El Congreso español decide sobre una ley para la prostitución, sin datos

El Congreso de los Diputados decide esta semana si se cambia la legislación española sobre la prostitución, marcada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza, y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía de la situación.

Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, lo que significa penar el lucrarse por destinar un inmueble u otro espacio para que una persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento, son las cuestiones que plantea el PSOE a través de una proposición de ley sobre la que tiene que pronunciarse la Cámara Baja este martes, 21 de mayo. Actualmente, España sólo condena las conductas de prostitución coactiva, es decir, obligar a una persona a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño, la prostitución de menores y la trata.

El debate sobre la prostitución, que también se abordó -aunque sin resultados- la pasada legislatura, genera una gran división entre los socios gubernamentales y parlamentarios del Ejecutivo.

Y más allá de los muros del Parlamento, dentro del movimiento feminista, existen grandes disensos ideológicos, con posturas que van desde la regulación (reconocer esta actividad como un trabajo) a la abolición (por considerar que es una forma de violencia contra la mujer).

Ni siquiera en la sociedad española parece haber consenso sobre cómo abordar esta situación, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el año pasado: un 32 % dijo estar a favor de castigar a los "prostituidores", otro 32 % aseguraba que pagar por sexo es inaceptable pero no debería ser reprochable legalmente y el 28 % opinaba que es aceptable intercambiar dinero por el acceso al cuerpo de una mujer.

Las estadísticas

Una realidad que condiciona el encendido debate sobre la prostitución es la falta de estadísticas oficiales. Se sabe que una amplísima mayoría de personas en situación de prostitución son mujeres y niñas y que quienes pagan por acceder a sus cuerpos son, en su mayoría, los hombres, pero no hay cifras oficiales o las que hay quedaron anticuadas.

Esta imprecisión ha llevado a algunos partidos políticos a criticar que se quiera legislar sin disponer de una radiografía precisa de la situación, como el PNV, que llegó a solicitar la pasada legislatura que se creara una subcomisión en el Congreso precisamente para ahondar en su estudio.

Las últimas cifras oficiales de personas en situación de prostitución datan de 2010, cuando se contabilizaron entre 300.000 y 400.000 personas, de las cuales más del 90 % eran mujeres y un 80 % extranjeras, según publicó ese año la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este organismo añadió que el 39 % de los ciudadanos varones ha pagado por sexo en España. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) limitaba esa cifra a 45.000 en 2012.

La Encuesta Nacional de Salud Sexual, del CIS, advertía en 2009 que el 32 % los hombres recurren a la prostitución en España. Algo más reciente es el 'Informe Juventud en España 2020', del Injuve, en el que se precisaba que el 10 % de los hombres jóvenes (de 15 a 29 años) ha pagado por prostitución.

Faltan datos actualizados

Pero estos datos oficiales necesitan ser actualizados. Para atajar este problema, el Ministerio de Igualdad puso en marcha la pasada legislatura un estudio sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual, que verá la luz a lo largo de 2024 y cuyo objetivo es cuantificar el número de mujeres y niñas en esta situación, así como determinar su distribución geográfica.

Tampoco hay datos concluyentes sobre el porcentaje de personas en contextos de prostitución que son obligadas a prostituirse (explotación sexual) o víctimas de trata con explotación sexual.

Desde el Consejo de Europa a Amnistía Internacional, pasando por el Defensor del Pueblo, han incidido en la necesidad de disponer de estadísticas sobre esta materia.

El propio Gobierno de coalición reconocía el año pasado que "numerosos estudios e informes señalan que la inexistencia de datos sobre trata imposibilita conocer la dimensión y el número de víctimas tanto en el mundo como en España, lo que repercute negativamente en la elaboración de políticas públicas eficaces al respecto".

Víctimas y vulnerabilidad

Cada año, el Ministerio de Interior ofrece datos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual (294 en 2023) y de explotación sexual rescatadas (370), así como de aquellas que ha identificado como potenciales víctimas de ambos crímenes (7.049 el año pasado, un 6 % más que en 2022), pero son sólo cifras vinculadas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Año tras año, una abrumadora mayoría de las víctimas rescatadas son mujeres y de nacionalidad extranjera.

Al margen de las instituciones, hay entidades del tercer sector e investigadoras feministas vinculadas a la academia que tratan de aportar luz a esta cuestión.

In Género, una ONG  que presta atención y acompañamiento a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución en nueve comunidades autónomas, ha publicado los resultados de una investigación realizada a partir de 4.500 encuestas. La entidad concluye que en España hay entre 25.000 y 30.000 personas en esos contextos, la mayoría mujeres, y que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se lleva a cabo esta práctica.

Según In Género, el 45 % de estas personas están en prostíbulos; el 51 %, en pisos, y el 4 %, en la calle.

Numerosas organizaciones que atienden a mujeres en situación de prostitución en España coinciden en que la mayoría están afectadas por múltiples vulnerabilidades: pobreza, nacionalidad, situación administrativa irregular, cargas familiares, violencia previa, falta de red social...

El Instituto de las Mujeres alerta que el sistema prostitucional está cambiando. Este traslada, desde la pandemia, su actividad de prostíbulos y calles a pisos y al espacio digital, entornos más invisibilizados, lo que dificulta aún más su detección.