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In Género denuncia desigualdad entre CCAA en la solicitud de regularización de mujeres en contexto de prostitución
La organización no gubernamental In Género ha denunciado la desigualdad territorial que existe entre comunidades autónomas en los procesos de solicitud de regularización de mujeres en situación de prostitución ya que, según apunta el informe, el 96 % de las atendidas por la organización son mujeres migrantes que tienen dificultades de acceso a derechos fundamentales, al sistema de salud, a la vivienda o a los servicios sociales.
Asimismo, desde la organización piden una implicación efectiva de las instituciones y organismos políticos de comunidades autónomas y del Estado, y denuncian que la universalidad sanitaria, reconocida legalmente, "no se garantiza de forma efectiva".
Desde In Género subrayan, además, que "más de un tercio de las personas atendidas no disponen de acceso normalizado al sistema de salud y carecen de tarjeta sanitaria", lo que supone "una discriminación institucional" debido al trato "diferencial" hacia personas trans y migrantes en entornos sanitarios.
Aumento de los casos de trata en 2025
Desde In Género han detectado además un aumento en los casos de trata y han cifrado en 10.367 las víctimas atendidas, de las que todas son mujeres "cis y trans", por lo que desde la organización aseguran que "el perfil de víctima de trata de los casos atendidos está totalmente feminizado".
Más de un tercio de las personas atendidas por la organización no disponen de acceso normalizado al sistema de salud y el 96 % son personas migrantes, denuncian.
Desigualdad territorial
La organización denuncia la existencia de una "importante desigualdad territorial" en los procedimientos de regularización administrativa de mujeres en situación de prostitución, "especialmente cuando estas son migrantes en situación irregular", cuentan a Efeminista.
"En algunas comunidades autónomas existe una mayor sensibilización institucional y una colaboración más estrecha con organizaciones que trabajan con víctimas de trata y mujeres en contextos de prostitución, lo que facilita la identificación de situaciones de vulnerabilidad y el acceso a mecanismos de protección y regularización. En cambio, en otros territorios se observan interpretaciones más restrictivas, mayores exigencias probatorias o una menor disponibilidad de recursos especializados", señala Miguel Ángel del Olmo, coordinador nacional.
Eliminar los obstáculos de acceso a derechos
Del Olmo ha advertido, además, de que la protección de las víctimas "no puede depender de su situación administrativa", y considera que ello "condiciona" la posibilidad de acceder a recursos sociales y sanitarios básicos, así como al apoyo institucional correspondiente, "que en ocasiones propicia interrogatorios invasivos sumado a barreras idiomáticas".
"La falta de información accesible, las barreras burocráticas, la escasez de recursos especializados y la inseguridad que genera la situación administrativa irregular continúan actuando como obstáculos para que muchas personas puedan salir de situaciones de explotación o ejercer sus derechos en condiciones de igualdad", asegura del Olmo.
El coordinador de la organización ha expresado asimismo su preocupación ante el condicionamiento de acceso a derechos según la categoría administrativa, lo que "deja fuera a quienes aún encontrándose en situaciones de gran precariedad y exclusión social, no cumplen estrictamente los requisitos establecidos".
