La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto ley que mejora la acción protectora de la Seguridad Social y extiende o aumenta algunas prestaciones ya existentes, por 63 votos a favor, seis en contra (Vox) y ninguna abstención.
El decreto ley establece nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (IT) para proteger a las mujeres que sufren patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. En ambos casos, la prestación por IT se cobrará desde el día siguiente al de la baja, sin periodo mínimo de cotización y con una cobertura superior a la IT por enfermedad común.
Se amplía también la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (CUME), para que ambos puedan recibirla simultánea o alternativamente cuando cuiden de hijos con cáncer o enfermedades graves.
La norma ha sido defendida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha destacado que es "fruto del diálogo social y la escucha activa".
Medidas en catástrofes y viudedad
A su vez, la norma establece una IT específica para asalariados y autónomos afectados por catástrofes como la dana, que tendrán el mismo tratamiento que una baja por accidente laboral.
En el ámbito de las pensiones se extiende la de viudedad a las parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén registradas, y se aumenta la prestación para huérfanos cuando la madre haya fallecido por un crimen machista. En este último caso y en el de las pensiones extraordinarias por terrorismo, la cuantía de la prestación no podrá ser inferior a dos salarios mínimos (2.442 euros en 2026).
Además se refuerza el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima del anticipo por beneficiario que pasa de 100 a 300 euros.
Nuevo modelo de sistema de la dependencia
En la misma sesión, la Diputación Permanente ha dado luz verde al decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para consolidar la financiación y el cambio de modelo de cuidados del sistema de la dependencia, habilitando una inversión de 7.240 millones de euros para 2027.
Esta partida, un 124 % superior a la del inicio de la legislatura, cubre tanto el nivel mínimo como el acordado del sistema. El objetivo es garantizar fondos suficientes para que la aportación del Estado alcance el 50 % de la financiación total en 2027, asegurando así la aplicación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad.
La norma reduce a la mitad —hasta un máximo de tres meses— el plazo legal para resolver las solicitudes y ajusta la normativa reglamentaria para facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidas.
E decreto modifica la regulación de la Teleasistencia, que pasa a reconocerse a todas las personas en situación de dependencia con indiferencia de su grado, garantizando su prestación las 24 horas todos los días del año y declarándola compatible con el resto de servicios y prestaciones.
Asimismo, amplía la definición del servicio de ayuda a domicilio más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario. La norma admite también la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias, asegurando que esta modalidad no reduzca la intensidad individual reconocida.