"Fujimori es el máximo responsable de las esterilizaciones forzadas en Perú", dice el Fiscal

El fiscal Pablo Espinoza ha acusado al expresidente peruano Alberto Fujimori de ser "el máximo y principal responsable" de las muertes y lesiones graves ocurridas a causa de las esterilizaciones forzadas que se practicaron a mujeres bajo su mandato (1990-2000) como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

"En su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de antincepciones quirúrgicas", ha detallado Espinoza, durante una nueva sesión de la audiencia judicial.

El fiscal ha enfatizado que las esterilizaciones se practicaron sin considerar la normativa vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento de las pacientes a las que se sometió a la ligadura de trompas.

Eso "ha provocado lesiones graves a una gran cantidad de mujeres, muchas otras han muerto como consecuencia de haberse sometido a estas operaciones".

"Esto era conocido por Fujimori a través de informes que le presentaban mensualmente sus ministros de Salud, de denuncias de medios de comunicación e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, y pese a ello no detuvo su aplicación sino que se reformuló para eludir responsabilidades", ha agregado.

Congresista electo involucrado

Junto a Fujimori, que ya cumple una condena de veinticinco años de prisión por delitos de lesa humanidad por los asesinatos de veinticinco personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), también se ha acusado como autores mediatos (con dominio del hecho) sus exministros de Salud.

Entre ellos están Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori involucrado recientemente en el escándalo de las vacunaciones VIP secretas de Perú y congresista electo por el partido fujimorista Fuerza Popular (derecha autoritaria) en las elecciones del pasado diez de abril.

La acusación llega en el fragor de la segunda vuelta electoral, donde Keiko Fujimori, la hija y heredera política de Alberto, tienta por tercera vez consecutiva la Presidencia de Perú, donde esta vez tendrá como rival en la segunda vuelta al candidato de extrema izquierda Pedro Castillo.

"Keiko es parte del negacionismo fujimorista. No admite la responsabilidad de Alberto Fujimori y lleva nuevamente al Congreso a uno de los imputados", ha lamentado María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que defiende a varias víctimas de esterilizaciones.

"Nosotras esperamos que el juez califique el caso como crimen de lesa humanidad, no solo por las lesiones graves y las muertes, sino también por los delitos contra la libertad personal que violaron los derechos humanos reproductivos de miles de mujeres", ha agregado.

Caso de gran complejidad

La presentación de la acusación que puede derivar en la apertura de un juicio contra Fujimori y sus exministros continuará en la siguiente jornada con la presentación de más de cuarenta evidencias de la presunta culpabilidad de los acusados con los crímenes.

Según los datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud a cuántas se sometió a la operación sin el consentimiento informado.

Algo más de 8.000 personas, entre las que hay también hombres, están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.

Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.