La familia de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en Perú, busca justicia internacional

En 1997, Celia Ramos acudió a un puesto de salud en el poblado de La Legua, en Piura (Perú), en busca de atención odontológica y desde ese momento fue perseguida, presionada y forzada a practicarse una esterilización, tras la que falleció. Ahora, su familia busca justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Ha sido una lucha larga que no inició con nosotras, viene desde hace más de 20 años. Mi mamá tiene 26 años de fallecida. Esta lucha empezó con mi papá, quien hizo una denuncia en su momento, pero no lo escucharon. Después la continuó mi tío, quien no se quedó tranquilo con que no hubo justicia. Ahora nosotras estamos a cargo. Consideramos esto como parte de nuestro proceso de sanar también, de ir cerrando ciclos, pero cerrando con justicia, no con olvido y resignación, sino con hechos, que se reconozca la verdad y que por fin obtengamos esa reparación que buscamos y que merecemos por derecho", explica a Efeminista Marisela Monzón Ramos, una de las tres hijas de Celia.

Como Ramos, más de 200.000 mujeres fueron víctimas de esterilización forzosa bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva del régimen del expresidente Alberto Fujimori. La mayoría, personas quechuahablantes, pobres y campesinas.

Sin embargo, pese a que en 2003 el Estado de Perú ya admitió su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza, no ha cumplido con las reparaciones y los cambios legislativos a los que se comprometió, lo que ha derivado en impunidad para las otras víctimas, como la familia de Celia Ramos.

Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en Perú

Celia Ramos era una mujer joven, madre de tres hijas y "el pilar" de su familia y de su comunidad. "Ella era una mujer sana, no tenía ninguna enfermedad que la hiciera tener alguna incapacidad ni nada por el estilo. Definitivamente su partida dejó en todos un gran vacío. Nuestra familia se desequilibró, ya no había esa unión, esa armonía entre todos. Significó muchísimo para nosotros que ella ya no esté", afirma su hija Marisela.

Su hija menor, Marcia Monzón Ramos, solo tenía cinco años cuando Ramos falleció, pero la recuerda como una persona muy alegre, muy capaz y muy llena de vida. "Este hecho no solo lo lamentamos nosotros como familia sino podría incluso arriesgarme a decir que afectó todos sus conocidos, amigos, vecinos, personas que la recuerdan hasta ahora con mucho amor y mucho cariño", cuenta a Efeminista.

Ambas están convencidas de la violencia que sufrió su madre como parte de un acoso sistemático hacia las mujeres pobres, indígenas, de zonas rurales, y hacia hombres también, en esa época. A Ramos, el personal de salud le insistió en que la ligadura de trompas era una operación sencilla que le evitaría un embarazo riesgoso y le garantizaría acceso a programas sociales para sus hijas. Celia fue forzada a una esterilización en julio de 1997. Debido a esa intervención murió 19 días después.

"La violencia se dio a todo nivel. Hubo violencia desde la persecución que tuvo mi madre cuando era visitada frecuentemente por este personal de salud para insistir en que se haga la ligadura de trompas. Sufrió hostigamiento y falta de información, porque ella accedió finalmente porque le dieron una información falsa. Le dijeron que era algo muy sencillo, que era una operación que no demandaba de mucho tiempo y que iba a salir en ese momento a continuar con sus labores como todos los días, que se podría comparar como una extracción de muela", recuerda Marisela Monzón.

"Luego, cuando estaba a punto de ser operada, se negó. Hay testigos que indicaron que mi mamá ya no quería ser operada, que se asustó y vio que no eran las condiciones. Ella se negó, sin embargo, procedieron de todas maneras a hacer la operación. Hubo un grado alto de violencia contra ella", agrega.

El contexto de Perú en los años 90

María Isabel Sedano, abogada de la organización Demus, que es colitigante en el caso de Celia Ramos vs. Perú ante la Corte IDH, señala que las víctimas esperan que la Corte trate el caso por primera vez como un crimen de lesa humanidad.

"Quiero que recordemos que durante los 90 estábamos en conflicto armado interno. Y esta política de salud reproductiva y planificación familiar, entre comillas, no fue ejecutada en todo el territorio nacional. Fue un ataque a población civil, planificado a través del Ministerio de Salud y en el que además se usó a los militares. Entonces, ¿cómo una mujer campesina, indígena, andina o amazónica, quechuahablante, sin instrucción y pobre va a poner resistencia, va a denunciar lo que estaba pasando? Si era un clima militarizado en las zonas donde se vivió esto", menciona Sedano.

A esta situación, afirma, se une un "continuum de la violencia de género, patriarcal, colonial, racista y clasista". "Mucha gente hasta el día de hoy piensa que se les hizo un favor a estas mujeres, porque para qué una mujer pobre va a tener muchos hijos, por qué una mujer que no sabe leer y escribir va a tener muchos hijos, por qué una mujer quechuahablante, indígena, va a tener muchos hijos. En Perú aún hay gente que piensa que hay mujeres que sí pueden tener hijos y mujeres que no deben tener hijos", agrega.

La abogada de Demus también recuerda que hubo un grupo de médicos que denunciaron estas prácticas, pero que no les prestaron atención. "El día en que Celia fue se encontró con 15 mujeres más a la espera de una operación en una posta que no tenía ningún tipo de equipamiento ni recursos para poder atender. Hubo mujeres que sufrieron con medicamentos de anestesia que no servían para estas cosas, que les causaban paros cardiorrespiratorios y otros complicaciones".

Por todas esas mujeres que sufrieron antes y después de la muerte de Celia es que el caso pretende ser emblemático también en medidas de no repetición.

Justicia entre la Corte Interamericana

Lucía Hernández, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, que junto a Demus y la organización Cejil acompañan a la familia de Celia Ramos, afirma que este caso llega a la Corte tras el incumplimiento del Estado de un acuerdo de solución amistosa que firmó en el caso de María Mamérita Mestanza, a inicios de siglo.

"Fue un caso en el que, al igual que a Celia Ramos, ella fue víctima de coacción en su casa. El personal de salud la visitaba insistentemente para decirle, en ese momento ella tenía 33 años y siete hijos, que si se negaba a someterse a la ligadura de trompas podían multarla e incluso llevarla a prisión. Obviamente esas leyes no existían", afirma a Efeminista Hernández.

El caso llegó hasta la Comisión Interamericana y antes de pasar a la Corte, Perú decidió aceptar la responsabilidad por los hechos. "Este año cumplimos 20 años de esa firma y el balance es preocupante porque a pesar de que el Estado reconoce su responsabilidad internacional por esta política de esterilizaciones forzadas que puso en marcha y que se compromete a investigar a los responsables del diseño y la ejecución de esta política, lo cierto es que las medidas de carácter estructural todavía no se han puesto en marcha", relata la abogada.

Por ese incumplimiento en el caso de Mestanza es que las hijas de Celia Ramos decidieron seguir adelante con el proceso en la Corte y no aceptar un nuevo acuerdo con el Estado de Perú.

Lo que buscan con este nuevo caso, afirma Lucía Hernández, es que estos hechos no se vuelvan a repetir. "Necesitamos que el Estado peruano adopte medidas estructurales y concisas que permitan que a las mujeres en el ámbito médico, ya sea en el público en el privado, y a todas las personas, porque esto termina impactando en los derechos de todas las personas que habitamos en las Américas, se les respete su autonomía reproductiva y que haya condiciones y garantías para ejercer el consentimiento libre, previo e informado".

El objetivo del programa que se implementó en el Gobierno de Fujimori, a decir de la representante del Centro, lo que hizo fue privilegiar las esterilizaciones por encima de otros métodos anticonceptivos.

"La garantía del derecho al consentimiento informado no consiste en darles un papel, que firmen y decir que entonces consintieron el procedimiento, sino en que les hablen del abanico de posibilidades que tienen, que se les explique porqué se necesita ese tratamiento, cuál es el diagnóstico y que les expliquen de manera clara, sin tecnicismos, cuáles son los riesgos que implica determinado procedimiento, no como lo hicieron en el caso de Celia", añade.