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Violencia sexual "endémica" e impunidad en las escuelas de Ecuador

Paola Guzmán Albarracín era una adolescente de 14 años que vivía en Guayaquil, Ecuador, y que entre 2001 y 2022 fue violada y acosada sexualmente por el vicerrector de la escuela pública en la que estudiaba, pero nadie en la institución educativa la creyó ni la protegió y ella se suicidó. Veinte años después, su madre, Petita, encontró justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, casos como el de Paola siguen sucediendo en las aulas ecuatorianas en medio de la impunidad.

Así lo alerta una reciente investigación de Human Rights Watch (HRW), que señala que, "a pesar del compromiso de las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica" en las escuelas y colegios de Ecuador y "muchas víctimas no encuentran justicia" por estos delitos.

Sólo entre enero de 2020 y junio de 2024, el Ministerio de Educación del país andino reportó 2.827 casos de violencia sexual, una cifra que se eleva a 6.516 si se contabilizan los abusos detectados en la última década, según recoge HRW.

Los agresores están en todos los niveles: son docentes, autoridades escolares, conserjes, personal administrativo, otros estudiantes e incluso los conductores del transporte que las lleva hacia sus casas.

"Nosotras siempre decimos que hay un subregistro oculto, sobre todo porque la violencia de género, la violencia sexual arraigada en el ámbito educativo está cargada de los estereotipos que estuvieron circulando alrededor del caso de Paola hace 22 años", dice a Efeminista Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer (Cepam) y abogada de la familia de Paola Guzmán Albarracín.

En las escuelas, agrega Martínez, todavía se sigue minimizando las situaciones, "sigue habiendo un espíritu de cuerpo entre el personal docente, se sigue culpabilizando a las adolescentes y por lo tanto se sigue acrecentando la impunidad frente a estos casos". Esto provoca que las niñas, niños y adolescentes piensen que no se las escuchará, acompañará o protegerá si deciden contar y denunciar las agresiones.

Este 14 de agosto es el Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, creado en 2021 en Ecuador en cumplimiento de la pionera sentencia.

La violencia sexual en las aulas de Ecuador

La organización de derechos humanos detecta que aunque Ecuador "ha tomado medidas significativas para combatir la violencia sexual en las instituciones educativas y acelerar la justicia para las víctimas", especialmente después de la sentencia de la Corte por el caso de Paola, estas siguen siendo insuficientes y se han desarrollado de manera lenta frente a la realidad que viven las infancias.

Al menos 6 de cada 10 estudiantes en el sistema educativo público ecuatoriano ha experimentado situaciones de violencia, según cifras oficiales.

"Las medidas de prevención de Ecuador no están a la altura de la magnitud de la violencia sexual en las instituciones educativas y de la urgente necesidad de implementar su compromiso de tolerancia cero contra esta", se señala el informe.

A pesar de los protocolos que exigen al personal de las escuelas de Ecuador denunciar la violencia sexual, dice HRW, no sucede siempre. Entre las razones principales por las que los casos no llegan a la justicia están la falta de conocimiento y seguimiento de los protocolos vinculantes del Ministerio de Educación; la prioridad del prestigio y la reputación de la institución educativa sobre la necesidad de proteger a sus estudiantes, reducir los abusos y responsabilizar a los perpetradores; y una notable escasez de personal de los departamentos de consejería estudiantil (DECE), incluidos psicólogos y orientadores educativos.

"Como resultado, las personas estudiantes continúan expuestas a los abusos, y los y las sobrevivientes no reciben la atención adecuada para su bienestar ni el acceso a la justicia", se detalla.

El personal educativo y los padres y madres de familia también ha mostrado resistencia a que se implementen varias iniciativas de educación integral en sexualidad y ha habido problemas y recortes en el financiamiento de campañas destinadas a la prevención y abordaje de la violencia de género.

Políticas para prevenir la violencia sexual en las escuelas

Martínez lamenta que cuatro años después de la sentencia Ecuador no haya podido poner en vigencia una política pública para prevenir y erradicar la violencia sexual en las escuelas, pese a que, dice, hay un documento que está listo para publicarse. La construcción de esta política se anunció en 2021, durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

En su lugar, el Ministerio de Educación aprobó en 2023 la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, que tiene como objetivo brindar lineamientos para la implementación, apoyo y seguimiento de esta educación, pero la abogada cree que eso no es suficiente, pues hace que la responsabilidad de hacer frente a esta violencia recaiga exclusivamente en esta cartera de Estado. Según esa estrategia, para el 2030 se prevé que sólo el 39 % de instituciones educativas tengan implementada educación integral en sexualidad bajo estándares de calidad.

"Para nosotras dividirlo o segmentarlo es el primer error porque la responsabilidad también debe recaer en el ámbito social, judicial, en lo comunicacional. Debe haber una mirada integral para la prevención y erradicación de la violencia. Además, nos preocupa mucho que al ser sólo una estrategia sea fácilmente revocable, pueda implementarse de una o de otra manera y no necesariamente tenga el impacto de una política pública", explica.

El objetivo de que exista esta política no es sólo que el personal de las escuelas se sensibilice, sepa identificar la violencia sexual y cumpla con el protocolo de acompañamiento, sino que, una vez que se deriven los casos al sistema de salud o al judicial, todos actúen de acuerdo a sus competencias bajo los mismos lineamientos. Pero, a su vez, que esos mismos u otros ministerios trabajen en los métodos de prevención, para que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y cómo hacerlos respetar.

Los obstáculos en el sistema judicial de Ecuador

Además de los obstáculos con los que las víctimas se encuentran en el propio sistema educativo, cuando deciden denunciar hay muchas otras barreras que provocan que las familias desistan de los procesos, muchas veces revictimizantes, dice la investigación.

"A menudo, las investigaciones se estancan o los casos se archivan por falta de expertos que evalúen o acompañen los procesos judiciales en los que las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Debido a que su número es limitado, los peritos especializados en niñez y adolescencia a veces tienen listas de espera de meses, lo que provoca retrasos en la recopilación de pruebas", evidencia la organización.

Datos de la Fiscalía de Ecuador, analizados por Human Rights Watch, muestran que de las 647 denuncias de violencia sexual en las escuelas contra docentes, personal escolar y estudiantes que se recibieron entre 2020 y 2022, sólo 17 llegaron a juicio, lo que representa solo el 2,6 % del total de denuncias. Sólo hubo una condena durante ese período.

"En el camino se pueden ver todas las estrategias del sistema patriarcal para evitar llegar a la sanción de estos hechos. Estas cifras dan cuenta de una alta impunidad y de, como decía al inicio, esta falta de credibilidad en el sistema de protección y de justicia por parte de las víctimas", menciona Lita Martínez.

La educación sexual integral en América Latina

Milagro Valverde, del Centro de Derechos Reproductivos, que llevó junto a Cepam el caso de Paola a la Corte, señala que Ecuador "ha desaprovechado" en estos cuatro años "una oportunidad histórica para dar avances realmente significativos en el cumplimiento" de la sentencia del caso de Paola Guzmán y para dar a América Latina "un ejemplo de buenas prácticas" y sentar un precedente.

Sin embargo, cree que esta sentencia ha tenido un "impacto esperanzador" en la región. "Esto nos ha servido para solicitar a los Estados que cumplan con este deber, que ya no sólo lo defendemos desde los movimientos feministas y de mujeres, sino que también surgen de una obligación derivada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia del caso de Paola nos ha permitido acceder a mecanismos de incidencia a nivel internacional y a nivel nacional para exigirle a los Estados que avancen en políticas en este sentido", explica.

Pero así como la conversación sobre la implementación de la educación sexual integral ha incrementado en varios países de la región, hay en otros, como en El Salvador o Argentina, donde se están registrando retrocesos. Frente a ese contexto, dice Valverde, "es muy importante seguir posicionando el tema en la agenda pública".

"Como la mayoría de temas en derechos sexuales y reproductivos la lucha empieza con generar información sobre ese tema que permita a las personas también poder exigir sus derechos. El escenario es bastante alentador porque ya vemos a más sectores de la sociedad apropiándose del tema y exigiendo este reconocimiento a los Estados", agrega.

La representante del Centro cree que en el caso de Ecuador, pero también en el de otros países, la puesta en marcha de la educación integral en sexualidad pasa por una decisión política de los gobernantes, sobre todo porque, más allá de aprobar lineamientos y políticas muy necesarias, es vital que estas estrategias cuenten con el financiamiento apropiado para que se implementen en todo el país y no sólo en las ciudades más grandes.

"Hasta que eso no ocurra lamentablemente vamos a ver que las cifras van a seguir creciendo y casos como el de Paola se replicarán, que es lo que ha estado pasando hasta el momento", concluye.