Una fiesta popular en El Salvador para inmortalizar la lucha de Manuela

En la plaza central de Cacaopera, un municipio de 10.000 personas ubicado a unos 200 kilómetros de la capital de El Salvador, se vivió una verdadera fiesta la mañana del 30 de junio en la que se inmortalizó, por medio de un memorial, la lucha de Manuela por conseguir justicia tras la criminalización que vivió por sufrir una emergencia obstétrica.

Manuela tenía 33 años cuando falleció en 2010 a causa de un cáncer linfático que padecía y por el que no recibió un tratamiento adecuado debido a que desde 2008 cumplía una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Fue el personal del hospital al que ella llegó tras sufrir una fuerte caída quiénes enviaron a la Fiscalía un informe en el que se la denunciaba por el delito de aborto. Pasó varios días esposada a una camilla hasta que la enviaron a prisión.

Por su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en 2021 a El Salvador y lo responsabilizó por su detención, condena y muerte. Además, ordenó al país implementar varias medidas estructurales para que en ninguna otra mujer se repita su caso. Sin embargo, el Estado no ha reconocido su responsabilidad de manera pública como dictó la Corte, por lo que la instalación de una placa en su pueblo natal y con la compañía de sus vecinos ha significado mucho para sus seres queridos.

“Para mí es una alegría estar aquí en el pueblo en el que ella nació porque lo que le pasó no fue porque ella quiso. Ver a mi madre en esta placa no es fácil, pero tiene un significado bastante grande porque limpia su nombre. Esto se va a quedar aquí aunque nosotros estemos muertos”, dijo Jesús, el hijo mayor de Manuela, frente a los lugareños.

Una fiesta popular en honor a Manuela

La fiesta popular ha sido una forma de homenajearla a ella y a su familia por todo lo que han tenido que vivir debido a “todas las violaciones de derechos humanos que sufrió Manuela”, asegura a Efeminista Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones encargadas del litigio de su caso ante la Corte IDH.

“Es una forma de más de decirle a la sociedad, y a la sociedad en la que ellos viven, que Manuela era inocente, que sufrió violaciones de derechos humanos, que el Estado de El Salvador fue condenado y que el Estado está obligado a reparar todos estos hechos. Entonces es un acto simbólico de una magnitud muy grande para una familia que ha tenido que luchar contra el estigma durante tantos años”, precisa Martínez.

Además de los hijos de Manuela, en la fiesta popular también estuvieron presentes sus padres, quienes agradecieron por el memorial en honor a su hija, que ha quedado instalado en el parque central del municipio y en el que consta su verdadero nombre: María Edis.

La directora regional del Centro afirma que aunque El Salvador sigue teniendo una legislación muy restrictiva, la sociedad sí ha ido cambiando su opinión sobre el aborto. “El trabajo que se ha hecho alrededor de estos casos no solamente legal sino para apuntarle a la despenalización social, para poder trabajar con la opinión pública, para hacer campañas de comunicación, movilizaciones, poner el tema en la agenda, sin lugar a dudas ha tenido un efecto muy importante en El Salvador”.

“No era lo mismo hablar de aborto en El Salvador o de emergencias obstétricas o de violencia contra la mujer en el 98 como ahora”, asegura Martínez.

Como ejemplo pone el uso del término emergencias obstétricas, que hace algunos años, dice, no se entendía entre la población. “Hoy en día todo el mundo entiende qué es una emergencia obstétrica, que sucede, que está ahí, que es algo espontáneo, que es involuntario, etcétera, y se usa de manera reiterativa por la sociedad, pero también por los medios de comunicación”.

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El cumplimiento de la sentencia en El Salvador

Un año y medio después de la sentencia contra El Salvador, Martínez asegura que ha habido “avances como retrocesos”. 

Algunas mujeres que estaban encarceladas por emergencias obstétricas con penas similares a las que recibió Manuela salieron en libertad tras la decisión de la Corte IDH, pero a otras cuatro se les ha abierto procesos penales en este mismo período. “Esto es absolutamente aterrador, no podemos volver a un momento en donde las mujeres siguen siendo denunciadas en los servicios de salud y eso lo ponemos en la agenda pública. Esto no puede pasar, esto contraviene sin lugar a dudas los estándares y las obligaciones que tiene el Estado a la luz del caso de Manuela”, recuerda la abogada.

Otro tema que les preocupa es el de la aplicación de los cambios en las regulaciones que ya ha hecho el país por pedido de la Corte. “El Salvador sí reguló tanto la atención de emergencias obstétricas como el secreto profesional médico. Si bien son temas que creo que todavía se pueden mejorar dentro de ambos documentos, creo que el mayor desafío es que no se han socializado debidamente con el personal de salud”.

“Si esto no se aterriza, si no hay información suficiente, si no formamos a los profesionales de la salud que están en todos los centros de salud del territorio nacional es muy posible que sigan sucediendo estos casos”, apunta.

En cuanto a retrocesos, Martínez destaca la ausencia de una política de educación sexual integral. “El Ministerio de Educación el año pasado retiró, de hecho, textos sobre violencia de género, educación sexual integral y demás del sistema público de educación, lo cual es absolutamente preocupante porque esa es la puerta de entrada para que todas las personas puedan conocer sus derechos sexuales y reproductivos”.

Las organizaciones que acompañan a la familia de Manuela seguirán insistiendo en que el Estado cumpla con la reparación simbólica y con las reformas que faltan. Sin embargo, creen necesario que se elimine el problema de fondo por el que a las mujeres se las criminaliza y que ya está en análisis en la Corte Interamericana, con el caso de Beatriz, y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con los casos de Fátima, Lucía, Norma y Susana.

“El problema de fondo en El Salvador, lo que sigue siendo estructural y lo que sigue mandando a las mujeres a una vida de violencia y criminalización, es que sigue existiendo una prohibición total del aborto. Entonces si este es el problema estructural de fondo lo que necesitamos es atacar también ese problema y eso esperamos poderlo hacer con la decisión de Beatriz”, recalca.

“Estamos esperando que el Comité de Derechos Humanos haga un estándar muy robusto, muy grande, muy protector frente al aborto, que reconozca que es un servicio de salud que no debe estar regulado a través de ningún tipo de código penal y que haga unas recomendaciones amplias frente a la necesidad de ir despenalizando el aborto en todos los códigos penales”, concluye.