Foto de archivo de una manifestación en Madrid por el encarecimiento de los alquileres. EFE/ J.J. Guillén
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Argentina, de 88 años y víctima de violencia de género, amenazada de desahucio por su exmarido condenado por maltrato
El desahucio de Argentina, una mujer de 88 años, dependiente, con graves problemas de salud y víctima de violencia de género, continúa pendiente en Grado, Asturias, después de que el lanzamiento previsto para el 10 de junio haya sido aplazado temporalmente durante diez días.
La octogenaria, que vive encamada y requiere cuidados permanentes, se enfrenta a perder la vivienda en la que ha residido durante las últimas cuatro décadas por una demanda impulsada por su exmarido, condenado por violencia de género, mientras el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias alerta de que el desalojo podría poner en riesgo su vida.
"Lo que vamos a intentar es que se paralice el desahucio. Ella quiere pasar sus últimos días en casa (...) Hay un peligro grave de que el desalojo haga correr peligro la vida de esta persona", ha explicado a Efeminista el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés.
"Exigimos el fin de este y todos los desahucios porque consideramos que la inmensa mayoría son consecuencia de la desigualdad y se interrelacionan con otras realidades como el machismo, el racismo o la discriminación", ha añadido.
Un aplazamiento temporal que no frena el procedimiento
La medida ha dado un margen de tiempo a la familia, a los servicios sociales y al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias para intentar encontrar una solución que evite que la octogenaria abandone la vivienda en la que ha residido durante las últimas cuatro décadas.
La suspensión del lanzamiento no supone el fin del procedimiento judicial. Según el portavoz, el aplazamiento se produjo tras alcanzarse un acuerdo con la representación legal de la propiedad para ganar tiempo, aunque el conflicto sigue abierto.
"Se aplazó diez días porque se llegó a un acuerdo con el abogado del propietario en devolver las llaves en diez días. Se hizo para ganar tiempo. Las llaves no se van a devolver y, por lo tanto, dentro de diez días el juez o la jueza emitirá otra fecha de lanzamiento", ha señalado el portavoz.
El procedimiento judicial se prolonga desde hace años. La familia había logrado paralizar anteriormente distintas fechas de lanzamiento mediante recursos y actuaciones legales, aunque la situación actual se encuentra ya en una fase avanzada.
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Una mujer dependiente y víctima de violencia de género
El caso ha generado una fuerte movilización vecinal y social debido a la situación de vulnerabilidad de la afectada. Argentina presenta demencia, un grado de dependencia del 83 %, padece problemas cardíacos y renales y, según el sindicato, permanece encamada y requiere cuidados permanentes.
"Hay dos personas cuidándola día y noche. Tiene afecciones de los riñones, del corazón y un grado de dependencia del 83 %. Está muy mal de salud", ha explicado.
Además de su estado físico, la mujer fue víctima de violencia de género por parte de quien ahora reclama la vivienda. Según fuentes del sindicato, el exmarido de Argentina fue condenado por violencia de género en 2021 y también cuenta con una condena por tenencia ilícita de armas.
La vivienda en la que reside Argentina fue construida en una finca de su propiedad durante el matrimonio. No obstante, el inmueble acabó siendo adjudicado a su exmarido durante el proceso de divorcio, circunstancia que ha permitido que sea él quien impulse ahora el procedimiento judicial que podría terminar con el desahucio de la octogenaria.
Desde el sindicato sostienen que el demandante no necesita el inmueble como residencia habitual, ya que reside en Oviedo con su actual pareja, y consideran que detrás de la actuación existe una motivación personal.
"Explícitamente le ha dicho que lo que quiere es tirar la casa abajo con la ex mujer dentro", denuncia Andrés.
Preocupa el impacto del desahucio en su estado de salud
La situación preocupa especialmente por las consecuencias que podría tener un traslado forzoso para el estado de salud de la afectada. Por ello, el sindicato ha impulsado la elaboración de un informe médico especializado que pretende acreditar ante el juzgado y los servicios sociales el riesgo que supondría ejecutar el desalojo.
"Tememos por la vida de esta persona porque ella no quiere abandonar su casa ni siquiera para ir a una residencia, quiere pasar los últimos días de su vida en ella", han insistido desde la organización.
Según han explicado, la mujer ya tuvo una experiencia previa en una residencia que terminó con una hospitalización posterior, circunstancia que ha reforzado el rechazo de la familia a un nuevo traslado.
Garantizar el derecho a la vivienda
Ante las limitadas opciones jurídicas disponibles, el sindicato anuncia que continuará explorando todas las vías posibles para impedir el desalojo: "Legalmente tenemos pocas armas, pero sindical y socialmente vamos a intentar que se paralice el desahucio".
La organización ha reclamado además una intervención directa de las administraciones públicas asturianas para encontrar una solución urgente al caso.
"Pedimos que la Consejería de Derechos Sociales y la de Vivienda del Gobierno asturiano intervengan y paren esta tremenda situación de injusticia", ha manifestado Andrés, quien ha dirigido sus críticas al Ejecutivo autonómico de coalición entre PSOE e IU. El portavoz ha defendido además que "el derecho de la propiedad privada no puede estar por delante de los derechos elementales de la clase trabajadora".
Más allá del caso concreto de Argentina, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha aprovechado para reclamar "que se garantice el derecho a la vivienda prohibiendo todos los desahucios".
El caso de Argentina se produce en un contexto en el que la violencia machista continúa siendo una realidad estructural en España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, a 31 de mayo de 2026 existían 102.937 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género con protección policial en el sistema VioGén, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que sigue afectando a decenas de miles de mujeres en todo el país.
