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Fallos de registro impiden medir el acceso real al aborto por violación en Ecuador

Cinco años después de que Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación, los registros oficiales no permiten determinar cuántas mujeres han accedido efectivamente a este procedimiento, según un informe que advierte de datos incompletos y dificultades para seguir los casos desde la solicitud hasta su resolución.

"Es un registro que sigue siendo impreciso y que no recoge la totalidad del acceso que puede haber en el país", dice a Efeminista Liudmila Morales, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador y quien ha presentado el informe Interrupción voluntaria del embarazo por violación: ¿Cómo ha respondido el sistema de salud ecuatoriano?.

Las autoras utilizan datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Salud (MSP) para intentar reconstruir la respuesta institucional a la implementación del marco normativo y operativo del aborto por violación, aunque los registros están incompletos, pese a que la ley que regula el acceso al procedimiento, aprobada en 2022, y sus lineamientos (2023), establecieron obligaciones concretas sobre este tema.

Registro incompleto sobre casos de aborto por violación

El primer obstáculo con el que se encontraron -explica Morales- es que el país no ha registrado por separado en las altas hospitalarias los abortos por causales, ya que la categoría de 'aborto médico' agrupa las interrupciones del embarazo por violación y aquellas realizadas para evitar un peligro para la vida o la salud de la embarazada.

Los lineamientos determinan que estos casos tienen un código al que se le agrega otro relacionado con la violencia sexual, pero en 2022, dentro de los egresos hospitalarios por aborto médico del MSP no se encontró ningún caso registrado de esa manera.

En 2023 y 2024 se encontró uno en cada año, y en 2025, hasta septiembre, solo se habían registrado dos.

Por esta razón, las cifras de aborto médico se convierten en la única aproximación posible a las interrupciones por violación.

Las altas hospitalarias por aborto médico registrados por el INEC, que tiene datos del sector público y privado, alcanzaron su cifra más baja desde 2015 en 2022 (541), año en el que entró en vigencia la ley sobre casos de violación, y posteriormente fueron creciendo levemente hasta alcanzar los 616 en 2024.

Esa caída, según se detectó en el informe, se debió a que los datos de aborto médico del sector privado casi desaparecieron de los registros, al pasar de 331 a 49 casos.

"Posiblemente esos abortos médicos se siguen realizando en el sector privado, pero no se están registrando, entonces ya ahí hay un problema", señala Morales.

Desigualdades y barreras de acceso en Ecuador

Por su parte, el Ministerio de Salud registra también las solicitudes de aborto por violación, que evidencian un aumento, pero los datos no permiten establecer si un requerimiento fue resuelto y si se completó dentro de un establecimiento público, ya que también hay un alza en casos derivados, lo que, según el informe, implica que "las víctimas de violencia sexual debieron pasar al menos dos filtros de atención".

"Tú no tienes idea de si realmente lo que ha aumentado es la interrupción voluntaria del embarazo por violación o si son cifras de crecimiento de la otra causal, no sabes a qué responde el crecimiento. Y segundo y más importante, no sabes cuándo se está resolviendo cada caso y quiénes son las mujeres que efectivamente están accediendo", explica la académica.

Además, la información evidencia desigualdades territoriales, ya que el aborto médico se concentra en el ámbito urbano, y hay un crecimiento acelerado de la objeción de conciencia, especialmente la costa del país.

"Es un registro incompleto, en el que es difícil trazar realmente la ruta del registro administrativo entre una mujer que es violada, que queda embarazada y que accede a la interrupción voluntaria del embarazo en una institución de salud en tales tiempos o plazos y en tales condiciones", añade.

Morales señala que esta ausencia de datos impide realizar un diagnóstico claro sobre cómo están funcionando los plazos (12 semanas) y las rutas de atención, lo que a su vez provoca que las autoridades no puedan realizar cambios y ajustes, y construir políticas públicas basadas en evidencia.