Objetivo del Plan Camino: detectar y proteger a las víctimas de trata en España

El Gobierno de España ha aprobado el Plan Camino, que recopila las políticas públicas que considera necesarias para detectar y dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, pero también para desincentivar la demanda.

El Plan al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros incluye 28 medidas en 5 líneas de actuación a implementar entre este año y 2026, con una dotación económica de 204 millones de euros, y con acciones específicas del Ministerio de Igualdad pero también otras transversales a llevar a cabo por otros ministerios.

Su objetivo general es poner en marcha las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las acciones del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo que se refiere a la trata con fines de explotación sexual.

El Plan Camino en España

De esta forma, desarrolla todas las actuaciones que competen al Ministerio de Igualdad en cuanto a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres prostituidas.

Y entre otras acciones, el Plan contempla que en un país como España, en el que el 90 % de las mujeres que atienden las ONG, según Igualdad, son mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular, la regularización es la vía real de salida de su situación.

En este sentido, propone un acuerdo de regularización de mujeres que participen en el I Plan de Inserción socio laboral por razones de interés púbico; y a medio plazo plantea “explorar la aplicación de las vías de normalización administrativas” que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación y “promover su aplicación” a las víctimas.

Asimismo, quiere impulsar “el análisis de la cobertura jurídica de las necesidades de protección de estas víctimas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito”.

Insiste en que la salida de estas mujeres a través de la inserción laboral tiene que acompañarse de alternativas económicas y sociales para garantizar sus derechos, por eso considera fundamental vincular la consolidación de un itinerario de atención integral, con programas de acceso a la vivienda, la salud y el empleo.

Y estos tres pilares los reúne una de las medidas centrales del Plan, que es el mencionado Plan de Inserción Sociolaboral para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución (2022-2026).

Proteger a las víctimas de trata

Con el Plan Camino, el Ejecutivo quiere incidir en la prevención y desincentivo de la demanda por parte de jóvenes y hombres adultos de a través de campañas de sensibilización pero, fundamentalmente desde las escuelas y espacios de socialización.

El Gobierno apuesta por una “detección multi-agenda” de las víctimas, de forma que puedan acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva, pero que éstos no dependan de la interposición de una denuncia por parte de las víctimas.

Así, recuerda el Plan, el nuevo sistema de acreditación para las víctimas tiene que consolidarse “de manera efectiva y en la mayor brevedad posible”, de forma que ninguna mujer tenga supeditados sus derechos a dar ese paso “tan difícil” contra sus tratantes y explotadores.

Sobre ello, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo que “a veces el miedo puede” a estas mujeres y las Administraciones tienen que ser capaces de acercarse a ellas y ayudarlas sin necesidad de que denuncien.

El Plan también promueve la investigación y recogida de datos, con lo que incluye, entre otras cosas, la realización de un macroestudio en 2023 para conocer el número estimado de víctimas.

Según las cifras aportadas por la portavoz del Ejecutivo, desde 2017 y hasta 2021 se identificaron un total de 873 victimas de trata y 2.227 de explotación sexual.

El 50 % de estas mujeres tenía entre 18 y 32 años y una de cada tres se encontraba en situación irregular.