ONU reclama a Uruguay protección para comunidades LGTBI y afrodescendientes

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a Uruguay implementar medidas para proteger a la comunidad LGTBI+ de la estigmatización y de actitudes discriminatorias, investigando "sin demora" los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

Uruguay se ha sometido este año a su sexto examen periódico ante este comité de Naciones Unidas, que ha reconocido avances en materia de políticas de género, aunque  ha elaborado una lista de sugerencias para seguir avanzando en este aspecto.

Protección LGTBI

La presidenta del Comité, Photini Pazartis, ha declarado en rueda de prensa que el país tiene que "redoblar sus esfuerzos" para combatir los estereotipos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como frenar las conductas violentas en las escuelas.

En este sentido, también se ha mencionado la discriminación racial. Según el informe elaborado por el Comité, en Uruguay persiste la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes, siendo las mujeres y niñas las que más la sufren en el ámbito educativo, el de la salud y la vida pública.

La presidenta del comité ha propuesto incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población en este punto y la capacitación del sector público, privado y docente para "promover la tolerancia y el respeto a la diversidad".

En cuanto a la violencia, desde el comité se ha expresado preocupación por el incremento de los ataques contra las mujeres, después de que en 2021 se registraran 30 femicidios y 38.925 denuncias por violencia doméstica.

Entre las recomendaciones se ha incluido un plan para combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la inclusión de éstas, incluidas las afrodescendientes e indígenas, en puestos directivos tanto de la esfera pública como de la privada.

Asimismo, Pazartis ha expuesto las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de poder abortar, e instó a garantizar un plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y privacidad.

Por otra parte, el comité ha notificado un aumento de los juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, y ha pedido que se investiguen de forma independiente y parcial todas las denuncias relativas a dichos actos de intimidación.