"Yo vivía con miedo, con trauma, pensaba que me iban a encontrar de nuevo o que iba a vivir la misma situación", recuerda en una entrevista con Efeminista Michelle, quien durante mucho tiempo tampoco imaginó que podría dejar atrás la prostitución y conseguir un empleo estable: "Yo antes no veía que esto podía pasarme".
Ha decidido compartir su historia porque siempre le ha gustado "ayudar y ser voz de aliento de muchas personas" y quiere que su experiencia sirva para mostrar que, con los apoyos y recursos necesarios, es posible salir de la explotación y reconstruir un nuevo proyecto de vida.
España sigue sin contar con una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Tras varios intentos de aprobarla, el último anteproyecto, impulsado en 2024, ha quedado paralizado por la convocatoria de elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre. Ante esta situación, una treintena de organizaciones sociales reclama a los partidos políticos que retomen la norma en la próxima legislatura y garanticen, además de la protección de las víctimas, los recursos económicos, sociales y laborales necesarios para que puedan reconstruir sus vidas
De una oferta de trabajo a una red de explotación
La historia de Michelle comenzó con una supuesta oferta de trabajo. Había llegado a España desde Colombia y, después de trabajar durante un tiempo en una gasolinera, una persona a la que consideraba "un amigo" le propuso otro empleo. Aceptó, pero las condiciones que encontró al llegar no tenían nada que ver con lo que le habían prometido.
"A mí me pintaron una cosa. Cuando llegué, no me dejaban salir, tenía solo creo que media hora para salir, el dinero lo manejaban todos ellos, me lo daban cada quince días", recuerda.
Se encontró sometida a una situación de explotación sexual en una vivienda que compartía con otras seis personas. No podían salir libremente ni decidir sobre sus horarios. Tenían que levantarse a las ocho y media de la mañana y estar preparadas una hora después para recibir a los puteros, hasta las diez y media de la noche. Si no cumplían las normas impuestas, podían recibir multas o castigos. Quienes controlaban el negocio se quedaban, además, con la mitad del dinero que generaban.
El control no se limitaba a sus movimientos o sus ingresos. Michelle explica que quienes la explotaban también recurrían a la manipulación psicológica, alternando regalos y promesas de prosperidad con amenazas sobre lo que le ocurriría si decidía marcharse. Otras veces le advertían de que, si abandonaba aquel lugar, no encontraría otro empleo y acabaría en la calle.
De esta forma, trataban de minar su confianza en la posibilidad de ganarse la vida fuera de la prostitución y reforzaban su dependencia económica. La amenaza de quedarse sin trabajo y sin un lugar al que ir se convirtió en otra forma de retenerla, aunque no siempre la identificara como tal.
Permaneció allí seis meses. No porque aceptara las condiciones, sino porque el miedo, las amenazas y la falta de alternativas dificultaban su salida.
Casi 2.000 víctimas de trata liberadas en España en 2025
En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en 2025 a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, un 4 % más que el año anterior, entre ellas 28 menores de edad, según los últimos datos del Ministerio del Interior.
Se trata de cifras que reflejan únicamente los casos detectados en las actuaciones policiales. Las organizaciones especializadas advierten de que muchas situaciones permanecen fuera de los registros oficiales, especialmente cuando las víctimas desconocen sus derechos, tienen miedo a denunciar o no disponen de una red de apoyo. Según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar.
A esta dificultad se suma el desplazamiento de las redes de explotación sexual hacia pisos y viviendas particulares, una tendencia de la que lleva años alertando la Fiscalía General del Estado. Estos espacios, menos visibles que los clubes, dificultan la detección de las víctimas y las investigaciones policiales, al tiempo que favorecen su aislamiento y el control por parte de los explotadores.
En 2025, Médicos del Mundo atendió a más de 12.000 personas en contextos de prostitución y explotación sexual en 16 comunidades autónomas, de las que aproximadamente el 98 % eran mujeres, según explica la vocal de Igualdad y Violencias de Género de Médicos del Mundo España, Celia López. Cerca del 40 % de las personas atendidas procedían de Venezuela, Colombia, República Dominicana y Rumanía.
La organización, que trabaja desde hace más de tres décadas con mujeres en contextos de prostitución, realiza parte de su intervención mediante unidades móviles que se desplazan a calles, pisos y clubes. Allí establece los primeros contactos, ofrece información y atención sanitaria y detecta posibles indicios de trata o explotación.
"Me fui con mucho miedo"
López explica que muchas de las mujeres con las que trabajan se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad por su precariedad económica, su situación administrativa, la falta de documentación o de redes familiares y sociales. A ello se añaden, en algunos casos, experiencias previas de violencia machista y dificultades de acceso a la vivienda o al empleo.
En el caso de Michelle, las restricciones a su libertad hicieron que poco a poco empezara a buscar una salida. Durante meses trató de ganarse la confianza de las personas que controlaban la vivienda, hasta conseguir que le permitieran asumir algunas responsabilidades y moverse con algo más de libertad.
"Todos los días trataba de maquinar una solución", cuenta.
Finalmente, aprovechó que el responsable había salido y que las demás personas estaban ocupadas para recoger sus pertenencias, marcharse y reservar un vuelo para volver a Colombia.
"Me fui con mucho miedo. Yo pensaba: "Ahora estoy en el aeropuerto, vienen, me cogen, me hacen algo"", recuerda.
Consiguió salir del país y romper el contacto con quienes la habían explotado. Sin embargo, aunque había abandonado la red, el miedo no desapareció y durante mucho tiempo temió volver a encontrarse con aquellas personas o vivir una situación semejante.
Cuando regresó a España volvió a ejercer la prostitución, esta vez de manera independiente. Había conseguido escapar de la trata, pero todavía necesitaba encontrar una alternativa laboral que le permitiera dejar atrás esa actividad. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda.
El empleo y la independencia económica para empezar de nuevo
Michelle comenzó a recibir apoyo psicológico en Médicos del Mundo para afrontar las consecuencias de lo vivido. "Yo vivía con miedo, con trauma", explica. Con el acompañamiento de una psicóloga empezó también a plantearse otras posibilidades profesionales.
"Me fueron ayudando a darme cuenta de que yo valía para más", recuerda la joven que tenía claro que quería estudiar y encontrar otro trabajo, aunque todavía no sabía en qué sector.
Primero realizó un curso de gerocultora, para trabajar en el cuidado de personas mayores. Después encontró una formación en cocina, que terminó en febrero de 2026 y que le ha permitido acceder a un empleo en un restaurante de Santander.
El acompañamiento consistió también en orientarla hacia recursos formativos y ayudarla a encontrar opciones que encajaran con sus intereses.
Conseguir un contrato estable fue uno de los momentos más importantes de ese proceso. Michelle recuerda que, hasta entonces, no imaginaba que podría llegar a tener esa estabilidad laboral.
La profesional de Médicos del Mundo Celia López explica que la falta de ingresos, de vivienda o de documentación para trabajar puede dificultar que las supervivientes encuentren alternativas y aumentar el riesgo de volver a situaciones de explotación.
"Primero tienes que darle ese apoyo para recuperar su salud física y su salud emocional. Luego darles apoyos jurídicamente, psicológicamente y después formaciones y orientación laboral", explica.
Las necesidades varían según las circunstancias de cada mujer, cuenta, pero entre las más habituales se encuentran la atención psicológica, el acceso a la salud sexual y reproductiva, el alojamiento, el asesoramiento jurídico y la formación. En los casos de mujeres migrantes, también pueden surgir dificultades para regularizar su situación administrativa o acreditar estudios y titulaciones obtenidos en sus países de origen.
En 2025, según los datos facilitados por Médicos del Mundo, unas 750 mujeres con las que trabajaba consiguieron acceder a un empleo u otras alternativas que les permitieron salir del contexto de prostitución.
El estigma de ser trans
En ese camino hacia la independencia económica, Michelle también tuvo que enfrentarse a la discriminación por su identidad de género. Recuerda una ocasión en la que solicitó un empleo para el que tenía formación y recibió una respuesta que todavía hoy le indigna, le dijeron: "Eres muy buena, pero eres una chica trans y esto está mal visto para nuestra empresa".
Asegura que todavía persisten numerosos prejuicios que vinculan a las mujeres trans con la prostitución y limitan sus oportunidades de acceder a otros sectores profesionales.
"Nosotras las personas trans somos personas, podemos ser médicas, podemos ser abogadas, podemos ser chefs, podemos hacer lo que queramos", reivindica.
El estigma es también una de las dificultades que señalan las organizaciones que trabajan con supervivientes de explotación sexual. En el caso de las mujeres trans migrantes, las barreras pueden agravarse cuando se suman situaciones de irregularidad administrativa, racismo o precariedad económica.
López explica que estas circunstancias pueden condicionar no solo el acceso al mercado laboral, sino también a determinados servicios sanitarios y recursos sociales.
Le ley integral de trata es "una urgencia vital"
Pese a los avances de mujeres como Michelle, las organizaciones especializadas denuncian que el acceso a los recursos de protección y recuperación sigue siendo desigual en España.
La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), integrada por cerca de 30 entidades, entre ellas Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Cruz Roja y APRAMP, ha reclamado que la futura ley integral contra la trata y la explotación sea una prioridad política durante la próxima legislatura.
El anteproyecto fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en marzo de 2024. La propuesta planteaba un enfoque que iba más allá de la persecución penal del delito para incorporar medidas de prevención, detección, asistencia y protección, así como el reconocimiento de derechos sin necesidad de interponer una denuncia y un régimen de ayudas económicas. Sin embargo, el texto no llegó al Parlamento y la convocatoria electoral ha vuelto a paralizar su recorrido.
"Para nosotros es una urgencia vital", afirma desde Médics del Mundo, Celia López, que considera que la norma debe garantizar que todas las víctimas y supervivientes puedan acceder a los recursos necesarios para su protección, atención integral y reparación, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.
"El objetivo no solo es que estén protegidas, sino que dispongan de todos los recursos y apoyos necesarios para que puedan recuperar su autonomía y construir su proyecto de vida", explica.
La reclamación llega, además, después de que España haya incumplido el plazo del 15 de julio de 2026 para transponer la Directiva europea 2024/1712, que refuerza el marco comunitario de prevención de la trata y protección de las víctimas.
El pasado 25 de septiembre, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España y otros Estados miembros por no haber incorporado completamente esa reforma a sus legislaciones nacionales.
La RECTP reclama que la futura norma contemple todas las formas de trata y explotación, incorpore las perspectivas de género, infancia, discapacidad y derechos humanos, refuerce el papel de las entidades especializadas y cuente con financiación suficiente para garantizar su aplicación.
Derechos diferentes según la comunidad autónoma
Una de las principales dificultades que denuncian las entidades es la desigualdad territorial en el reconocimiento y la protección de las supervivientes de trata y explotación sexual.
Desde Médico del Mundo explican que las diferencias comienzan en la propia legislación autonómica sobre violencia de género. Mientras que Navarra reconoce dentro de su marco de protección a las mujeres que han sufrido trata y explotación sexual e incluye determinadas situaciones de prostitución, otras comunidades establecen distinciones que limitan el acceso a los recursos.
En Galicia, por ejemplo, la normativa contempla la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, pero no todas las situaciones de prostitución. Y hay otras, como Madrid, que no entran ninguna.
Estas diferencias pueden traducirse en un acceso desigual a prestaciones económicas, alojamiento, asistencia especializada y otros recursos destinados a mujeres que han sufrido violencia machista.
Dificultades para acreditar a las víctimas
A ello se añaden las dificultades del sistema de acreditación administrativa aprobado en julio de 2022 por la Conferencia Sectorial de Igualdad. Este procedimiento permite acreditar situaciones de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual para acceder a determinadas medidas de protección, sin que sea imprescindible una identificación policial previa.
Sin embargo, su aplicación depende de las comunidades autónomas, que deben determinar qué entidades pueden elaborar los informes y qué organismos públicos son competentes para conceder las acreditaciones.
"En Madrid ninguna entidad social puede realizar esos informes de acreditación", denuncia Celia López, que asegura que Médicos del Mundo no ha podido tramitar ninguna solicitud mediante ese procedimiento en esta comunidad.
En otros territorios, las entidades especializadas sí pueden elaborar informes a partir de la detección de indicios de trata o explotación y acompañar a las mujeres en su presentación ante el organismo público competente, que es quien finalmente concede la acreditación.
El segundo problema, explica, es que se trata de acreditaciones vinculadas a una finalidad concreta. Una mujer puede necesitar un informe para acceder a un recurso habitacional y si posteriormente solicita, por ejemplo, una prestación económica, tiene que iniciar otro procedimiento.
Para las organizaciones, esta fragmentación administrativa dificulta el acceso efectivo a los derechos, especialmente en situaciones en las que las mujeres necesitan respuestas rápidas para disponer de un alojamiento seguro o de ingresos suficientes. Por ello, reclaman un sistema de acreditación homogéneo que no obligue a las supervivientes a repetir los procedimientos cada vez que necesitan una nueva ayuda.
Entre sus demandas también figuran el refuerzo de la educación sexual basada en la igualdad y las campañas de prevención dirigidas especialmente a los hombres jóvenes para reducir la demanda de prostitución.
