Feministas de Ecuador exigen que se reconozcan todos los femicidios

Organizaciones de la sociedad civil y grupos feministas de Ecuador piden al Estado que reconozca y contabilice los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo en contextos de delincuencia organizada, suicidios por violencia machista y crímenes vicarios como femicidios, con el objetivo de visibilizarlos y que se ejecuten acciones “contundentes” para prevenirlos.

“Cada 28 horas han asesinado a una mujer. Estamos comprometidas con visibilizar la escalada de la violencia contra las mujeres y el uso de armas de fuego en un país donde la tenencia de armas no es legal. Mujeres baleadas, violadas y tiradas en zanjas. Niñas lanzadas en el río por sus propios padres. Mujeres golpeadas, apuñaladas y envenenadas en todos los territorios. La violencia se ha incrementado”, ha denunciado en una rueda de prensa Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación ALDEA, parte de la Alianza feminista para el mapeo de femi(ni)cidios en Ecuador.

Según las estadísticas recopiladas por la Alianza, 206 mujeres han sido asesinadas por razones de género, entre ellas 115 víctimas cuyos casos están ligados al crimen organizado y 6 transfemicidios hasta el 3 de septiembre. Una cifra que contrasta con los 59 femicidios que contabiliza hasta la fecha la Función Judicial, que deja por fuera y registra como “otras muertes violentas de mujeres” (homicidio, asesinato, robo con muerte, sicariato, etc.) a 183 casos más.

Las organizaciones han lanzado una alerta y se han declarado en “vigilia nacional” ante el crecimiento exponencial de la violencia machista, que “está naturalizada”, y ante la falta de “compromiso real” de las autoridades “para ejecutar la política pública”.

“No se cumplen los protocolos y no hay sanciones. En temas de femicidio no se cumple con la investigación como manda el protocolo nacional de la misma Fiscalía, que dice que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como femicidio y luego descartarlo, no al revés”, precisa Guerra.

Los femicidios en Ecuador

Las organizaciones feministas también registran que en lo que va del año 144 niños y niñas han quedado huérfanos por el asesinato de sus madres. Mientras que cinco de las víctimas estaban embarazadas, incluida Dayana Ortega, una joven que desapareció el siete de septiembre y que tenía ocho meses de embarazo.

Se halló su cuerpo este 15 de septiembre en una quebrada de la ciudad de Tulcán, cerca de la frontera con Colombia. Y la Policía detuvo a su expareja como presunto responsable del crimen.

“Esto puede evitarse si tenemos una política pública con presupuestos suficientes, eficientes y entregados a tiempo. La impunidad también mata. Se requiere un sistema de Justicia con celeridad y debido proceso. Funcionarios que cumplan la norma. Basta de encubrir a femicidas y violadores”, agrega la presidenta de Aldea.

La declaración de la vigilia se realiza también en medio de la desaparición de la abogada María Belén Bernal que ha conmocionado al país. La última vez que se vio a Bernal fue el 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía de Quito, donde trabaja su esposo y ahora principal sospechoso.

Las investigaciones determinan que, tras el ingreso de la abogada, el policía Germán Cáceres salió por una puerta vehicular del establecimiento policial y que los encargados de seguridad no revisaron su vehículo con vidrios oscuros. Al teniente se lo detuvo para investigaciones, pero no se le formularon cargos, por lo que ahora está prófugo.

El pedido de las organizaciones feministas

Las activistas piden que se reconozca a los asesinatos por delincuencia organizada como femicidios porque aseguran que “los cuerpos de las mujeres se utilizan como botín de guerra y por disputa de territorio”. “La guerra del narcotráfico y el crimen organizado por el territorio en el país, como en todas las guerras y crisis sociales, se ve reflejada en el cuerpo femenino, que en este contexto de violencia extrema también significa territorio”, dice Nadya Donoso, representante del Cepam Guayaquil.

“Un territorio encarnado en un cuerpo que puede ser tomado impunemente y que está atravesado por la cosificación y deshumanización producto de la desigualdad de género y el ejercicio de poder sobre nuestros cuerpos”, agrega.

Aseguran que ya el Código Penal ecuatoriano determina que un agravante de femicidio es que el cuerpo de la víctima se exponga o se arroje en un lugar público. “Pues en estos casos todos los cuerpos son expuestos y dejaros tirados como si ese cuerpo no tuviera validez, como si no fuera importante”.

También hacen un llamado “urgente” al presidente Guillermo Lasso y a “todas las autoridades” para que convoquen a “mesas de diálogo con el movimiento de mujeres y feministas del país”.

Y denuncian que los equipos y presupuestos para prevenir la violencia “no llegan a comunidades rurales, indígenas y de la Amazonía”. Según Cecilia Mena, de la organización Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, a tres meses de que termine el año solo se ha implementado un 15 % del presupuesto para prevenir la violencia machista en Ecuador.

“Estamos armando una agenda feminista para alzar la voz. Necesitamos que el Presidente y demás autoridades empiecen a enviar un mensaje contundente para parar la violencia y ese mensaje requiere de un compromiso, una voluntad política. ¿Cómo confiar si no vemos presupuestos suficientes para la implementación de la ley?”, cuestiona Guerra.

“Queremos dialogar para desarrollar acciones definitivas, que haya una sentencia ejemplificadora y preventiva de otros femicidios. Eso no tenemos. Y si las autoridades no lo hacen, lo haremos nosotras”, zanja.