De boca en boca: Así abortan las mujeres migrantes en España

¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué sigue? Estas son algunas de las muchas dudas que tienen las migrantes cuando acuden a las instancias sanitarias en España para abortar. Las respuestas que reciben de los funcionarios se traducen en barreras y el de boca en boca entre amigas y redes de apoyo las lleva a recibir el acompañamiento de organizaciones civiles.

“Tú no tienes derecho”, esa la primera respuesta que reciben las mujeres migrantes cuando acuden a las instituciones de salud para abortar en España, por ley el acceso a la interrupción del embarazo debería ser público, gratuito y sin discriminación.

Sin embargo, la interpretación arbitraria del RDL 7/2018 ha provocado la creación de barreras legales, administrativas y sociales que le dificultan a la migrante regular, irregular y solicitante de asilo acceder a este derecho, sobre todo si viven en las comunidades y ciudades autónomas como Ceuta, Melilla, Madrid, Castilla y León, Canarias, Baleares, Galicia, Murcia.

Es a través de la difusión de boca en boca de las organizaciones que acompañan (Médicos del Mundo), que defienden desde los tribunales (Women’s Link), que informan en colectivo (Yo Sí Sanidad Universal) y que se apoyan entre redes de amigas (Red Mujeres Latinoamericanas y del Caribe) que las mujeres migrantes están encontrando salidas de emergencia frente a las barreras racistas, discriminatorias y violentas que les impone el  sistema sanitario.

La burocracia: una barrera de tiempo

Uno de los números telefónicos que marcan las mujeres migrantes para pedir apoyo es el de Laura Cevallos, trabajadora trabajadora social de Médicos del Mundo, una de las organizaciones en España que ofrecen acompañamiento directo a miles de mujeres migrantes al año, que son excluidas del sistema sanitario.

Laura atiende a migrantes que habitan en la comunidad de Madrid, y sabe que la primera brecha que enfrenta este sector es la burocracia, porque está hecha para complejizar la regularización de los más vulnerables.

Para las migrantes irregulares y las solicitantes de asilo los requisitos de acceso a la sanidad nunca terminan y el empadronamiento (justificante de domicilio en el país), un papel, que muchas veces es la razón que las deja sin sanidad pública “no está en el real decreto, no existe, pero lo exigen algunas comunidades”, explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link, que ha defendido casos de aborto en España, América Latina y África del este.

“Hay personas que duran años viviendo en lugares subalquilados y no se pueden empadronar, entonces nunca van a poder cumplir con ese requisito”, menciona Dayanara Méndez, acompañante sociojurídica de diferentes organizaciones no gubernamentales.

Esta situación está creando “un mercado en V”, dice Laura, porque hay gente que engaña a estas mujeres y “les cobran hasta 200 euros para que se empadronen en su domicilio”, el problema es que en cualquier momento las pueden dar de baja, por eso en Médicos del Mundo no recomendamos que lo hagan, además “ellas cuando alquilan una habitación tienen derecho a empadronarse".

Madrid, con más barreras de acceso a la sanidad

“Madrid es una de las comunidades con más barreras de acceso y lo que hay aquí a diferencia de otras comunidades son las Unidades de Tramitación para personas extranjeras”, explica Laura.

Sin contar a las personas no empadronadas, en toda la comunidad madrileña hay más de un millón de migrantes, sin embargo, solo hay 7 unidades de tramitación para atender a toda esta población en crecimiento.

La segregación institucional de las personas migrantes y la alta demanda provoca que las citas a estas unidades madrileñas se expidan cada tres meses y que haya pocas posibilidades para adelantarlas, aunque sea por urgencias médicas.

Infografía/Ana Baez

Esperas de tres semanas para abortar

Cuando una mujer quiere abortar “todos los días cuentan”, para ellas esperar “implica muchísima angustia y estrés, eso les impide estar en buenas condiciones de salud”, afirma Laura tras relatar que hace poco atendió a María (nombre ficticio), una mujer migrante en situación irregular que estaba ejerciendo prostitución y quería abortar.

María tuvo que esperar tres semanas para interrumpir su embarazo porque en la Unidad de Tramitación, donde emitiría su DASE, no quisieron adelantar su cita.

Al estar en situación irregular, María no tenía acceso sanitario de ningún tipo, así que desde Médicos del Mundo la derivaron a una clínica privada para que le hicieran un informe que justificó sus seis semanas de embarazo y adelantar su cita, pero este informe sirvió de poco.

Cuando Laura envió el informe a la Unidad de Tramitación le dijeron que María, en efecto, tenía seis semanas de embarazo y, por ende, su cita (que estaba programada para dentro de tres semanas) no se modificaría, ya que para esa fecha no se superaría el plazo legal de las 14 semanas para interrumpir legalmente el embarazo.

María tuvo que esperar tres semanas para interrumpir su embarazo de forma quirúrgica, porque cuando acudió a la unidad y obtuvo sus papeles ya estaba en la novena semana de gestación y es una contraindicación médica tomar la pastilla abortiva después de las ocho semanas.

Lamentablemente los funcionarios “están tomando en cuenta los plazos de la ley, pero no la realidad de las mujeres en situación de prostitución, porque a ellas les genera culpa estar ejerciendo embarazadas, al final es un estigma moral que les mina muchísimo psicológicamente”, sentencia la trabajadora social de Médicos del Mundo.

"El aborto no es algo que se pueda posponer"

De acuerdo con Isabel Silva, ginecóloga y vicepresidenta de la sociedad española de contracepción y la interrupción legal del embarazo, “el aborto no es algo que se pueda posponer, cuantos más días pasan peor es para la mujer por una situación psicológica y también porque es más fácil interrumpir antes que después”.

María contaba con los documentos que le solicitaba la Unidad de Tramitación para pedir una cita, pero ese no era el caso de Sonia (nombre ficticio), una mujer migrante que quedó embarazada de un putero y no contaba con un pasaporte en vigor.

“Una de las interpretaciones que se han dado de este RDL es que para acceder a la sanidad pública los migrantes deben tener un pasaporte en vigor, que comprueben que llevan tres meses en territorio español, en territorio español, que no tengan cobertura en sus países de origen y que no tengan seguro privado, no importa si llevan años viviendo en España”, explica la abogada especialista en litigios estratégicos, Estefanny Molina.

Sin un documento de identidad Sonia no podía acceder a la sanidad pública ni para interrumpir su embarazo ni para nada.

Sonia intentó reunir los 300 euros para acudir a una clínica privada, “estuvimos en conversaciones con ella para ver cómo podía conseguirlo, pero cada vez me respondía menos”, confiesa Laura, hasta que un día me dijo: “una persona me ha vendido una pastilla por 60 euros y he abortado sola en casa”.

“El problema es que no sabes si realmente lo que te dan es una pastilla abortiva y, en estos casos, la falta de seguimiento médico hace que sea un riesgo muy grande para ellas, luego si sienten algún tipo de complicación saben que no pueden ir a ningún centro, no tienen a dónde ir”, remarca la trabajadora social.

Soledad, miedo y culpa

La soledad de no tener a quien acudir, la culpa que deposita la sociedad sobre una mujer prostituta que aborta y el miedo de no saber si lo que tomaste es realmente una pastilla abortiva son experiencias traumáticas que puede vivir alguien que interrumpe su embarazo en la clandestinidad.

Laura cuenta que siguió en contacto con Sonia para saber si tenía sangrados abundantes, fiebre o dolores crónicos y, de ser así, articularla con los hospitales en los que ella sabía que eran un poco más amigables.

El acompañamiento de Médicos del Mundo es muy importante en estas situaciones, porque son quienes dan el seguimiento a las mujeres migrantes excluidas del sistema sanitario y quienes las articulan con el servicio de urgencias de algún hospital.

Sin embargo, por la situación irregular administrativa de Sonia, probablemente el hospital le habría dado a firmar una carta de pago con la que la comprometerían a pagar por el servicio sanitario en un futuro.

A Sonia le negaron su derecho a tener un aborto seguro y gratuito por no tener un papel, “ en un país donde la interrupción del embarazo es legal y está financiado por la asistencia sanitaria pública”, subraya Laura.

Las comunidades: una barrera geográfica

Tener toda la documentación es solo la primera barrera para acceder a la asistencia sanitaria; cuando la tienes “depende de en qué localidad estás residiendo, porque cada comunidad decide con sus normas cómo accede una persona a sus derechos sanitarios”, señala Edith Espinola, secretaria técnica de Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y portavoz de la iniciativa #RegularizacionYa.

Edith nació en Paraguay, pero vive en Segovia, una ciudad de la comunidad de Castilla y León donde parece que el tiempo no pasa, porque, aunque ya se hayan cumplido trece años de la legalización del aborto en España, en esta ciudad no se ha registrado ninguno desde hace más de 50 años.

Cristina (nombre ficticio) es amiga de Edith, también es paraguaya y en 2021 estaba empadronada en Segovia y ya había superado los 90 días de estancia en el territorio español; ese mismo año quedó embarazada y decidió que lo mejor era abortar. Al estar en una situación administrativa regular lo primero que hizo Cristina fue ir a su centro de salud más cercano.

“Al llegar le dijeron que sí, que tenía derecho, pero que debía regresar la próxima semana con una persona para que le llenarán la papeleta, cuando ella vuelve al centro de salud le dicen que la persona que la iba atender estaba con una baja y quien le tenía que suplantar no estaba, pasó otra semana y ella ya tenía un mes de embarazo”, dice Edith.

El tiempo pasaba y Cristina ya estaba desesperada, ella sabía que no le darían la papeleta y lo único que le quedaba era pagar para abortar en una clínica privada, Edith cuenta que fueron a una en Madrid, ahí pagó 450 euros por una aspiración quirúrgica, ya que le daba miedo sufrir una hemorragia con la pastilla abortiva.

Falta de información y objeción de conciencia

En las comunidades autónomas más restrictivas hay falta de información sobre el acceso al aborto y otro tipo de barreras para las migrantes regulares, tales tales como la objeción de conciencia generalizada y la velada, que es lo que le sucedió a Cristina cuando no quisieron atenderle y le fueron retrasando su procedimiento.

Cristina fue víctima de violencia institucional y de discriminación geográfica por parte del funcionariado sanitario y, así como ella, muchas otras mujeres que no son regulares pasan por lo mismo, sobre todo en las ciudades fronterizas que reciben altos flujos de migración, como lo son Ceuta y Melilla.

Sin posibilidad de abortar en Ceuta y Melilla

La ubicación geopolítica de estas dos ciudades autónomas hace que la restricción hacia el aborto sea muy alta; la abogada Estefanny Molina explica que en ninguna de las dos hay hospitales públicos ni privados que permitan la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres migrantes en situación irregular, por lo tanto, “el cien por ciento de esos abortos son derivados a la península, a Jaén, Sevilla o Cádiz”.

En Women 's Link han detectado que muy seguramente en estas ciudades autónomas hay aborto clandestino, porque para viajar a la península las mujeres tendrían que pasar por un control migratorio y al no ser regulares automáticamente las mandarían a un centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) y las deportarían; “estas mujeres no se arriesgarían a ser deportadas para practicarse un aborto”, asegura Molina.

La exclusión y la desigualdad en el acceso sanitario de cada una de las comunidades autónomas ha sido un tema abordado desde hace varios años por movimientos de desobediencia civil como Yo Sí Sanidad Universal.

Marta Pérez es miembro de este movimiento que en 2022 publicó un informe, que ha sido utilizado por organizaciones (Médicos del Mundo) e investigadores (UC3M) como herramienta de análisis para entender el problema de la exclusión sanitaria en España.

Para Pérez las comunidades con más barreras de exclusión sanitaria son Madrid, Baleares, Canarias, Castilla y León, pero argumenta que este problema es “una cuestión política partidaria ideológica” y, en su opinión, quien tiene derecho o no a un servicio público se basa en una “motivación racista”.

La ley: una deuda pendiente del gobierno

El origen de estas barreras y el fin de la universalidad sanitaria española comenzó en lo que Sara Plaza, periodista de Sanidad en El Salto Diario, llama el “apartheid sanitario” que, durante la época de Mariano Rajoy, impuso recortes a la sanidad que más tarde derivaron en la publicación del RDL 16/2012.

“En ese momento una importante parte de la población, como son las personas en situación irregular, perdieron el derecho a la asistencia sanitaria”, afirma la periodista, porque la aprobación del RDL 16/2012 no solo le quitaba la tarjeta sanitaria a estos grupos, sino que “cambiaba lo que serían las bases del sistema sanitario”.

Esta situación de exclusión injustificada despertó el surgimiento de movimientos de desobediencia civil como Yo Sí Sanidad Universal, un colectivo que ha buscado “poner en el centro la inclusión sanitaria de los migrantes y acompañar a personas que se habían quedado fuera”, afirma Marta Pérez, quien ha formado parte del movimiento desde que fue creado.

Pasaron seis años de la publicación del RDL 16/2012 y la promesa del Partido Socialista Español (PSOE) de regresar la sanidad universal se convirtió en deuda que trajo consigo la emisión de otro RDL, el 7/2018, el cual reconoce el derecho a la sanidad de los migrantes, pero “agrega requisitos burocráticos que dificultan el acceso igualitario a la sanidad en todas las comunidades”, señala Pérez.

Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad Universal y otros colectivos como REDER esperan que el RDL 7/2018 se quede sin efecto, se modifique o se convierta en ley, pero estas agrupaciones confirman de que “el interés de los políticos de crear una ley que garantice la universalidad sanitaria es mínimo”.

Feminismo interseccional para una sanidad universal

Este decreto es una deuda de un gobierno que no quiere volver a hablar de la sanidad universal, por eso “ni la sociedad civil ni las abogadas ni las periodistas ni las feministas podemos perder de vista la situación de las mujeres migrantes”, subraya Molina.

En estas situaciones “el silencio es cómplice”, pero para volver a hablar de la sanidad universal se necesita de un “feminismo interseccional” que incluya temas de “clase y raza”, porque quienes pueden declarar la “inconstitucionalidad” del RDL7/2018 son los que tienen cargos públicos, pero quienes no los tenemos debemos recordarles que “se están olvidando de las mujeres migrantes y si una mujer se queda fuera significa que hay una práctica discriminatoria”, sentencia la litigante de Women’s Link.

Mientras eso sucede las amigas, los colectivos (Yo Sí Sanidad Universal) y las organizaciones de la sociedad civil (Médicos del Mundo, Women’s Link, Women on Web, Red Latinas) seguirán estando ahí “trabajando entre redes y alianzas”, dice Molina, para ser el sostén de todas estas mujeres migrantes a las que se les está negado algo que es suyo: el derecho a tener un aborto libre, seguro y gratuito.