Estados Unidos responde ante la Comisión Interamericana por la restricción del aborto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe este 8 de noviembre varios testimonios personales y análisis legales sobre los efectos que ha tenido en las mujeres la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en 2022 anuló la sentencia Roe versus Wade sobre el aborto, en su fallo en el caso Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization.

El acto es de gran relevancia pues es la primera vez que la CIDH aborda en una audiencia pública temas relacionados con el derecho al aborto en Estados Unidos, incluyendo las crecientes limitaciones para acceder al servicio, los impactos negativos en la vida y la salud de millones de mujeres, y el aumento en las restricciones a nivel estatal.

“Esta es una oportunidad clave para nosotros porque nos permite hablar con la Comisión y hacerle saber sobre el daño que la decisión de Dobbs y todas las leyes estatales que han seguido están creando para las comunidades en los Estados Unidos”, explica a Efeminista Karla Torres, asesora senior de Derechos Humanos en el Centro de Derechos Reproductivos.

Desde que el Tribunal Supremo emitió su fallo, en junio de 2022, 14 estados en el país han prohibido el aborto y en muchos otros hay riesgos de que se aprueben leyes similares a las de estados como Texas.

Este 7 de noviembre, de hecho, estados como Virginia, Ohio, Pensilvania o Kentucky han celebrado diversos procesos electorales con el tema del aborto directamente en la papeleta o con elecciones de senadores o legisladores que podrían traer normas más restrictivas, si gana el Partido Republicano, o proteger el derecho de las mujeres a nivel estatal, si gana el Demócrata.

Según datos del Centro, la sentencia del Tribunal Supremo influye en la vida y la salud de 36 millones de mujeres en edad reproductiva.

Estados Unidos ante la CIDH por la restricción al aborto

La audiencia la solicitaron 14 organizaciones defensoras de derechos humanos, salud reproductiva, justicia y derechos de personas con discapacidad con el objetivo de que los comisionados tengan información actualizada sobre el empeoramiento del panorama legal del acceso al aborto en los Estados Unidos y que conozcan el impacto que la decisión ha tenido en los proveedores de salud que viven en estados en donde se han aprobado leyes restrictivas.

También para que sepan los efectos perjudiciales sobre las embarazadas que ha traído el caso Dobbs, las prohibiciones y restricciones del aborto y situar a Estados Unidos como un caso atípico en la tendencia mundial, que es la de liberalizar las leyes sobre el aborto, en contravención de sus obligaciones internacionales en materia a los derechos humanos.

“Para ayudarle a la Comisión a comprender mejor la situación actual en los Estados Unidos la audiencia va a incluir un testimonio de primera mano de partes interesadas, incluyendo a Kiersten Hogan, cuya salud y derechos reproductivos fueron violados. Ella es una demandante en nuestro caso en Texas”, señala Torres.

Uno de los efectos más notorios de la decisión del Supremo, explica, “es la desolación y el caos extremo que ha marcado estos últimos 16 meses, porque la prohibición del aborto no puso fin a la necesidad de atención médica. Es más, una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos accede a servicios de aborto en algún momento en su vida”.

“En esos 14 estados en el país donde está prohibido las personas gestantes que buscan servicios de aborto tienen que viajar fuera de su estado o enfrentar un embarazo forzado, incluso cuando su salud o su vida está en riesgo. Cabe también subrayar que a las que no pueden viajar fuera de su estado la prohibición les impacta de manera desproporcional. Y aquí hablo especialmente de las personas negras, indígenas y de otros grupos raciales; a la comunidad LGBTQ, a personas con discapacidades, personas que viven en áreas rurales, jóvenes y personas indocumentadas”, menciona Torres.

La especialista señala que esta situación obliga a las mujeres a continuar sus embarazos “en medio de una crisis de salud materna en el país”.

Precedentes en las Américas

La asesora del Centro de Derechos Reproductivos señala que las organizaciones esperan que la Comisión Interamericana evalúe la situación de Estados Unidos después de la decisión del Supremo y haga recomendaciones al Estado para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Recomendaciones que, si bien son para el país norteamericano, también marcarían un precedente en América Latina. “Las organizaciones civiles estamos intentando que se creen más estándares de derechos humanos y específicamente de derechos reproductivos en estos foros con la Comisión, para que se vayan ampliando las protecciones, entonces el impacto sería regional”.

Entre las recomendaciones que podría dar la Comisión dentro de esta misma audiencia, explica Torres, está el que se implementen leyes federales que protejan el derecho al aborto y que impidan que quienes prestan el servicio sean judicializados. Actualmente, recuerda, hay una ley en el Congreso federal que impulsa esta protección.