Las funcionarias víctimas de maltrato podrán trabajar en otra Administración

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género podrán trasladarse a otra administración central, autonómica o local de una localidad que soliciten sin cambios de categoría ni de retribución. Así lo ha adelantado en una entrevista con Efe el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto.

Decidido a convertir la administración en una “máquina de generar igualdad”, Benedicto se muestra convencido de que el puesto de trabajo dentro de la función pública puede ser un lugar más amable y que permita la conciliación de las vidas familiar y profesional.

Traslados para funcionarias víctimas de violencia machista

El acuerdo para facilitar esos traslados lo adoptaron por unanimidad el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en una reunión de la conferencia sectorial de Administración Pública que tuvo lugar el pasado octubre.

“Es importante que las empleadas públicas víctimas de violencia de género con sentencia judicial conozcan que pueden trasladarse a otro ámbito del territorio, a otras administraciones públicas, sin que su carrera o sus retribuciones se vean perjudicadas por ese traslado”, señala el responsable de Función Pública.

Estas trabajadoras recibirán apoyo psicológico, asistencia social y protección integral para que puedan vivir en un entorno familiar, personal y laboral adecuado.

Además no sufrirán pérdidas retributivas ni retrocederán en su carrera profesional por estos traslados, que tendrán carácter preferente y que garantizarán la protección de su intimidad.

Extensión del permiso de paternidad

Otro de los ejemplos de ese interés por la conciliación en el empleo público es la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad para los funcionarios, que serán de 16 semanas en 2021. El acuerdo se ha trasladado a los presupuestos para extenderlo al resto de los trabajadores.

En el ámbito de la conciliación, la administración ha fijado además un 5 por ciento de flexibilidad laboral en el horario para la atención de familiares, unas horas que los funcionarios deben recuperar a lo largo del siguiente trimestre. “De esta forma, los empleados no tienen la presión de que un día necesitan por la mañana llevar a su padre al médico o a un hijo y lo puede hacer con tranquilidad”, apunta.

Cada año unos 3.000 funcionarios disfrutarán, como padres, de su permiso de paternidad: de 8 semanas en 2019, de 12 en 2020 y de 16 en 2021. “Esta medida, más allá de una medida de igualdad, es una medida de corresponsabilidad”.

“Es importante dar estos pasos desde la administración general del Estado porque entendemos que la administración es una máquina de generar igualdad y por tanto si nosotros lo hacemos la sociedad acabará imitándolo, y también arrastra a las CCAA y administraciones locales”.

Formación y lenguaje inclusivo

Las administraciones públicas están preparando el tercer plan de Igualdad y evaluando el segundo, que, explica, ha estado enfocado en la atención de violencia de género, conciliación y fomentar y avanzar en la igualdad de genero en la administración general.

“En una mesa de igualdad con los sindicatos para hacer una valoración se ha pedido más formación y avanzar en el lenguaje inclusivo y en el desarrollo de un protocolo de atención a las víctimas de violencia“, concluye.