Migrantes víctimas de violencia de género en España: desprotegidas e invisibles
Violencia y racismo institucional, trabas en la propia ley de Extranjería, marañas burocráticas, escasa información, falta de credibilidad de su relato y ausencia de perspectiva de género en el proceso judicial es el denominador común de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular cuando tratan de salir de la violencia de género en España.
Son mujeres que llegan a España huyendo de guerras, pobreza o violencias machistas como mutilaciones genitales, trata o matrimonios forzosos, situaciones de extrema vulnerabilidad que las convierte en el "objetivo perfecto" de maltratadores, la mayoría españoles, que aprovechan su precariedad para someterlas a un maltrato feroz.
Y cuando ellas reúnen el apoyo o el valor necesario para denunciarlos se topan con el maltrato institucional y una maraña de leyes que las deja desprotegidas debido a su situación administrativa irregular que las convierte, además, en invisibles ante los ojos de la sociedad.
Una realidad que, con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, explican en Efeminista abogadas, mediadoras y especialistas, que denuncian la desprotección a la que el sistema expone a estas mujeres y que se traduce en un aumento del riesgo para ellas, y sus hijas e hijos.
La fiscal de sala coordinadora contra Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato; la directora general de la asociación Karibu, Nicole Ndongala; la mediadora y acompañante de supervivientes de violencia de género e integrante de Red Latinas, Paola Verdejo; la abogada y coordinadora del Programa Derecho de las Mujeres de AIETI, Tatiana Retamozo; y la abogada y Responsable del Área de Mujer del Movimiento por la Paz -MPDL-, Begoña Serrano, hablan de los obstáculos que enfrentan estas mujeres y proponen recursos y soluciones.
Barreras de la Ley de Extranjería
El principal problema “generador de todos los obstáculos siguientes” es la ley de extranjería, coinciden todas.
Un escollo que, explican las especialistas, radica en el desfase que hay entre la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (ley de extranjería).
Y es que, mientras la primera permite que los servicios médicos o sociales acrediten una situación de violencia de género sin presentar denuncia (mediante un título habilitante), la de extranjería no se ha modificado en ese sentido y les sigue exigiendo una orden de protección, una sentencia condenatoria o un informe del Ministerio Fiscal para poder regularizar su situación.
La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género fue modificada en 2018 para permitir que las víctimas puedan ser acreditadas como tal con un informe de los servicios sanitarios o sociales sin necesidad de denuncia, modificación que, para ser efectiva, necesita extenderse a la ley de Extranjería, que es la que permite la regulación de estas mujeres. Cinco años después, esa modificación sigue sin acometerse.
“A día de hoy el título habilitante de violencia de género no sirve para que se regularicen las mujeres migradas”, advierte la abogada y Responsable del Área de Mujer del Movimiento por la Paz (MPDL), Begoña Serrano.
Sin protección por no tener papeles
Esta dificultad para regularizar su situación las deja absolutamente desprotegidas y, en muchos casos, a expensas de su maltratador que habitualmente las chantajea y amenaza con que serán deportadas si los denuncia, con denunciarlas a ellas para que sean expulsadas, o con quitarles a los hijos comunes en caso de que los haya.
Además, las aboca a empleos precarios, con jornadas extenuantes para poder subsistir, explotación laboral y violencias sexuales.
La actual ley de Extranjería, añade la abogada y coordinadora del Programa Derecho de las Mujeres de AIETI, Tatiana Retamozo, incumple el Convenio de Estambul al condicionar la protección a la situación administrativa e insiste en la necesidad de priorizar a las mujeres, independientemente de su estatus.
Coincide con ellas la fiscal de sala coordinadora contra Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, que reconoce que “el problema” radica en que todavía no se ha modificado el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería y, ante esta situación, insta a las víctimas a acudir con toda la información de la que dispongan a Fiscalía para “facilitarles esa acreditación y que puedan acceder a los recursos”.
Desde fiscalía “estamos siendo muy proactivos para ayudar a las víctimas a que cuenten con esa acreditación y puedan acceder a los recursos” aunque no exista un procedimiento penal.
Violencia institucional
Más allá de la “trampa” de la Ley de Extranjería, la falta de credibilidad, las pérdidas de custodias o el incumplimiento de la debida diligencia en la protección de las mujeres emergen como formas más sutiles pero igualmente devastadoras de violencia institucional.
"Si no eres la víctima perfecta, puede que tu proceso se quede en nada", denuncia la mediadora de Red Latinas, Paola Verdejo. Este concepto de "víctima perfecta" subraya la discriminación intrínseca en el sistema, donde la protección se ve condicionada por factores administrativos o estereotipos de género y raciales que se anteponen a la urgencia de la situación.
Y recuerda que de ello dependen sus vidas: “Ella puede llegar a su casa y la pueden haber atendido, pero si no ha podido acceder a algún recurso para salir de ese lugar puede ser asesinada y eso lo sabemos porque lo hemos visto”.
Entre enero y junio de 2023 el número de mujeres víctimas de la violencia de género en España ha sido de 92.217, de ellas el 34,5 % (31.787), son extranjeras y el 65,5 % (60.430), españolas, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las cifras de víctimas mortales de la violencia de género en España. En lo que va de año 52 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de ellas, 31 eran españolas (60 %) y 21 extranjeras (40 %). Desde 2003, han sido asesinadas 1.237 mujeres.
Perder la custodia de las hijas e hijos
La red denuncia otra forma de violencia institucional: la guardia y custodia. En situaciones de violencia de género, la custodia compartida o la posibilidad de que la madre pierda la custodia de sus hijas e hijos debido a la falta de recursos puede perpetuar la victimización.
Por ello, exige un cambio en las instituciones para que "la primera mirada sea por y para la mujer", ella tiene que ser la prioridad porque "su situación es de vida o muerte".
"La misma justicia está llevando a las mujeres a que vuelvan a vivir todas las situaciones de violencia", explica Verdejo, haciendo hincapié en la tragedia que significa que las mujeres pierdan la custodia de sus hijos por falta de recursos económicos o porque el proceso no sale adelante y los maltratadores se quedan con ellos.
Las víctimas, relata, acaban volviendo con sus maltratadores para estar cerca de sus hijas e hijos. Como consecuencia, acaban expuestas a riesgos adicionales y se fomenta el temor de acudir a las instituciones.
“¿Eso es racismo? Claro que es racismo. ¿Es violencia institucional? Claro que es violencia institucional. Porque aquí se está castigando no que ella sea mala madre, sino el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué tipo de protección es esta?”, señala por su parte la abogada de AIETI.
"Arrebatar a una madre la custodia de los niños porque es pobre es lo más lamentable que se puede oír", sostiene Peramato quien urge a "poner a su disposición de la madre todos los recursos para que pueda seguir atendiendo a sus hijos en condiciones mínimamente dignas e insta a cualquier mujer que haya sido víctima de esta situación a ponerse en contacto con Fiscalía para estudiar su caso. "Es una barbaridad", zanja.
Una mayor coordinación entre administraciones
En este sentido y para asegurar esa protección, las supervivientes de violencia y expertas piden una mayor coordinación entre administraciones y que los títulos habilitantes emitidos por las Comunidades Autónomas puedan ser revalidados en otras regiones cuando las víctimas trasladan su residencia.
Muchas veces por su condición de víctima, por miedo a que su maltratador las localice, se ven obligadas a cambiar de domicilio.
“Si yo recibo como víctima de violencia de género una ayuda en una comunidad y traslado mi residencia a otra, posiblemente por mi condición, debería tener un reconocimiento de inmediato de esa ayuda en la otra comunidad y ahí hace falta coordinación”, sostiene Peramato.
En este sentido, propone la creación de una ventanilla única que gestione todos los recursos a los que tienen derecho las víctimas "porque las marean" con una burocracia exagerada que a veces las hace abandonar, reconoce la fiscal. "Debería estar todo concentrado en una sola administración y protocolizado", considera.
Esta maraña administrativa, denuncia Peramato, es la que refieren las familias que acogen la huérfanas y huérfanos de la violencia de género. Acceder a las ayudas que les corresponden es un "periplo" que en ocasiones les exige pedir excedencias laborales para conseguir todos los requisitos burocráticos "abrumadores" que se les exigen.
Regularización inmediata de las hijas e hijos
Otra demanda clara y contundente es la regularización inmediata de las hijas e hijos menores de edad de estas mujeres que se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
Para las organizaciones que acompañan a las víctimas, se trata de una forma de poner fin a la vulnerabilidad de las niñas y niños porque, en muchos casos, las familias o las propias madres desconocen la posibilidad de regularizarles debido a la falta de información.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer recuerda que las mujeres víctimas de violencia de género migrantes extranjeras en situación de irregularidad pueden pedir un permiso de residencia excepcional durante el proceso legal.
“Pero además, tienen derecho a pedir también el permiso de residencia respecto de sus hijos menores e incluso de los mayores de 16 años que vivan en España en el momento de la denuncia y que dependan de ella”, incide.
Trabas administrativas y falta de información
Los numerosos trámites, la barrera del idioma en el caso de las mujeres africanas y la carencia de traductores, la falta de información y de coordinación entre las administraciones o servicios implicados son otras de las lagunas del sistema español que aboca a las víctimas a no denunciar o a abandonar el proceso.
Una de las medidas que, según las especialistas, podría paliar parte de este problema es habilitar a los Consulados en España para brindar información a las mujeres sobre qué hacer en casos de violencia de género, a qué recursos tienen derecho y qué requisitos figuran en la ley de extranjería.
Además, proponen que los consulados les aporten medidas de apoyo, protección de sus familias en origen, les faciliten su documentación y la de sus hijos e hijas y les acompañen en los trámites y procesos en los que haga falta traducción, como es el caso de muchas mujeres africanas.
“Muchos documentos no están traducidos, por lo tanto no todas las personas entienden todo lo que está diciendo o dónde pueden acudir si les pasa algo”, señala la directora general de la asociación Karibu, Nicole Ndongala.
Justicia con perspectiva de género e interseccional
En la travesía hacia una justicia más equitativa, la reclamación de una perspectiva de género real, y a la vez interseccional, resuena con fuerza y va más allá de la formación de los operadores jurídicos.
Una interseccionalidad que tenga en cuenta todos los aspectos y vivencias que definen a cada una de ellas: raza, migración, precariedad económica, hijas e hijos, idioma...
La abogada Begoña Serrano, del MPDL, destaca la importancia de reconocer las múltiples capas de discriminación que enfrentan estas mujeres migrantes que “llevan consigo un proceso muy duro y se encuentran aquí con muchas discriminaciones”.
En muchos casos, relata, se encuentran en una mala situación socioeconómica, con empleos precarios, sin red de apoyo y con cargas familiares que limitan sus opciones. Los agresores, en gran medida, son españoles con un mayor poder socioeconómico que explotan esta vulnerabilidad para ejercer control sobre ellas.
Tipificar la violencia económica
En este contexto la tipificación de la violencia económica como una forma de violencia de género, tal y como reclama la magistrada Lucía Avilés, se revela como una medida esencial. No solo proporcionaría “una respuesta penal específica”, sino que también visibilizaría “esta forma de violencia, que coloca a la víctima en una situación de dependencia muy grave del agresor”, reconoce la propia fiscal Peramato.
Por su parte, la directora general de Karibu, Nicole Ndongala, que hace intervención directa con población africana, destaca cómo la interseccionalidad debe abordar no solo las violencias en el país de destino, sino también aquellas sufridas en los países de origen o tránsito.
"Muchas mujeres africanas que vienen no tienen en papel pruebas que demuestren la situación que han vivido", explica Ndongala, subrayando la necesidad de un enfoque interseccional que comprenda las complejidades de las experiencias migratorias. Y apunta a la dificultad de proporcionar nombres y apellidos específicos de los agresores en casos de violencia sexual o trata.
Por ello, todas las expertas coinciden en pedir que se modifique la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que actualmente deja fuera a muchas supervivientes de mutilación genital femenina (MGF) o matrimonios forzados que carecen de pruebas documentales tangibles que demuestren esas violencias.
Excluidas del sistema sanitario
También piden recuperar el sistema sanitario previo al 2012, ya que la realidad actual es que muchas mujeres migrantes no tienen el acceso garantizado al sistema público de salud. Esto no solo constituye para ellas una vulneración de derechos fundamentales, sino que también obstaculiza la detección temprana y el tratamiento de mujeres que han sufrido o sufren distintas formas de violencia de género.
El difícil acceso al sistema sanitario de estas mujeres debido a su situación administrativa irregular es otro de los graves problemas que afrontan. Al no ser atendidas en Atención Primaria no existe la posibilidad de que profesionales sanitarios les hagan un seguimiento y puedan detectar su situación de maltrato. El miedo a ser deportadas hace, además, que las víctimas recurran a "personas conocidas" para que les traten sus golpes o acudan a urgencias donde no les hacen un seguimiento.
Todas estas demandas convergen en la necesidad de que la legislación se ajuste a las necesidades de protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España. En este sentido, se destaca que la aspiración innegociable debe ser lograr una justicia equitativa para todas las mujeres, sin importar su situación migratoria, como parte esencial del camino hacia la erradicación de las violencias machistas.
