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El caso de Celia Ramos, fallecida por esterilización forzada en Perú, llega a la Corte Interamericana

"Buscamos que se conozca la verdad. Nadie nos va a devolver a mamá, pero sí tiene que haber justicia y una reparación por parte del Estado", ha dicho este 22 de mayo Marisela Monzón Ramos a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que analizan el caso de su madre, Celia Ramos, una mujer de Perú que falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización que su familia denuncia que fue forzada durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori.

Ramos es una de las más de 200.000 mujeres rurales, indígenas, analfabetas y empobrecidas que fueron esterilizadas en Perú entre 1996 y 2000, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, la mayoría de manera forzada, según datos de organizaciones de derechos humanos, quienes siguen sin tener justicia en el país andino después de casi 30 años.

En 1997, Celia Ramos acudió a un puesto de salud en el poblado de La Legua, en Piura, en busca de atención médica y luego de eso fue "presionada" y "hostigada" en más de cinco ocasiones, según ha relatado su hija en la audiencia pública, por parte de personal médico que buscaba que se hiciera una ligadura de trompas para evitar que tuviese más hijos.

Según Monzón, le dijeron a su madre que la operación era muy sencilla, como una extracción de muela, y que después de la intervención iba a poder volver a su casa a seguir con una vida normal.

Pero eso no sucedió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevó este caso hasta la Corte, determinó que la mujer presentó complicaciones que no se pudieron atender en la posta médica que se había instalado en el poblado rural, por lo que falleció 19 días después.

"La Comisión determinó que el Estado no garantizó los requisitos y condiciones necesarias para que la señora Ramos pudiese prestar su consentimiento libre e informado debido a la falta de información clara sobre el procedimiento y sus consecuencias por parte del personal médico", ha dicho Stuardo Ralón, comisionado de la CIDH para Perú.

"También concluyó que la posta médica en la que se esterilizó a la señora Ramos no contaba con los medios necesarios para realizar de manera segura dicho acto médico, lo cual provocó que no se le pudiera atender adecuadamente y que falleciera", ha agregado, algo que los representantes del Estado han negado.

"Fue devastador perder a mi mamá"

Marisela Monzón Ramos ha contado a los jueces que fue duro para ella y para sus dos hermanas, que en ese entonces tenían menos de 10 años, conocer que su madre había sufrido una complicación médica que la tuvo en terapia intensiva durante 19 días.

"Esperamos día tras día con la esperanza… esos 19 días fueron durísimos. Ella falleció sin que podamos tener una información completa sobre cuáles eran los motivos", ha señalado.

"Mi familia entera se desmoronó, se desestabilizó. Fue una afectación muy grande para nosotros", ha mencionado, y ha afirmado que no han obtenido "ningún tipo de respuesta" del avance del último proceso judicial que se abrió en Perú para investigar este y otros casos.

Monzón ha dicho que perder a su madre fue "devastador", no solo para la familia sino también para la comunidad, ya que ella era una mujer que siempre apoyaba en todo lo que se necesitaba y la querían mucho.

"La hemos necesitado en cada instante de nuestras vidas, se le negó la oportunidad de poder realizar los sueños, los planes, los proyectos que ella tenía con nosotras", ha mencionado.

Y ha reiterado que su familia sigue en pie de lucha en la búsqueda de justicia. "Nosotros buscamos que se conozca la verdad, que se conozca el caso de Celia Ramos, buscamos que se haga justicia y que el Estado se haga responsable y que repare", ha añadido.

Marisela Monzón Ramos durante la audiencia ante la Corte IDH. Foto: Laura García, Trineo.

La esterilización forzada de mujeres en Perú

Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que representa legalmente a la familia de Ramos, ha señalado a Efeminista que lo que buscan es que se reconozca que este caso "no es aislado".

"Es un caso que representa emblemáticamente las violaciones masivas que se cometieron contra mujeres por este programa de planificación familiar, que tenía un objeto muy claro, que era esterilizar a mujeres que vivían en condiciones de vulnerabilidad, como indígenas, rurales y mujeres que vivían en zonas empobrecidas de Perú", ha explicado.

Además, buscan que se reconozca que lo que vivió Ramos fue violencia reproductiva, "una dimensión de la violencia de género que vivimos las mujeres y las personas con capacidades de gestar", ha dicho Martínez, y que va en contra de la autonomía reproductiva, es decir, la capacidad que tienen las mujeres "de tomar decisiones sobre la reproducción".

También esperan que se reconozca que "como esto se trató de una política de Estado que se implementó de forma sistemática, estructural, de manera masiva y en donde había una intención clara de esterilizar a mujeres de cierto tipo, que todas estas condiciones clasifican como un crimen de lesa humanidad", ha agregado.

"Clasificarlo como un crimen de lesa humanidad nos abre la posibilidad a que se puedan reabrir investigaciones contra los responsables en Perú. Si bien sabemos que (Alberto) Fujimori falleció los ministros de salud responsables al momento de los hechos todavía podrían ser perseguidos", ha mencionado.

Y que se implementen medidas en el país para que casos como estos no se vuelvan a repetir, como emitir una política pública de derechos sexuales y reproductivos.

Martínez ha asegurado que la decisión sobre este caso podría marcar un precedente en la región, ya que abrirá la posibilidad de ampliar la conversación sobre la agenda de autonomía reproductiva y las protecciones que debe haber hacia ese derecho.

Desde el Centro de Derechos Reproductivos esperan que haya una resolución sobre este caso en los próximos seis meses.