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La falta de ayudas económicas y vivienda frena la reparación de la violencia de género en mujeres migrantes

La reparación del daño derivado de la violencia de género sigue siendo un derecho de acceso desigual para las mujeres migrantes en España, condicionado por la falta de acceso a vivienda y a ayudas económicas, además de barreras administrativas e institucionales que refuerzan su situación de vulnerabilidad.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Migradas II. Reparación de las violencias de género, elaborado por el Área de Mujer del Movimiento por la Paz (MPDL) y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que analiza desde una perspectiva interseccional los procesos de reparación de mujeres migradas víctimas-supervivientes.

El estudio, presentado este diciembre, subraya que la reparación se ha entendido históricamente de forma limitada, centrada casi exclusivamente en compensaciones económicas, mientras que otras dimensiones fundamentales, como la rehabilitación integral, el reconocimiento simbólico o las garantías de no repetición, siguen teniendo un desarrollo insuficiente.

Esta carencia se agrava, según el informe, en el caso de las mujeres migradas, que se enfrentan a obstáculos adicionales vinculados a su situación administrativa, la precariedad laboral o la falta de redes de apoyo.

La investigación se basa en una metodología mixta que combina encuestas a 363 mujeres migradas y a un centenar de profesionales de recursos sociales, junto con grupos focales y análisis de fuentes secundarias.

Sin ayudas económicas ni acceso a vivienda

Más del 67,5 % de las mujeres participantes declaró haber sufrido violencia de género a lo largo de su vida, una cifra que confirma la elevada incidencia de estas violencias en trayectorias atravesadas por procesos migratorios. En muchos casos, la violencia estuvo presente tanto en el país de origen como en España, lo que apunta a una continuidad transnacional del daño y a la necesidad de respuestas sostenidas en el tiempo.

En cuanto al acceso a las medidas de reparación, el informe revela un patrón desigual. Mientras que los servicios jurídicos (76 %), sociales (72 %) y psicológicos (67 %) son los recursos más frecuentemente utilizados, solo una de cada cuatro mujeres (25 %) ha recibido ayudas económicas y apenas el 20 % ha accedido a una alternativa habitacional.

Estas brechas, según advierte el estudio, ponen en cuestión la efectividad de las políticas actuales para garantizar una reparación integral que permita a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida de manera autónoma.

Los resultados también muestran que la reparación no es un proceso lineal ni cerrado, sino un recorrido marcado por avances y retrocesos que dependen de las condiciones materiales, emocionales e institucionales disponibles en cada momento. Aunque el 78 % de las encuestadas afirma haber iniciado su proceso de reparación en España, solo el 21 % se considera completamente reparada, mientras que un 37 % se sitúa en una fase intermedia.

En contraste, únicamente el 16 % de las mujeres inició su proceso de reparación en el país de origen. Este dato sugiere que el momento migratorio puede abrir una ventana de oportunidad para romper con el ciclo de la violencia y comenzar la reparación, siempre que existan condiciones mínimas de seguridad, acompañamiento profesional y acogida institucional.

La condición migratoria limita la reparación

No obstante, el informe alerta de que estos procesos siguen viéndose limitados por la condición migratoria. Un 42 % de las mujeres afirma que ser migrante ha afectado negativamente a su reparación y solo el 47 % considera que la intervención de las instituciones y entidades se ha adaptado a sus necesidades específicas.

Desde una mirada interseccional, el estudio concluye que muchas mujeres migradas afrontan una triple exclusión: por razón de género, por su origen o racialización y por su situación administrativa, factores que continúan condicionando de forma decisiva el acceso real a una vida libre de violencias.

El informe advierte, además, de que estas barreras no responden únicamente al racismo y al machismo estructural que atraviesan las instituciones, sino que se ven reforzadas por la falta de formación específica del personal que trabaja en los distintos dispositivos de atención, tanto en la administración pública como en las entidades del tercer sector.

Garantizar vivienda, ingresos mínimos y atención a la maternidad

Ante este diagnóstico, Movimiento por la Paz plantea una serie de propuestas orientadas a reforzar los procesos de reparación desde un enfoque integral, interseccional y centrado en los derechos de las víctimas-supervivientes.

En primer lugar, el informe subraya la necesidad de garantizar condiciones materiales básicas que hagan posible una reparación real, como el acceso a una vivienda segura, ingresos mínimos estables, atención infantil y la regularización administrativa.

Otra de las líneas de actuación propuestas pasa por incorporar la maternidad en las políticas de reparación desde una mirada no idealizada, pero sensible a su carga emocional y material, con el objetivo de dar respuesta tanto a las necesidades específicas de las madres víctimas-supervivientes como a las de sus hijos e hijas.

El documento apuesta igualmente por impulsar redes comunitarias de apoyo basadas en la cercanía y la calidez humana, que complementen las limitaciones de los dispositivos técnicos y burocráticos.

MPDL también reclama una mejor coordinación entre entidades y administraciones para agilizar los procesos de reparación y reducir la carga burocrática y la violencia institucional. Asimismo, sitúa como prioritaria una formación estructural, interseccional y continua del personal profesional que acompaña los procesos de reparación.