Ecuador prevé tener una política para prevenir la violencia sexual en las aulas en 6 meses

Nueve instituciones de Ecuador se han comprometido este 13 de agosto a construir en 180 días la política pública para prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, como parte del cumplimiento de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Paola Guzmán.

En 2020, la Corte IDH condenó a Ecuador por “incumplir con su deber de garantizar” los derechos de Paola Guzmán Albarracín, quien fue acosada y abusada sexualmente en 2002 por Bolívar Espín, vicerrector del colegio público donde estudiaba, en Guayaquil.

El funcionario de 64 años le había ofrecido a la adolescente modificar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Producto de ese abuso, ella quedó embarazada y él la obligó a abortar. El médico de la escuela también condicionó su ayuda a una relación sexual. Guzmán se suicidó ingiriendo fósforo blanco.

Se inició un proceso penal para determinar lo sucedido, pero Espín fugó, lo que provocó la suspensión del procedimiento en su contra. El 18 de septiembre de 2008, a solicitud del vicerrector, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.

Casi vente años después de lo sucedido, Petita Albarracín, madre de Paola, consiguió justicia y, como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó a Ecuador que adoptara medidas y creara una política para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo, entre las que están la capacitación a maestros y la inclusión de educación sexual integral.

Prevenir la violencia sexual en las aulas

A propósito del primer día oficial de la Lucha contra la violencia sexual en las aulas (14 de agosto), declarado como medida de reparación tras la sentencia de la Corte, la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador, junto a otros ocho organismos como Fiscalía y Corte Nacional, se comprometieron a articular acciones y presupuestos para cumplir con las medidas ordenadas.

“Queremos trabajar en la prevención y eso pasa por tener funcionarios públicos capacitados, sensibilizados, que sepan prevenir y actuar y por eso estamos aquí hoy. Esto tiene más de 18 años de impunidad y para reparar hay que hacer política pública”, ha indicado la titular de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.

Según la funcionaria, el documento firmado plantea “los lineamientos generales” de la norma que se construirá en los próximos meses dentro de una mesa técnica.

“La Corte Interamericana señala que Ecuador no ha tenido política pública desde el año 1997. Es una deuda histórica”, ha agregado.

La ministra de Educación, María Brown, ha señalado también que ellos están impulsando la educación sexual integral y han planteado ya que se incorpore en esta política “mecanismos que permitan a niños, niñas y jóvenes saber cuáles son sus derechos y cómo hacerlos respetar”.

Educación empezará a implementar desde el 16 de agosto en las unidades educativas un plan denominado “Puntos de reencuentro”, con el objetivo de identificar “cuál es el estado de los alumnos después de varios meses” de no asistir de forma presencial y en el que se intentará detectar casos de violencia intrafamiliar.

La madre de Paola pide que se acelere la implementación

Por su parte, Petita Albarracín y sus abogadas del Centro de Promoción de la Mujer (Cepam) y del Centro de Derechos Reproductivos han pedido al Estado que acelere la implementación de lo ordenado por la Corte.

“Esta sentencia me cambió. Ahora estoy luchando con todo para que esto ya se termine y que el Gobierno cumpla con (el protocolo para prevenir) los casos de acoso sexual en el ámbito estudiantil“, ha dicho la madre de Paola en una rueda de prensa.

“De ello depende que niñas, niños y adolescentes en este país puedan beneficiarse de políticas públicas que prevengan la violencia sexual en los ámbitos educativos”, ha recalcado la gerenta regional del Centro de Derechos Reproductivos, Carmen Martínez.

Entre las medidas que aún no se han cumplido está la publicación de estadísticas permanentes y actualizadas sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo, la capacitación a profesores y la generación de mecanismos para dar asistencia a las víctimas y a sus familiares.

“Es imposible que el Estado pueda poner políticas públicas integrales si no conoce cuál es la situación de la violencia sexual en las escuelas”, ha dicho Martínez.

Y para que esas estadísticas den cuenta de la realidad, ha agregado, debe haber educación sexual integral como parte del curriculum educacional. “Si los niños y adolescentes no tienen las herramientas para detectar y combatir esas violencias en las escuelas es imposible que las estadísticas sean reales”.

Lita Martínez, del Cepam, ha pedido a las autoridades que integren a las organizaciones de la sociedad civil y a las representantes de las víctimas a la mesa técnica, para que conozcan de cerca lo que se está realizando.

Una investigación para determinar responsables

Durante el evento de la firma del compromiso para construir la política pública, el vocal del Consejo de la Judicatura (órgano administrativo de la Función Judicial de Ecuador), Xavier Muñoz, ha dicho que impulsarán una investigación para determinar a los funcionarios responsables de que la madre de Paola no encontrara justicia.

Sin embargo, ha contado, que durante el levantamiento de información de los procesos disciplinarios que se iniciaron en torno al caso de Paola Guzmán, se les informó “sobre el extravío del expediente que corresponde a la causa penal que se abrió a raíz de la muerte de Paola”. El expediente recién ha sido hallado este 12 de agosto.

“Es algo inverosímil que los expedientes se extravíen, pero el Consejo de la Judicatura hará todas las acciones necesarias para establecer responsabilidades sobre aquellas personas que permitieron que en el ámbito judicial este caso quedara impune y llegue a la Corte Interamericana“, ha sostenido.