Feministas en Túnez rechazan modificar la ley de la violencia machista y exigen aplicarla

La plataforma Dinámica Feminista de Túnez, que aglutina una decena de organizaciones, denuncia la intención del Gobierno de modificar la pionera ley contra la violencia machista, aprobada en 2017, con una participación mínima de la sociedad civil en lugar de mejorar su escasa aplicación.

"Consideramos prematura y totalmente inapropiada la revisión de la ley que, al no haber desplegado todo su potencial protector para las mujeres ni su efectividad jurídica por deficiencias en su ejecución y resistencias patriarcales y de género, está a la espera de algunas de sus disposiciones fundamentales, sus textos de aplicación y sus decretos", señalan las ONG en un comunicado, entre ellas la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD) o Beity.

Las asociaciones cuestionan el proceso de selección de los participantes después de que el Ministerio de la Mujer sólo invitase a dos de ellas a participar en una serie de reuniones que comienzan hoy para examinar este texto. Este hecho que rompe con el trabajo realizado durante la redacción de esta ley "fruto de la movilización general de todas las feministas, de todas las tendencias y de todas las generaciones".

En este sentido, explican, la ley no necesita tanto una revisión sino analizar los motivos de su falta de aplicación. Y lamentan la "diligencia" de las autoridades que contradice los informes de las organizaciones por los derechos de las mujeres.

Legislación en Túnez

"La violencia y los feminicidios sólo aumentan debido a la falta de aplicación de la ley tanto en su componente de prevención como en la protección y atención de las víctimas, sin mencionar la Justicia y una Policía propensa a la indulgencia frente a los agresores promoviendo así la impunidad", alertan.

El Parlamento tunecino adoptó en 2017 por unanimidad una ley para la eliminación de la violencia machista, pionera en el mundo árabe y que protege a las mujeres de todas las formas de violencia física, moral, sexual, económica y política.

Entre las novedades introdujo una enmienda al artículo que permitía a un violador eludir la justicia por el simple hecho de casarse con la víctima y la retirada de la denuncia ya no supone el cese de las diligencias judiciales ni el fin de la ejecución de la sentencia.

Un informe publicado el pasado mes de diciembre por Human Rights Watch (HRW) revela la falta de financiación y sensibilización ante esta lacra social, cuya situación empeoró tras el cierre en 2020 del único centro público de todo el país dedicado a la salud psicológica de las supervivientes por falta de financiación.

El país magrebí, de doce millones de habitantes, cuenta con diez refugios de emergencia con una capacidad total de 186 plazas aunque el Ministerio de la Mujer se ha comprometido a ampliar su número antes de 2024 para que cada región disponga de al menos un centro.