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Red de pederastia en Barcelona: decenas de niñas tuteladas violadas por más de dieciséis hombres y una Generalitat ausente

La denuncia de una niña de 13 años tutelada por la Generalitat de Cataluña de haber sido violada en numerosas ocasiones por un hombre que, además, la ofrecía a otros para que la agrediesen sexualmente a cambio de dinero, ha destapado una extensa red de pederastia en Barcelona con decenas de niñas tuteladas violadas -niñas, niños y adolescentes- por más de dieciséis hombres, en su mayoría con trabajos, parejas estables e hijos, ante la inacción de la Generalitat.

Teófilo L.M. -un electricista de 45 años y natural de Valencia-, el violador denunciado por la menor, está acusado de liderar una extensa red pederasta que operaba desde el piso en el que residía en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, y donde llegó a violar al menos a veinticinco menores.

La Fiscalía pide para él 107 años de cárcel por ello y por controlar 'presuntamente' la explotación sexual de menores que se hacía en el piso, la promoción con reportajes fotográficos y la búsqueda de otros hombres para violar a las chicas, pactando el precio y facilitando el escenario para llevarlo a cabo.

El acusado -que investiga el juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona- está desde abril de 2024 en prisión provisional junto a otra persona imputada en este mismo procedimiento.

Además de al cabecilla de la red, un juzgado investiga a un total de dieciséis hombres por presunta implicación, todos con arraigo laboral y familiar, según consta en varios autos de la Audiencia Provincial, y algunos con antecedentes previos relacionados con pornografía infantil y contacto con menores, maltrato en el ámbito del hogar, hurto, apropiación indebida o delitos contra la salud pública.

Una menor de 13 años destapó el caso

La investigación comenzó en 2021 tras la denuncia de una menor tutelada y violada desde 2020, de 13 años entonces, que reveló cómo el electricista utilizaba su vivienda como centro de operaciones para cometer y grabar agresiones sexuales a menores.

La niña, vulnerable y residente en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), bajo la guarda de la Generalitat de Cataluña -los tutores legales seguían siendo sus padres-, fue captada a través de redes sociales, agredida sexualmente, explotada y utilizada para atraer a otras víctimas.

Según el Departamento de Derechos Sociales, fue gracias a la intervención del personal del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos correspondientes, que se pudo tramitar la denuncia y llevar a cabo las detenciones, tras instar al padre de la niña a que presentase la demanda.

Datos de los Mossos d'Esquadra revelan que detuvieron al pederasta en junio de 2022 y por segunda vez en abril de 2024, y que  trataba de camuflar el delito ofreciendo alquiler de habitaciones por internet. Unos datos que evidencian la ausencia de las instituciones, pues el sujeto contaba con antecedentes por prostitución de menores en Valencia desde 2010.

En el piso se incautaron más de 250 vídeos de agresiones sexuales -cometidas por él y por terceras personas entre 2016 y 2022 en varios puntos de España-, 38 de ellos supuestamente cometidos por Teófilo, y más de 2.000 conversaciones de contenido sexual, de las cuales 120 tienen relevancia penal.

Cuando la policía dio el golpe a esta red detuvieron al electricista y a otros quince pederastas e identificaron a once menores, aunque en los vídeos aparecían otros catorce agresores y otras catorce víctimas, lo que haría un total de veinticinco menores, la mayoría niñas pero también niños.

Los encausados eran conscientes de la edad de la menor

A pesar de que varios de los integrantes de esta red de pederastia argumentarían después en sede judicial que desconocían que la víctima fuera menor, según los investigadores, los agresores eran plenamente conscientes de que las víctimas eran menores de edad y acudían al piso tras acordar con el acusado la práctica de sesiones de violaciones grupales.

Algo que consta en un atestado policial y que se evidencia en los mensajes que intercambiaron con respecto a la primera chica tutelada a la que violaron y grabaron,"¿Esta es tu primera niña de 14?", "Pues yo la conocí con 13 recién".

El sumario recoge otra conversación en la que uno de los supuestos violadores se queja de que le habían multado con 600 euros por saltarse las restricciones impuestas por el coronavirus cuando, en febrero de 2021, en plena pandemia, acudió al piso de Teófilo a agredir sexualmente a la menor, a lo que se le contestó: "Tiene 13, vale eso y más".

Un informe policial sobre uno de los supuestos agresores sexuales -quien fue identificado por los tatuajes que se le apreciaban en uno de los vídeos incautados- sostiene que el investigado tuvo que ser consciente de que la víctima era menor, lo que se aprecia "de manera clara" por su "poco" desarrollo físico.

Los investigados eran también conscientes de la situación de vulnerabilidad de la niña a juzgar por el comentario de uno de ellos: "Está en un centro, lo tiene mal para quedar", llegando a mostrar cierto temor a ser denunciados por violar a una menor: "Tú no sabes cuando esa niña puede abrir la boca y se te va a ir la vida a la mierda", "y menos teniendo sexo con una menor".

Una red con hasta 79 agresiones sexuales a menores

Téofilo, el electricista y líder de la red, organizó también agresiones sexuales y violaciones en grupo con adolescentes, en ocasiones con prácticas sadomasoquistas y sin medidas de profilaxis, tras captar en redes sociales a otros hombres, y después lo grababa con el móvil o con cámaras ocultas en su piso de Barcelona.

El ministerio público pide ahora la pena de 107 años de cárcel para él por violar reiteradamente a la menor tutelada desde que tenía 12 años, por someterla a violaciones que se prolongaron hasta que tenía 13 y ofrecerla a otros hombres en redes sociales, así como por grabar las agresiones sexuales y difundir las imágenes pedófilas.

Según los Mossos d'Esquadra, el acusado y los demás depredadores se aprovechaban de las necesidades económicas o psicosociales y las adicciones de algunas de las víctimas para ganarse su confianza a base de regalos, dinero o droga, para intentar crear un lazo emocional con ellas para que no los denunciaran.

La policía localizó también una conversación en redes, de unos seis años de duración, entre el electricista y otra persona, en la que compartían su actividad criminal vinculada a la explotación sexual de menores y en la que se contabilizaron referencias a 79 agresiones sexuales a menores de edad.

Destaca el perfil de los implicados en esta red de pederastia de la ciudad condal: hombres con trabajos y parejas estables e hijos, según el sumario del caso y varios autos de la Audiencia de Barcelona. De ellos uno estaba al cuidado de un recién nacido cuando empezó a ser investigado, otro tenía un niño de ocho meses y, un tercero, otro de poco más de un año.

El Gobierno catalán se personará en el caso de la niña tutelada

La Generalitat catalana ha abierto un expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron en 2021 al detectarse las violaciones reiteradas a la menor de 12 años por parte del cabecilla y de sus colaboradores en el piso, al que la menor acudió tras fugarse del centro de la DGAIA donde vivía, dirigido actualmente por el sociólogo Josep Muñoz Luque y que ha declinado hacer valoraciones del caso a EFE.

El expediente revisará la cronología de los hechos, identificará posibles deficiencias o ámbitos de mejora y evaluará posibles refuerzos de los mecanismos de protección de los menores que son víctimas de violencia sexual, ha informado Derechos Sociales en un comunicado sobre el caso, que ha generado una fuerte polémica en Cataluña y puesto en evidencia fallas y negligencias en el sistema de protección de menores.

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, ha anunciado desde Balaguer (Lleida) que ha pedido comparecer ante el Parlament para explicar las conclusiones preliminares y que quiere llegar "hasta el final". Mientras, el Gobierno catalán, ha informado de que se personará también como acusación popular en la causa judicial.

"Estamos comprometidos con que hechos como este no vuelvan a pasar", ha añadido Martínez Bravo, que ha transmitido su intención de actuar "con la máxima transparencia".

Tras el anuncio reciente del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de revisar en profundidad la institución, la consellera ha recordado que su departamento ha sido "el primero" en promover cambios en la dirección de la DGAIA -que atiene a 19.000 menores-, institución que, ha dicho, "es evidente que necesita cambios profundos".

A juicio el caso de pederastia más grave de los últimos años

En paralelo a la investigación de la Generalitat está la del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona -que se dirige únicamente contra el cabecilla-, que envió la causa principal a juicio pero aún se encuentra sin fecha, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

A raíz de esta causa principal, el titular de este juzgado de instrucción de Barcelona decidió abrir también otros dos procedimientos más por hechos relacionados con el primer caso, donde están el resto de hombres involucrados. Así, la red que lideraba el electricista ha dado pie a tres causas distintas, las dos últimas en instrucción.

A cinco de los investigados en el segundo procedimiento les han abierto nuevas causas, de forma individual para cada uno, después de que los investigadores encontraran pornografía infantil en sus dispositivos correspondiente a hechos distintos de los que investiga el juzgado de instrucción número 7.

Según señalan a EFE fuentes jurídicas, la mayoría de los menores identificados en la tercera causa tenían más de 16 años y no eran vulnerables, con lo que ya podían ‘consentir las relaciones’, lo que haría difícil que se les juzgase por agresión sexual, aunque sí por la elaboración de pornografía infantil.

Salvo el cabecilla de la trama y otro encausado, el resto de acusados están en libertad provisional con la obligación de estar a disposición del juzgado, y con la prohibición de comunicarse y acercarse a las víctimas y de llevar a cabo actividades con menores.

La Audiencia de Barcelona subraya en varios autos "la gravedad de los hechos" e incide en que los delitos llevan aparejadas penas muy elevadas, en lo que ya se considera uno de los más graves casos de abuso sexual infantil en Cataluña de los últimos años.