Fachada del Tribunal de Cuentas en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal
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El Tribunal de Cuentas detecta "graves deficiencias" en los contratos de las pulseras antimaltrato
El Tribunal de Cuentas ha detectado "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento, por parte del Ministerio de Igualdad, de las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas de violencia machista, y concluye que la calidad del servicio "debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología posible".
El órgano fiscalizador ha presentado sus conclusiones tras analizar los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023 -este último vigente hasta mayo de 2026- para la puesta en marcha del sistema telemático para el seguimiento de maltratadores, tras los problemas de las pulseras de control que afectaron, entre otras cuestiones a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.
Tras conocer este informe, el Ministerio de Igualdad ha asegurado que el sistema de pulseras telemáticas para el seguimiento de agresores machistas funciona en la actualidad con normalidad y "sin incidencias relevantes", con un servicio "estable, seguro y mejorado" respecto al modelo anterior.
Importante alarma social
Ante la "importante alarma social" suscitada en 2024, el tribunal decidió fiscalizar dichos contratos celebrados por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio, cuyo importe total ascendió a 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), además de un contrato menor por 12.706,21 euros.
El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición, lo que produjo "deficiencias" que afectaron a la prestación del servicio, como problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria, que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes.
El órgano fiscalizador indica que la situación se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.
Falta de previsión en la transición del contrato
Asimismo, expresa que tampoco se previó ese plan de transición en el contrato para el periodo 2023 a 2026, por lo que tuvo que procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de ese año.
En la fase de ejecución de ese contrato, el informe destaca que se produjeron también "graves deficiencias" durante prácticamente toda su vigencia que, si bien han sido resueltas, "comprometieron su efectividad" durante una parte del periodo fiscalizado.
Y detalla que esos fallos afectaron principalmente a "la fiabilidad" de los dispositivos, con interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías con baja autonomía o retrasos en las reparaciones.
Un informe corroboró vulnerabilidades críticas
El Tribunal de Cuentas señala que, ya en noviembre de 2025, cuando estos problemas habían tenido ya repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que "corroboró las vulnerabilidades críticas" detectadas en los dispositivos.
"Esta profusión de incumplimientos contractuales pone de manifiesto que los órganos del Ministerio de Igualdad no hicieron un seguimiento del contrato adecuado y no fue suficiente el plan de seguimiento ejecutado", sentencia el Tribunal.
Y añade que tampoco fueran impuestas penalidades, más que en un caso, a pesar de los incumplimientos contractuales advertidos.
El órgano fiscalizador considera que en este tipo de contratos debe primar la calidad de la prestación del servicio "por encima del ahorro de costes", por lo que ve imprescindible asegurar la utilización de la mejor tecnología disponible para minimizar "hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".
Castigar económicamente los incumplimientos
Entre sus recomendaciones para evitar estos problemas, también aconseja adoptar las medidas necesarias dirigidas a la mejora de la programación de las necesidades con el fin de evitar la tramitación urgente del expediente; reforzar en futuras licitaciones que se realicen verificaciones técnicas y periódicas de la seguridad del sistema; o imponer penalidades económicas ante los incumplimientos que se detecten.
El Ministerio de Igualdad ha defendido que el sistema, conocido como Cometa, lleva en funcionamiento desde 2009, y supone "uno de los instrumentos más avanzados actualmente en España para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual", ya que forma parte de un "amplio y robusto sistema".
Igualdad destaca las mejoras en el funcionamiento de las pulseras
Y han incidido en que el sistema ha experimentado mejoras desde su puesta en funcionamiento, tanto por la precisión de los dispositivos como por la eficacia general de la plataforma, con pulseras "con mayor autonomía y sistemas de localización mejorados", además de su ampliación al ámbito de la violencia sexual, entre otros aspectos.
Desde Igualdad subrayan que Cometa permite la geolocalización precisa de víctima y agresor en tiempo real, por lo que se trata "de un sistema técnicamente complejo", si bien han remarcado que "en la actualidad opera con normalidad y sin incidencias relevantes, consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior, que protege a las mujeres y contribuye a salvar vidas a diario".
