Feministas argentinas reclaman acceso efectivo al aborto

Después de dos años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las organizaciones feministas argentinas reclaman un acceso efectivo en todo el país con “pañuelazos” presenciales y acciones en las redes sociales.

Así, un grupo de mujeres se ha congregado en Buenos Aires ante la Casa de la Provincia de Córdoba para celebrar una mesa y un “pañuelazo” entre diversas demandas, como el “cese inmediato” a la “criminalización y persecución” de los profesionales que practican abortos o la puesta en marcha de la educación sexual integral en los centros educativos.

La decisión de citarse ante este edificio bonaerense no ha sido casual: cuatro socorristas del municipio cordobés de Villa María fueron detenidas el pasado 21 de diciembre, y puestas en libertad este lunes, tras ser acusadas de “acompañar” un “aborto clandestino”, en una causa que continúa abierta en los tribunales.

Por este motivo, el “pañuelazo” verde también se ha convocado en el Parque de la Vida del municipio de Villa María (Córdoba) y se ha vivido en otros lugares de Argentina, como Córdoba capital, Rosario y Salta, al tiempo que las redes sociales se han llenado de mensajes reivindicativos para favorecer la difusión de la Ley entre la población.

La ley del aborto en Argentina

Aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la ley de IVE permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto solo se permite bajo 2 causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.

“Esta ley es un logro colectivo, resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años, y que un día un Gobierno y un Congreso estuvieron dispuestos a reconocer”, ha asegurado el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto por el segundo aniversario de la Ley.

“Barreras” en el acceso al aborto

En su primer año y medio de existencia, la Ley de IVE ha permitido practicar un total de 106.764 abortos en centros de salud públicos, según datos de Amnistía Internacional, que en su último informe ha advertido sobre la persistencia de “barreras” en el acceso a este derecho.

Trabas relacionadas con “la falta de información y calidad de la prestación, y situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado”.

En este sentido, Amnistía Internacional destaca el caso de la región sureña de Tierra del Fuego. Donde en la ciudad de Río Grande, el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos del servicio de tocoginecología son objetores de conciencia.

Por lo que, según informa Amnistía Internacional, al menos 34 personas de esa ciudad han tenido que recorrer 200 kilómetros hasta el hospital más próximo para acceder a un aborto. 

Sobrecarga en la sanidad pública

Una perspectiva compartida por el ‘Proyecto Mirar’, iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y del Ibis Reproductive Health, que en su último reporte alerta, entre otras cuestiones, de “objeciones de conciencia no ajustadas a la ley”, con personal administrativo “que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”.

Esas situaciones también provocan una serie de “cuellos de botella” en las instituciones públicas que sí garantizan los abortos, cuyo número ha aumentado un 58 % entre la sanción de la Ley y el septiembre pasado, pero con equipos de salud sobrecargados “laboral y emocionalmente” por el exceso de casos.