta ha afectado de manera desproporcionada a niñas, mujeres y personas LGBTI.

También que dimensione los daños físicos y emocionales en víctimas y comunidades para trabajar con ellas con el objetivo de definir formas acertadas de reparación.

Por último, que el Estado establezca sistemas que aseguren el acceso a información y educación en servicios de salud sexual y reproductiva integral, “pues solo así se garantizarán los procesos de no repetición de estas violencias”.

“El Centro cree en la Comisión de la Verdad, estamos de su lado para contribuir como organización global a la construcción de paz. Acompañamos todos los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano. Esto incluye la reparación, justicia y verdad para las víctimas de la violencia reproductiva”, afirma Martínez.