México prepara un registro de agresores sexuales y feminicidas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México ha anunciado que trabaja en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas cuya información genética pueda ser utilizada en las investigaciones.

Una iniciativa que forma parte del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV) y que ha sido anunciada por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

Un registro de uso forense

Icela Rodríguez ha asegurado que este registro ayudará a que las fiscalías estatales cuenten con un Banco de ADN de uso forense y cuya información genética pueda ser utilizada en la vinculación de evidencia; así como la activación de un grupo de personas expertas cuando se requiera su cooperación.

La funcionaria ha adelantado que se expedirá “un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes”, además de una certificación nacional de los cuerpos de seguridad de los niveles municipal, estatal y federal para que prevengan y atiendan estos casos con los estándares adecuados.

Rodríguez ha aprovechado el foro para expresar su pésame a las familias que recientemente han sufrido la pérdida de una integrante víctima de violencia de género, como sucedió en el caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años hallada sin vida en la cisterna de un motel del norteño estado de Nuevo León tras dos semanas desaparecida.

La funcionaria ha señalado que “por desgracia la mayoría de los homicidios y de los feminicidios son por personas conocidas de las víctimas, no es en las calles necesariamente dónde ocurran estos delitos. Lo quiero subrayar, sobre todo en los casos en los que ha habido ya una investigación”.

La violencia contra las mujeres, en cifras

A la presentación del informe han asistido el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano.

En su turno, Gasman ha dado a conocer el Modelo Integral de Prevención Primaria de las Violencias hacia las mujeres, cuyo objetivo es desarticular las prácticas socioculturales que normalizan la desigualdad y reproducen la discriminación por razones de género, las cuales se calculan tienen un costo del 1,4 % del PIB nacional.

Recientemente, miles de feministas mexicanas han protestado en diversas marchas en la capital para exigir justicia por el presunto feminicidio de Debanhi Escobar.

Por supuesto, el subsecretario Mejía Berdeja ha hecho “recomendaciones” a la Fiscalía General de Nuevo León, que ha afrontado críticas de la ciudadanía y de la familia de la joven por presuntas fallas en la investigación.

La muerte de Debanhi ha causado indignación nacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera por un taxista que supuestamente la acosó, y por las fallas de la Fiscalía de Nuevo León, que primero indagó el caso como accidente.

El caso de Debanhi es una muestra de la doble crisis de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de diez mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras del Gobierno.