La CEDAW pide a España medidas más enérgicas contra la prostitución y el trabajo forzado

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) ha pedido a España mejores medidas para combatir la trata de mujeres, a menudo migrantes, con fines de prostitución así como el trabajo forzado en el sector agrícola, y ha denunciado que el país carece de legislación completa contra estas prácticas.

El comité ha publicado estas y otras conclusiones tras el noveno examen de la situación de España en el comité y ha destacado que la mayoría de las víctimas de este tráfico no se detectan por los controles fronterizos y carecen de acceso a la justicia.

También ha criticado la limitada definición del proxenetismo en la legislación española. Y ha pedido a las autoridades del país que garanticen la pronta adopción de un proyecto de ley orgánica contra el tráfico y la explotación de seres humanos, con el fin de reducir el número de mujeres que son víctimas.

El informe celebra las reformas legislativas que España ha emprendido en favor de la igualdad desde su anterior comparecencia en 2017, como las leyes orgánicas que este año se promulgaron para promover la igualdad de personas trans o la reforma del aborto. Así como la Ley de Memoria Democrática en 2022, “que reivindica el rol activo de las mujeres en la lucha por la democracia”.

Reformas legales

Sin embargo, el comité de Naciones Unidas muestra preocupación por la “limitada eficacia” que pueden tener algunas de estas reformas legales, “en lo que respecta al acceso al aborto, a las garantías para mujeres refugiadas y migrantes, y a la justicia”.

En este último punto el comité recuerda que desde que entró en vigor en 2004 la Ley Integral contra la Violencia de Género, se han establecido 113 juzgados que están especializados en la investigación de estos casos pero “el procesamiento de los perpetradores ha sido insuficiente”.

Ello se ha debido “a una cultura judicial que no ha incorporado del todo” la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

El comité señala que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 (también conocida como “ley del sólo sí es sí”) logró “eliminar la carga de la prueba sobre la víctima”, pero critica que su aplicación retroactiva “ha llevado a un significativo número de reducciones de condenas y puestas en libertad” de agresores sexuales.

Esta ley, que ha despertado polémica en España a lo largo de las últimos meses, se reformó en abril por Congreso y Senado.

Participación de políticas en el Gobierno

Entre las distintas recomendaciones emitidas por la CEDAW a España, este sugiere la inclusión del “asesinato machista” en las leyes españolas, el fortalecimiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer o la colaboración con la Unión Europea para adoptar legislación que mitigue los riesgos que la inteligencia artificial plantea en materia de discriminación contra las mujeres.

El comité destaca el positivo desarrollo de la participación de las mujeres en el Gobierno español, donde hay 14 ministras por ocho ministros, y en el Legislativo (44 % de diputadas y 39 % de senadoras), pero subraya que la presencia de éstas en otras áreas de la vida pública “sigue siendo baja”.

Pone como ejemplos los altos tribunales, especialmente el Constitucional, “los deportes, la carrera diplomática o el sector privado”.

Aunque el comité celebra la creación en 2020 de un Ministerio de Igualdad (ya había existido previamente entre 2008 y 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero), considera que su coordinación con el Instituto de la Mujer e instancias similares de las comunidades autónomas es insuficiente.

El examen a España se celebró el pasado 16 de mayo, y la delegación española estuvo presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.