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La apertura de los centros de crisis en España requeridos por ley, en riesgo por los obstáculos

A cuatro meses de la fecha límite para la apertura de 52 centros de crisis 24 horas en España, la situación revela un panorama lento y preocupante: solo siete de estos centros están en funcionamiento y muchas provincias enfrentan serios obstáculos para cumplir con la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, que exige un centro en cada provincia para asistir a víctimas de violencia sexual.

Hasta la fecha, los centros operativos están en Cantabria (Santander), País Vasco (Bilbao y Vitoria), Murcia (El Palmar), Navarra (Pamplona), Melilla y Castilla-La Mancha (Albacete). Además, según el Ministerio de Igualdad, se prevé que próximamente abran sus puertas los de Madrid, San Sebastián, Teruel, Huesca, Toledo y Guadalajara.

En varias provincias, la implementación de los centros de crisis 24 horas enfrenta problemas por la dotación inmobiliaria. En Castilla y León, por ejemplo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades declaró desierto el concurso público para esos espacios en Burgos, Palencia y Ávila, y ahora considera abrir un procedimiento de compra directa de los inmuebles. Canarias también ha cambiado el procedimiento a la "adjudicación directa" por el mismo motivo.

Y en Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha criticado de forma severa a la Consejería de Servicios Sociales por el retraso en la construcción del centro para mujeres víctimas de violencia sexual.

"Confiamos en que estén abiertos a finales de año. Es difícil hacer un seguimiento detallado, pero parece que el Ministerio de Igualdad lo está haciendo y los abrirán en plazo", afirma en una entrevista con Efeminista la directora de la Fundación Aspacia, Virginia Gil.

En España se denuncian 13 violaciones al día

La preocupación persiste entre organizaciones y asociaciones de víctimas de violencia machista ya que, como advierte Gil, la falta de centros operativos hasta ahora podría ser un indicativo de problemas futuros en su funcionamiento y en el apoyo adecuado a las víctimas.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que entró en vigor en marzo de 2023, daba un plazo inicial de seis meses para poner en marcha estos centros, periodo que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024. La financiación procede de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Si no se cumple el plazo, se tendrían que devolver los fondos europeos, según confirman fuentes de Igualdad.

Antes de que entrara en vigor la ley existían dos centros de este tipo en Asturias (2020) y en Madrid (2019), que no están financiados por los fondos Next Generation.

En España se denuncian 13 violaciones al día, es de decir, una cada dos horas, según el Balance de Criminalidad de Interior del primer trimestre de 2024.

Entre enero y marzo de este año el total de denuncias por delitos contra la libertad e identidad sexual han crecido un 6,4 % hasta las 4.568, es decir, más de dos denuncias por agresión sexual a la hora (con y sin penetración). En este cómputo no se incluyen los delitos que se perpetran online.

En 2023, se denunciaron 21.825 delitos sexuales en España y un 42 % de las víctimas de esa violencia sexual fueron menores.

¿Qué son los centros de crisis 24 horas?

"La existencia de centros especializados en violencia sexual es crucial para asegurar que las víctimas reciban la atención integral que necesitan, y no se pierda el foco de la urgencia y la necesidad de una respuesta inmediata", asegura Gil.

Estos espacios están diseñados para proporcionar atención integral de emergencia e inmediata a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como si ha ocurrido en el pasado.

Funcionan como puntos de referencia esenciales, ya que ofrecen una red de apoyo que incluye intervención psicológica, asistencia legal y derivación a servicios médicos, además de orientación y formación para enfrentar el proceso judicial y social.

"Trabajamos en la emergencia y en la inmediatez", explica a Efeminista la coordinadora del centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid, Begoña Moreno.

Los centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual surgieron en la segunda mitad del siglo XX, impulsados por el movimiento feminista y la segunda ola de los años 70. En Estados Unidos y otros países anglosajones, grupos de concienciación revelaron la violencia sexual como un problema sistémico y llevaron a la puesta en marcha de los primeros centros en 1972 en Washington D.C. y en 1976 en Londres. Este modelo se ha expandido a nivel global, con espacios de este tipo en países como Canadá, Australia y varios europeos.

Abierto 24 horas del día, todos los días del año

El centro que coordina Moreno en Madrid está situado en un edificio céntrico, accesible y cuenta con varias áreas diseñadas para atender a las víctimas con la máxima comodidad y privacidad. Este centro se inauguró en 2023 para ampliar el servicio que ya presta desde 2009 el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM).

"Trabajamos las 24 horas del día, todos los días del año, para asegurar que cada mujer reciba el respaldo necesario en los momentos de crisis", explica Moreno.

En la entrada, un equipo de recepción está disponible a todas horas para recibir llamadas a la línea de emergencia 900 59 93 16 y coordinar la atención inmediata. "La línea 900 recibe llamadas de las víctimas directamente, así como de familiares o personas de apoyo", explica Moreno, para quien la atención telefónica es uno de los pilares del servicio por ser, en muchos casos, la puerta de entrada al centro y el primer contacto con las mujeres.

Interior del centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid. EFE/Laura de Grado

Funcionamiento y protocolo de atención

Al llegar al centro, las mujeres pasan por una entrevista inicial con una trabajadora social que evalúa sus necesidades y coordina el apoyo necesario. A partir de ahí, se les asigna un equipo de referencia que incluye profesionales de las tres áreas principales: psicológica, social y jurídica.

Pueden llegar porque han llamado o acudido ellas mismas de forma presencial o por derivación de cualquier recurso público o privado, incluido el 016.

Rocío, trabajadora social del centro, explica que la acogida es parte crucial del proceso. "La acogida se realiza inicialmente con la trabajadora social, quien detecta las necesidades y coordina la intervención con los otros profesionales del equipo", relata. La intervención puede incluir atención psicológica inmediata, asesoramiento legal y apoyo social, según las circunstancias de cada caso.

Esta atención integral, que Rocío describe como "clave", no se limita al momento de la crisis. El equipo trabaja con las víctimas a lo largo del tiempo para brindar apoyo continuo durante el proceso judicial y la recuperación emocional.

La mayoría de las mujeres atendidas ha sufrido violencia sexual en el ámbito laboral, familiar y de allegados. En la mayoría de los casos son mujeres jóvenes españolas, según explican las profesionales del centro.

Coinciden, además, en que "frente al mito que rodea la violencia sexual, la mayoría de los agresores son personas conocidas".

Actualmente hay casi 300 expedientes abiertos, de los cuales solo la mitad de las víctimas ha presentado una denuncia formal.

El reto es conseguir atención médica especializada

La falta de implementación y la demora en la apertura no es el único reto que enfrentan los centros. Uno de los principales desafíos es garantizar la coordinación efectiva entre los diferentes servicios (hospitales, fuerzas de seguridad, juzgados, servicios sociales...).

"La coordinación externa con otros recursos, como hospitales y juzgados, es crucial para ofrecer una respuesta completa", señala la trabajadora social Rocío.

Desde julio de 2022 funciona en Madrid el Código VISEM, un protocolo diseñado para coordinar la actuación de diferentes servicios en casos de violencia sexual que se activa cuando una víctima acude a un hospital. Inmediatamente, el hospital notifica a las fuerzas de seguridad y a los servicios sociales, quienes se coordinan para asegurar que la víctima reciba atención médica, psicológica y legal de manera rápida y eficiente.

Entre las preocupaciones de Aspacia está que los centros de crisis no se reduzcan a meras líneas telefónicas o servicios de información. "Deben ofrecer una atención integral. No son simplemente líneas telefónicas. Deben proporcionar acompañamiento, atención psicológica, asesoramiento jurídico y atención social desde el primer momento", asevera su directora, Virginia Gil.

Además, la ley del "solo sí es sí" en el art. 33 establece que las víctimas deben recibir "atención médica especializada en los centros sanitarios y psicológica", pero la implementación actual plantea dificultades, explica.

"El hecho de que esta atención se realice en hospitales, generalmente en urgencias, dificulta la especialización debido a la rotación del personal y la saturación de los servicios", continúa Gil.

Explica que en otros países la atención especializada se brinda en centros ubicados dentro de las instalaciones sanitarias, con personal exclusivo, lo que se traduce en una coordinación más eficaz.

Mediación intercultural y enfoque comunitario

Desde Aspacia también ponen de manifiesto su preocupación sobre la falta de mediación intercultural en los modelos de atención.

"Es importante que los recursos estén adaptados a las necesidades de mujeres migrantes y otros colectivos que a menudo no tienen acceso a los servicios públicos. La mediación intercultural y la inclusión de profesionales con experiencia en estos contextos pueden ayudar a superar estas barreras", asegura Gil.

Otro aspecto clave mencionado es la necesidad de abordar la violencia sexual desde un enfoque comunitario y grupal, además de la atención individual.

"La intervención grupal permite a las mujeres tejer redes, identificarse con otras que han pasado por situaciones similares y comprender la violencia desde una perspectiva más amplia", explica.

La actual ley se centra principalmente en la atención individual, pero Gil considera que una intervención comunitaria más estructurada es esencial para abordar eficazmente las violencias machistas.