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Organizaciones lamentan que Ecuador no aplique medidas para erradicar la violencia sexual en escuelas

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y Centro de Derechos Reproductivos lamentan que el Gobierno de Ecuador no implemente las políticas públicas que ha emitido para prevenir y erradicar la violencia sexual en escuelas y colegios, como parte del cumplimiento de un fallo que declaró culpable al Estado por el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó en 2022 tras ser acosada y violada por el vicerrector del la institución pública donde estudiaba.

Ambas organizaciones defendieron a la madre de Paola, Petita Albarracín, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2020 condenó a Ecuador por "incumplir con su deber de garantizar" los derechos de la adolescente de 14 años, y han seguido de cerca el proceso de implementación de la sentencia, que, han asegurado, está estancado por falta de "voluntad política" de la administración del presidente Daniel Noboa.

"Hace falta voluntad política porque el Estado cuenta ya con todas las herramientas tanto jurídicas como técnicas. Tiene la sentencia para justificar la asignación específica de recursos o para priorizar una intervención; también la estrategia de educación integral para la sexualidad y la política para erradicación de la violencia sexual en las aulas, pero no las implementa", dice a Efeminista Lita Martínez, directora ejecutiva del Cepam.

La abogada señala que si bien las instituciones estatales no han sido "muy abiertas" con las organizaciones, habían podido acceder a información por medio de algunos funcionarios o por pedido de la misma Corte, pero que ahora se enfrentan a un escenario "mucho más complejo".

"En los últimos años lamentablemente se nos ha cerrado las puertas para ser parte del proceso de implementación, de monitoreo y de evaluación de estas políticas", agrega Milagro Valverde, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

La violencia sexual en las escuelas de Ecuador

En Ecuador se conmemora cada 14 de agosto el Día de Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas, declarado en memoria de Paola Guzmán, y en este 2026 las organizaciones que acompañan a la familia de la adolescente han recordado que esta violencia sigue instalada en escuelas y colegios.

Registros del Ministerio de Educación de Ecuador recopilados por el Observatorio Paola Guzmán Albarracín dan cuenta de que, entre enero de 2014 y junio de 2025, hubo 30.980 víctimas de violencia sexual dentro del sistema educativo.

"Eso significa que, en promedio, más de siete niñas y adolescentes sufrieron agresiones sexuales en las escuelas cada día, durante los últimos 11 años y medio", señalaron las organizaciones en un comunicado.

Para recordar a Paola y las deudas que aún mantiene el Estado, jóvenes se tomaron este 14 de agosto una plaza ubicada frente a la Fiscalía de Guayaquil, la ciudad donde vivía y estudiaba la adolescente, y le cambiaron el nombre en su honor.

"Este acto nos ha permitido evidenciar que lo que pasó hace 24 años sigue siendo una realidad ahora", menciona Martínez en relación también a las cifras de violencia.

Petita Albarracín (izq), madre de Paola, junto a Lita Martínez, directora del Cepam, durante el acto de renombre de una plaza en Guayaquil. EFE/Claudia Cortéz/Cepam Guayaquil

"Solo se ha podido constatar retrocesos"

Es frente a esta realidad que las abogadas insisten en que el Gobierno debe dar pasos más contundentes y poner en práctica las políticas que, aseguran, presentaron "con bombos y platillos" hace un par de años, pero que han quedado "solo en anuncio".

Explican que la situación se complicó aún más desde el año pasado, después de que el presidente Noboa decidió eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el encargado de hacer seguimiento y monitorear la ejecución de los fallos internacionales, y convertirlo en un viceministerio, pues "ha quedado en el aire quién va a asumir esa responsabilidad".

"Dado el contexto de violencia que vive Ecuador se vuelve cada vez más relevante la implementación de educación sexual integral, y es muy irónico que ante esto el Gobierno diga que quiere proteger a las niñas, a los niños y adolescentes y no esté priorizando de ninguna forma la implementación de las medidas que efectivamente podrían protegerles", afirma Valverde.

"Lamentablemente, lejos de avanzar desde cualquier ámbito en que se mire, durante este año solo hemos podido constatar retrocesos", agrega la abogada.

Las representantes del Cepam y del Centro de Derechos Reproductivos aseguran que el Gobierno entrega cada vez menos información a la Corte sobre el cumplimiento de las medidas e ignora los pedidos del tribunal interamericano de reintegrar a las organizaciones a los procesos de implementación.

"Es a partir de ese incumplimiento que la Corte ha declarado que las únicas medidas que siguen pendientes son las garantías de no repetición. Y hasta que el Estado no las cumpla, la Corte no va a archivar y dejar de requerir esta información", menciona Valverde.

Esas medidas de no repetición, dicen las abogadas, son las que permitirían generar cambios estructurales en el país y contribuir a que la violencia contra la niñez sea cada vez menor.